La agente, que cumplía funciones de jefa de guardia en la Alcaidía de Santo Tomé, está sospechada de facilitar la salida nocturna de detenidos que luego regresaban a sus celdas.
El fiscal de la causa aseguró que en uno de los asaltos investigados participaron dos presos vestidos como policías y que la pesquisa alcanza a una presunta organización de entre seis y ocho personas.
Un grave caso de presunta corrupción policial sacude a Santo Tomé, Corrientes, donde una suboficial que se desempeñaba como responsable de una guardia de la Alcaidía local quedó detenida en el marco de una investigación que intenta determinar si internos alojados en esa dependencia eran liberados clandestinamente para cometer asaltos y luego regresaban a sus celdas.
La mujer, identificada por distintos medios correntinos con el apellido Morel, quedó bajo investigación junto con otras personas detenidas durante una serie de allanamientos realizados en la ciudad. La causa es dirigida por el fiscal Facundo Cabral y tuvo como punto central de avance la investigación de un millonario asalto ocurrido a mediados de septiembre contra una agencia de cobros de Santo Tomé.
Según explicó posteriormente el propio fiscal, la investigación permitió establecer, al menos respecto del asalto ocurrido el 17 de septiembre, que dos personas que se encontraban detenidas habrían abandonado la Alcaidía y participado del hecho.
Cabral sostuvo que los internos habrían salido vestidos con indumentaria policial y señaló que se investiga si utilizaron una escopeta perteneciente a la fuerza y una pistola reglamentaria calibre 9 milímetros que habría sido facilitada por la suboficial ahora detenida.
Una salida después del cierre de las celdas
La mecánica que intenta reconstruir la Fiscalía resulta especialmente grave porque no se trataría simplemente de una omisión en la custodia.
De acuerdo con la hipótesis investigativa, una vez que las celdas quedaban cerradas alrededor de las 23, la funcionaria habría conseguido permanecer prácticamente sola al frente del sector. Algunos agentes habrían permanecido descansando en dependencias internas y otros, según reconocieron durante la investigación, incluso se habrían retirado a sus domicilios.
El fiscal afirmó que se detectó que esa última conducta constituía una práctica que se repetía entre algunos funcionarios, cuestión que ahora también deberá ser evaluada administrativa y eventualmente judicialmente.
En esas circunstancias se habrían producido las salidas clandestinas.
Los detenidos podían abandonar el establecimiento, participar de delitos y posteriormente regresar a sus lugares de alojamiento, generando una situación particularmente delicada: formalmente continuaban apareciendo privados de la libertad mientras presuntamente estaban cometiendo delitos en la calle.
La investigación comenzó a mirar hacia adentro
El caso comenzó a cambiar de dimensión cuando un preso alojado en la Alcaidía declaró ante la Fiscalía que existía connivencia entre internos y miembros de la guardia.
La revelación provocó inicialmente el apartamiento de efectivos y cambios en la estructura policial de Santo Tomé. A comienzos de octubre fueron relevados responsables de la Unidad Regional V y de la Comisaría Primera mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
La investigación de la Comisaría Segunda, apoyada entre otros elementos en registros de cámaras de seguridad, condujo posteriormente a nuevos allanamientos y detenciones.
Además de la suboficial Morel, fueron detenidos un hombre señalado como posible participante del asalto y otro sospechado de aportar información sobre potenciales objetivos.
Una estructura que podría ser mayor
El fiscal Cabral afirmó públicamente que la hipótesis es la existencia de una asociación ilícita y calculó que podrían encontrarse comprometidas entre seis y ocho personas, algunas de las cuales todavía no habrían sido individualizadas.
También se investiga un posible vínculo sentimental entre la suboficial y uno de los detenidos que presuntamente era beneficiado con estas salidas clandestinas.
La pesquisa intenta determinar, además, si el mecanismo pudo utilizarse en otros delitos y cuál era la participación concreta de personas externas al establecimiento.
El interrogante que queda dentro de la institución
Si los hechos finalmente son acreditados judicialmente, su gravedad resulta evidente y las responsabilidades personales deberán establecerse sin atenuantes.
Pero reducir todo lo sucedido a la conducta de una suboficial podría resultar demasiado sencillo.
Que una persona detenida pueda abandonar una dependencia policial, utilizar presuntamente uniforme y armamento oficial, participar de un delito y regresar posteriormente a su celda exige investigar algo más amplio: qué controles existían, quién supervisaba las guardias, cómo se verificaba la presencia de los internos, qué registros se confeccionaban y cómo una irregularidad de semejante magnitud pudo atravesar distintos niveles sin ser advertida inmediatamente.
La existencia de policías investigados por delitos graves no habilita ninguna generalización sobre el conjunto de los trabajadores policiales. Precisamente por eso resulta indispensable individualizar responsabilidades y reconstruir toda la cadena de controles.
Una institución profesional no se fortalece ocultando sus fallas ni distribuyendo sospechas indiscriminadamente sobre todo su personal. Se fortalece determinando quién hizo qué, quién debía controlar, quién omitió hacerlo y qué mecanismos fallaron.
Porque cuando un preso puede salir de una cárcel, presuntamente armado y vestido como policía, cometer un delito y volver a encerrarse, el problema ya no termina en la puerta de la celda.
Fuente consultada: Radio 2
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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