APROPOLER sostiene que la escala salarial policial se alejó de las proporciones previstas por ley y advierte que la distorsión también perjudica a retirados y pensionados.
Desde APROPOLER cuestionan que la estructura salarial vigente se haya alejado de las relaciones jerárquicas previstas para la Policía de Entre Ríos y advierten que la distorsión también impacta sobre los retirados, alcanzados por el sistema del 82% móvil. Alfredo Fabián Basin sostiene que un Suboficial Mayor debería percibir alrededor de $3 millones de bolsillo si se respetara integralmente la lógica salarial establecida para la carrera.
Desde la Asociación Profesional Policial de Entre Ríos (APROPOLER) volvieron a cuestionar la situación salarial de los integrantes de la Policía provincial y plantearon una contradicción que consideran central: mientras determinadas disposiciones legales son aplicadas rigurosamente cuando se trata de obligaciones o responsabilidades del personal, las normas que deberían preservar la estructura salarial de la carrera no tendrían, según denuncian, el mismo grado de cumplimiento.
El planteo fue formulado por Alfredo Fabián Basin, quien puso como ejemplo la situación de un Suboficial Mayor en actividad, es decir, uno de los grados máximos dentro de la estructura del personal subalterno y al que normalmente se llega después de acumular décadas de servicio, antigüedad y experiencia profesional.
Según el análisis difundido por APROPOLER, teniendo en cuenta antigüedad, suplementos y la relación histórica entre las distintas jerarquías, el ingreso de bolsillo correspondiente a un Suboficial Mayor debería ubicarse aproximadamente en torno a los 3 millones de pesos, una cifra que —sostienen— se encuentra considerablemente por encima de los haberes actualmente percibidos.
Una estructura salarial que no debería ser arbitraria
El planteo remite a la Ley Provincial Nº 5654/75, que regula distintos aspectos de la carrera policial entrerriana y constituye todavía una referencia normativa central para la organización institucional de la fuerza. El propio Gobierno provincial continúa reconociendo esa ley como parte de la legislación que regula el funcionamiento de la Policía de Entre Ríos.
El argumento de APROPOLER parte de que la estructura históricamente establecida mediante valores relativos entre grados tenía por finalidad preservar diferencias salariales asociadas con la jerarquía, antigüedad, responsabilidad y trayectoria dentro de la carrera.
Según la interpretación planteada por Basin, el esquema histórico otorgaba 20 puntos al grado de Agente y 120 al de Comisario General, lo que establecía una relación de seis a uno entre ambos extremos de la escala básica. El cuestionamiento sindical es que sucesivos adicionales, sumas fijas y componentes no vinculados directamente con el básico habrían ido deformando progresivamente esa relación.
El problema, por lo tanto, no se reduciría a discutir si hubo o no aumentos salariales, sino a establecer cómo se distribuyeron esos incrementos dentro de la pirámide policial y cuánto queda actualmente de la estructura prevista para la carrera.
El propio Gobierno fijó un piso de $1.302.000
Hay un dato oficial que sirve como referencia para la discusión. En febrero de 2026, el Gobierno de Entre Ríos anunció una mejora salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario y precisó que, con la actualización implementada, un agente policial con un año de antigüedad pasaría a percibir $1.302.000. La medida incluyó además una suma no remunerativa y no bonificable de entre $200.000 y $350.000 para el personal en actividad, según la escala correspondiente.
Ese mecanismo es precisamente uno de los puntos que merece analizarse cuando se discute la carrera salarial.
Las sumas fijas pueden mejorar de manera inmediata el ingreso de los escalones inferiores, algo necesario frente al deterioro del poder adquisitivo, pero cuando una parte creciente del salario queda conformada por conceptos que no reproducen proporcionalmente las diferencias jerárquicas, la estructura tradicional de la carrera comienza a comprimirse.
Así puede producirse una paradoja: aumentan nominalmente los salarios, pero disminuye la distancia relativa entre quien recién ingresa y quien llegó al final de su carrera después de treinta años de servicio.
La discusión también alcanza a los retirados
La cuestión tiene además una consecuencia previsional directa.
Entre Ríos mantiene un sistema provincial basado en el 82% móvil, cuya continuidad ha sido defendida públicamente por el propio Gobierno provincial. En distintas oportunidades, la administración de Rogelio Frigerio sostuvo que uno de sus objetivos centrales era preservar ese régimen y mantener la Caja de Jubilaciones bajo jurisdicción provincial.
Esto significa que la composición del salario del personal activo no es una cuestión exclusivamente administrativa, porque termina proyectándose sobre quienes ya pasaron a retiro.
Si determinadas mejoras se incorporan adecuadamente a los conceptos computables, repercuten sobre los pasivos; si, en cambio, una parte significativa del ingreso se desplaza hacia adicionales o sumas cuya naturaleza remunerativa y bonificable resulta diferente, puede generarse una brecha creciente entre activos y retirados.
Por eso APROPOLER sostiene que discutir el salario policial significa también discutir la movilidad previsional y el ingreso futuro de quienes completaron su carrera dentro de la fuerza.
“Para algunas cosas se aplica la ley y para mejorar el salario no”
El núcleo político del reclamo de Basin puede resumirse en una contradicción que viene siendo señalada desde distintos sectores policiales: el Estado exige al funcionario policial el cumplimiento estricto de normas disciplinarias, administrativas y operativas, pero cuando el personal reclama que también se cumplan las reglas que estructuran sus remuneraciones, la respuesta suele trasladarse al terreno de las posibilidades presupuestarias.
Desde APROPOLER sostienen que allí aparece un problema de reciprocidad institucional.
Si una jerarquía determinada supone mayor responsabilidad, mayor antigüedad y una trayectoria profesional más extensa, esa diferencia debería tener una expresión salarial concreta y verificable, en lugar de diluirse mediante sumas fijas que comprimen la pirámide.
La discusión, por eso, debería salir del terreno de las estimaciones y trasladarse a las planillas oficiales: cuánto representa actualmente el básico de cada grado, qué relación guarda entre jerarquías, cuánto corresponde a conceptos remunerativos, cuánto a adicionales y qué incidencia tiene cada componente sobre los haberes de retiro.
La pregunta que debería responder el Gobierno
El planteo de APROPOLER no consiste únicamente en reclamar otro aumento, sino en exigir que se determine si la estructura salarial actual conserva las proporciones y principios previstos para la carrera policial o si, mediante sucesivas modificaciones, terminó construyéndose un sistema distinto sin reformar formalmente el régimen que debería regularlo.
Si la referencia oficial establece que un agente con un año de antigüedad percibe $1.302.000 y la máxima jerarquía subalterna acumula décadas de servicio, responsabilidades superiores y adicionales por antigüedad, resulta razonable preguntar cuál debería ser la diferencia efectiva entre ambos ingresos y cuánto de esa relación histórica se conserva actualmente.
Esa respuesta no debería depender de interpretaciones sindicales ni de anuncios políticos, sino de una liquidación transparente que permita conocer cómo se conforma cada salario y cómo se aplica realmente la normativa vigente.
Para Alfredo Fabián Basin y APROPOLER, la conclusión es clara: mientras esa recomposición no llegue, continuará existiendo una deuda con quienes sostienen durante décadas la carrera policial y esperan que la jerarquía, la antigüedad y la responsabilidad también tengan reconocimiento económico y finalizan afirmando que “La dignidad no se negocia”.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe
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