La Corte empieza a sentir en la calle el costo político de sus decisiones

La intervención del máximo tribunal sobre la derogación de la Ley de Tierras sacó una discusión jurídica de los expedientes y la llevó al terreno de la protesta pública.

El escrache durante los Premios Quorum en la Facultad de Derecho de la UBA mostró que jueces y fiscales empiezan a encontrarse cara a cara con un cuestionamiento social que ya no queda encerrado en tribunales, editoriales o redes sociales.

🔥 Tensión en la Facultad de Derecho de la UBA: estudiantes repudiaron a los jueces de la Corte Suprema durante la entrega de los premios Quorum.

📄 Papelitos contra la Ley de Tierras y reclamos por la libertad de Cristina irrumpieron en un acto que tenía entre sus invitados a Horacio Rosatti, Diego Luciani y Julián Ercolini.

— Data Diario (@DataDiario) October 6, 2026

Durante mucho tiempo, una parte considerable del Poder Judicial argentino consiguió administrar sus decisiones dentro de un espacio relativamente cerrado, atravesado por expedientes, acordadas, recursos, doctrinas y discusiones técnicas que rara vez llegaban de manera directa hasta quienes las firmaban. Esa distancia comenzó a modificarse, y la protesta registrada durante la entrega de los Premios Quorum en la Facultad de Derecho de la UBA constituye una señal que merece ser observada con atención porque muestra que determinadas decisiones judiciales, sobre todo cuando afectan cuestiones de fuerte sensibilidad política, económica o institucional, empiezan a regresar hacia sus autores en forma de cuestionamiento público.

El martes, mientras jueces, fiscales, funcionarios, académicos y empresarios participaban de una ceremonia concebida para reconocer trayectorias dentro del sistema judicial, estudiantes irrumpieron desde las tribunas con cánticos, silbidos, volantes y consignas contra la Corte, contra distintos funcionarios judiciales y en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, al mismo tiempo que el reclamo por la Ley de Tierras ocupaba un lugar central dentro de la protesta. La ceremonia continuó y contó incluso con la presencia del ministro Ricardo Lorenzetti, mientras Horacio Rosatti, que había sido mencionado entre las figuras convocadas, no apareció luego en la nómina oficial de asistentes difundida por los organizadores.

Lo importante, sin embargo, no es detenerse únicamente en quién estuvo y quién faltó, sino en un dato más profundo: el cuestionamiento comenzó a seguir a los integrantes del Poder Judicial hasta ámbitos institucionales y académicos donde, durante mucho tiempo, podían moverse con una exposición pública mucho menor que la que habitualmente soportaban dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios o funcionarios del Ejecutivo.

La Ley de Tierras sacó a la Corte del refugio técnico

La protesta tuvo un antecedente inmediato en la intervención de la Corte Suprema sobre el artículo del DNU 70/2023 que derogó las restricciones de la Ley de Tierras Rurales. Conviene ser rigurosos en este punto, porque el Tribunal no resolvió definitivamente que aquella derogación fuera constitucional, sino que se pronunció sobre una cuestión procesal vinculada con la falta de legitimación de quien había promovido la acción. Sin embargo, el efecto concreto de esa decisión fue dejar sin el obstáculo judicial que impedía la aplicación de la derogación, razón por la cual amplios sectores políticos y sociales interpretaron la resolución como favorable al Gobierno y a una mayor apertura para la adquisición de tierras por capitales extranjeros.

Esa diferencia entre fundamento jurídico y efecto político es precisamente la que explica buena parte del conflicto. Una Corte puede sostener que resolvió un problema de legitimación procesal y no el fondo constitucional de la cuestión, pero la sociedad también observa las consecuencias materiales de ese pronunciamiento, y cuando esas consecuencias afectan asuntos tan sensibles como la propiedad de la tierra, los recursos estratégicos o el control territorial, la discusión deja inevitablemente de pertenecer solamente a especialistas.

Es allí donde la toga deja de funcionar como barrera frente al escrutinio público.

De los expedientes a la tribuna

La escena de la Facultad de Derecho resultó especialmente simbólica porque ocurrió en uno de los espacios donde se forman quienes después integrarán tribunales, fiscalías, estudios jurídicos y organismos estatales. No fueron manifestantes protestando a varias cuadras de Tribunales ni una campaña exclusivamente desarrollada en redes sociales, sino estudiantes de Derecho cuestionando decisiones judiciales mientras parte de la estructura judicial se encontraba reunida para premiarse y reconocerse a sí misma.

La contradicción fue inevitable. Mientras abajo se desarrollaba una ceremonia destinada a destacar trayectorias, instituciones y desempeños dentro del sistema judicial, desde las tribunas se planteaban preguntas acerca de ese mismo sistema, de sus decisiones y de sus vínculos con conflictos políticos que atraviesan a buena parte de la sociedad. La protesta no impidió la gala ni desbordó institucionalmente el acto, pero introdujo dentro de la ceremonia una discusión que la propia ceremonia probablemente no había previsto.

El poder observado

Durante demasiado tiempo, el ciudadano fue observado por el Estado mientras los niveles superiores de decisión permanecían relativamente protegidos por la distancia institucional. Se observaba al manifestante, al policía, al imputado, al trabajador, al dirigente sindical o al vecino, mientras las decisiones que condicionaban esas conductas ascendían por cadenas administrativas y políticas que rara vez quedaban expuestas con la misma intensidad.

El Poder Judicial también forma parte de ese problema.

La independencia judicial constituye una garantía esencial y significa que jueces y tribunales deben decidir sin subordinación al Ejecutivo, a partidos políticos, grupos económicos ni presiones circunstanciales. Pero independencia no significa inmunidad frente a la crítica, ni convierte a una sentencia en un acto ajeno a la deliberación pública. Un juez puede decidir con plena autonomía y, al mismo tiempo, quedar sometido al escrutinio social respecto de las consecuencias de aquello que resolvió.

La cuestión decisiva consiste en distinguir crítica, protesta y control ciudadano de amenazas, hostigamiento o violencia. Mientras esa frontera se preserve, que un magistrado tenga que escuchar lo que una parte de la sociedad piensa de sus decisiones no necesariamente debilita a la República; puede significar exactamente lo contrario, porque expresa que ningún poder debería acostumbrarse a actuar sin ser observado.

Una presión que salió de los márgenes

Sería exagerado afirmar que una protesta estudiantil demuestra la existencia de una movilización mayoritaria contra la Corte, porque no hay elementos suficientes para sostener una conclusión de ese alcance. Pero también sería equivocado reducir lo ocurrido a una anécdota universitaria sin mayor trascendencia, especialmente cuando la discusión sobre la Ley de Tierras se conecta con otros conflictos institucionales y políticos que continúan abiertos.

Lo que empieza a percibirse es una dinámica en la cual determinadas decisiones de los tribunales superiores dejan de ser leídas exclusivamente como actos técnicos y pasan a formar parte de una conversación pública mucho más intensa. Esa presión puede crecer, disminuir o cambiar de forma según evolucione la coyuntura, pero la tendencia observable es que los integrantes de la Corte y otros magistrados empiezan a encontrarse con un nivel de exposición social que durante años fue mucho menor.

No se trata de convertir esa observación en una predicción lineal, sino de advertir que las condiciones que alimentan el cuestionamiento continúan presentes y que, cuando una decisión judicial incide sobre temas vinculados con tierra, recursos estratégicos, derechos sociales o figuras políticas de enorme centralidad, la distancia entre tribunal y sociedad tiende a reducirse.

El viejo poder silencioso empieza a recibir respuestas

Durante décadas, la política aprendió que toda decisión importante podía tener un costo en la calle. Los gobiernos reciben movilizaciones, los legisladores son interpelados, los sindicalistas son cuestionados, los empresarios deben responder públicamente y los periodistas conviven con críticas constantes. El Poder Judicial, en cambio, conservó durante mucho tiempo una capacidad particular para presentar sus decisiones como productos exclusivamente técnicos, como si detrás de cada fallo no existieran interpretaciones constitucionales, opciones doctrinarias y consecuencias materiales que afectan de manera concreta a personas, sectores económicos y territorios.

Eso empieza a cambiar.

No porque los jueces deban resolver según el humor social ni porque una protesta pueda reemplazar a los procedimientos legales, sino porque la independencia judicial no transforma al Poder Judicial en una institución separada de la sociedad. Los magistrados deciden de manera independiente, pero la ciudadanía conserva intacto su derecho a discutir políticamente los efectos de esas decisiones.

La Corte también entra en la asamblea

En una democracia real, ningún poder debería permanecer fuera de la conversación colectiva. Ejecutivo, Legislativo, Justicia, medios, fuerzas de seguridad, corporaciones económicas y organizaciones sociales forman parte de un espacio común donde las decisiones producen consecuencias y esas consecuencias generan respuestas.

La asamblea no significa subordinación de los jueces a la multitud, sino reconocimiento de que también ellos forman parte de una comunidad política donde sus actos pueden ser discutidos. Una sentencia puede ser jurídicamente válida y, al mismo tiempo, políticamente impugnada; puede estar técnicamente fundada y generar rechazo social; incluso puede ser correcta desde el punto de vista jurídico y convivir durante años con sectores que la consideran injusta.

Ese es uno de los costos inevitables de ejercer poder en una democracia.

El escrache como síntoma de una relación que está cambiando

Por eso la escena de Derecho debería ser leída con prudencia, pero también sin minimizarla. No demuestra que la sociedad argentina haya condenado a la Corte, ni prueba que exista una mayoría organizada contra sus ministros, ni habilita a justificar hostigamientos personales o violencia contra magistrados. Pero sí demuestra que el máximo tribunal ha comenzado a ingresar en un espacio de exposición pública del que durante mucho tiempo logró mantenerse relativamente distante.

La intervención sobre la Ley de Tierras funcionó como detonante inmediato, mientras la situación de Cristina Kirchner, las críticas a Diego Luciani y Julián Ercolini y otros conflictos judiciales agregaron combustible a una protesta que terminó confluyendo en el mismo escenario. Lo importante no es saber si exactamente la misma escena volverá a repetirse, sino comprender que el mecanismo ya quedó expuesto: decisiones tomadas en la cima del sistema judicial pueden regresar desde abajo en forma de crítica, interpelación, movilización y escrutinio.

Durante demasiado tiempo observamos al ciudadano frente al poder y medimos su conducta, sus errores y sus responsabilidades. Tal vez lo que empieza a modificarse sea justamente esa dirección de la mirada, porque ahora una parte de la sociedad comienza a recordar que el poder también puede ser observado y que ningún cargo, toga o despacho debería quedar definitivamente afuera de esa conversación.