El femicidio de Bárbara Aragón expuso algo más que un crimen: puso bajo la lupa el funcionamiento de las pensiones en Rosario y el control municipal sobre establecimientos que podrían operar sin habilitación.
El asesinato de Bárbara Camila Aragón en una pensión de Empalme Graneros tiene una investigación penal en marcha y un sospechoso detenido, pero el escenario donde ocurrió el crimen abre otro interrogante que excede al expediente judicial: determinar si ese establecimiento estaba habilitado, quién debía controlarlo y si forma parte de un circuito de pensiones irregulares que funciona en Rosario fuera de los registros o de los controles municipales.
El terrible femicidio de Bárbara Camila Aragón, la joven de 26 años cuyo cuerpo fue hallado envuelto en una frazada y dentro de una valija en un inmueble de Juan José Paso al 6200, tiene por estas horas un eje judicial perfectamente definido. La investigación se encuentra en manos del Ministerio Público de la Acusación y por el crimen permanece detenido Eliel S., un expolicía de Santa Fe que había sido exonerado de la fuerza después de quedar involucrado en una causa federal por narcotráfico y que posteriormente recibió una condena de seis años de prisión.
Será la Justicia la que determine qué sucedió dentro de aquella habitación, cuál fue la mecánica del crimen y cuál es finalmente la responsabilidad del hombre detenido. Sin embargo, el lugar donde apareció el cuerpo de Bárbara introduce una segunda dimensión del caso que hasta ahora quedó relegada frente al impacto lógico provocado por el femicidio: el inmueble fue identificado desde las primeras informaciones como una pensión en la que residían distintas personas.
Ese dato obliga a mirar más allá de la habitación en la que ocurrió el crimen, porque una pensión no constituye una actividad invisible para el Estado ni un simple acuerdo privado entre propietario e inquilino cuando reúne las características establecidas por la normativa municipal. Rosario posee desde hace décadas disposiciones específicas que regulan estos establecimientos, establecen condiciones para su funcionamiento y colocan sobre la Municipalidad responsabilidades concretas de habilitación, registración e inspección.
La pregunta que comienza en Juan José Paso pero puede extenderse a toda Rosario
La primera cuestión que debería despejar la Municipalidad es elemental: informar si el establecimiento de Juan José Paso al 6200 estaba efectivamente habilitado como pensión al momento del femicidio, bajo qué titularidad funcionaba, cuál era su capacidad declarada, cuándo se había realizado la última inspección y si existían antecedentes de actas, intimaciones, denuncias de vecinos o actuaciones administrativas relacionadas con el lugar.
No se trata de atribuir al municipio una responsabilidad por el homicidio, algo que carecería de fundamento mientras no exista evidencia que permita establecer semejante relación, sino de investigar una cuestión diferente y perfectamente verificable: si una actividad sometida a control estatal estaba funcionando dentro de la legalidad y si los mecanismos de fiscalización previstos por las propias normas municipales efectivamente se habían aplicado.
La diferencia no es menor, porque si el lugar se encontraba correctamente habilitado y había sido inspeccionado, la Municipalidad puede demostrarlo fácilmente mediante los correspondientes expedientes y actas. Pero si la pensión no estaba registrada, si funcionaba bajo una habilitación distinta o directamente carecía de cualquier autorización, entonces será necesario explicar durante cuánto tiempo permaneció abierta, cuántas personas vivían allí y por qué los organismos encargados del control no habían detectado esa situación.
Rosario tiene normas: falta saber cómo se aplicaron
La normativa municipal contempla específicamente la actividad de hospedajes y pensiones, exige autorización para su funcionamiento e impone condiciones edilicias y administrativas destinadas precisamente a impedir que estos lugares permanezcan en una zona de informalidad donde nadie sabe con certeza quién explota el establecimiento, cuántas personas están alojadas o cuáles son las condiciones de seguridad existentes.
Las exigencias no son una formalidad burocrática. Una pensión puede albergar durante meses o años a decenas de personas y presentar riesgos vinculados con instalaciones eléctricas, gas, incendios, vías de evacuación, condiciones sanitarias, hacinamiento o subdivisiones clandestinas. Por eso existen habilitaciones e inspecciones y por eso la responsabilidad del Estado municipal no termina con recibir una solicitud o cobrar una tasa, sino que incluye verificar que la actividad declarada coincida con aquello que realmente ocurre dentro del inmueble.
El caso de Bárbara Aragón permite entonces formular una pregunta que probablemente exceda ampliamente aquella dirección de Empalme Graneros: ¿Cuántas pensiones funcionan realmente en Rosario y cuántas de ellas aparecen en los registros municipales como establecimientos habilitados?
La respuesta debería surgir de cruzar el padrón oficial de pensiones habilitadas con los establecimientos que funcionan efectivamente en los barrios. Allí podría comprobarse si estamos frente a un hecho aislado o ante una trama mucho más extendida de inmuebles que ofrecen alojamiento sin cumplir las condiciones exigidas y que, pese a ello, continúan funcionando durante largos períodos sin intervención estatal.
El antecedente de Santa Fe obliga a mirar con atención
La experiencia registrada en la ciudad de Santa Fe con pensiones y alojamientos irregulares demuestra que este fenómeno no puede ser tratado como una rareza administrativa. Cuando la demanda habitacional aumenta y determinados sectores encuentran cada vez mayores dificultades para acceder a alquileres convencionales, proliferan soluciones informales que ocupan un espacio real dentro de las ciudades y que muchas veces terminan funcionando en los márgenes de la regulación.
El problema aparece cuando esa informalidad deja de ser ocasional y comienza a transformarse en un verdadero circuito económico, con propietarios o intermediarios que alquilan habitaciones en establecimientos que no reúnen las condiciones correspondientes mientras el Estado, por desconocimiento, falta de recursos o ausencia de controles suficientes, llega después de que ocurre una tragedia.
Precisamente por eso sería equivocado convertir esta discusión en una persecución contra quienes viven en pensiones. Quienes recurren a ellas suelen hacerlo porque constituyen una de las pocas alternativas habitacionales disponibles y son, en consecuencia, quienes más necesitan que el Estado garantice condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad. El objeto del control no debería ser castigar al pensionista sino determinar quién explota esos establecimientos, bajo qué condiciones lo hace y quién verifica que se cumplan las normas.
Del expediente criminal al expediente municipal
Mientras la Fiscalía reconstruye las últimas horas de Bárbara Aragón y reúne evidencia para determinar judicialmente lo ocurrido, existe otra documentación que debería comenzar a buscarse en los archivos de la Municipalidad de Rosario. Allí deberían encontrarse la habilitación del inmueble, la identificación del responsable comercial, las sucesivas inspecciones, las eventuales observaciones formuladas y cualquier actuación realizada durante los últimos años.
Esos documentos permitirán responder si el establecimiento estaba dentro del sistema formal de control o si, por el contrario, funcionaba como una pensión sin encontrarse registrado como tal. Y esa diferencia puede abrir una investigación mucho más amplia, porque si un establecimiento de esas características pudo funcionar fuera del radar municipal durante un período prolongado, resulta legítimo preguntar cuántos otros pueden encontrarse actualmente en la misma situación.
El femicidio de Bárbara tiene una dimensión humana y penal que debe permanecer en el centro del caso. Nada de esto debe utilizarse para desplazar la responsabilidad del presunto autor ni para establecer relaciones causales que no están probadas. Pero investigar un crimen también significa observar el escenario en el que ocurrió y preguntarse qué condiciones permitieron que determinados lugares funcionaran como funcionaban.
Por eso la investigación periodística no debería detenerse en la puerta de la habitación donde apareció el cuerpo. Debería continuar por los pasillos de esa pensión y terminar, inevitablemente, frente a los escritorios municipales donde deberían estar archivados los antecedentes del establecimiento.
La Municipalidad de Rosario puede despejar buena parte de estos interrogantes haciendo públicas tres informaciones muy concretas: si la pensión estaba habilitada, cuándo fue inspeccionada por última vez y cuántas pensiones habilitadas existen actualmente en la ciudad.
Después habrá que comparar ese registro con la realidad.
Porque tal vez el problema no sea solamente una pensión.
Tal vez detrás del terrible crimen de Bárbara Aragón haya quedado expuesta, casi accidentalmente, la puerta de entrada a un negocio de pensiones informales que Rosario todavía no conoce en toda su dimensión.
Corresponsal en Rosario.
¿Nadie ha roto el hielo todavía?
Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.
Empezar conversación ahora