Alberto Martínez: “El policía debe ser reconocido como trabajador y no convertido en el fusible de las políticas de seguridad”

El dirigente de APROPOL y ex secretario general de FASIPP analizó la situación laboral de la Policía de Santa Fe, cuestionó el sistema de adicionales utilizado para complementar salarios, advirtió sobre las consecuencias que pueden tener las reformas procesales para el personal que debe ejecutarlas y anticipó los principales ejes de su próximo libro, ¿Quién protege al que protege?

En una extensa entrevista, Alberto Martínez repasó los 25 años de actividad desarrollada en Santa Fe alrededor del reclamo de reconocimiento de derechos sindicales para policías y penitenciarios y sostuvo que uno de los principales cambios culturales producidos durante ese período fue que una parte creciente del personal comenzó a reconocerse a sí misma como trabajadora, además de integrante de una institución armada y jerarquizada.

Martínez ubicó los primeros antecedentes legislativos santafesinos sobre sindicalización policial hacia fines de la década de 1990 y recordó que APROPOL nació en 2001 como parte de una experiencia colectiva que pretendía incorporar una herramienta propia del mundo del trabajo a las fuerzas de seguridad. A su entender, el objetivo nunca fue desconocer las particularidades del servicio policial, sino generar condiciones que permitieran discutir salarios, condiciones laborales y derechos dentro de una estructura tradicionalmente vertical.

“Hoy el policía se siente trabajador”

Para Martínez, uno de los resultados culturales más significativos de ese recorrido no puede medirse únicamente en leyes sancionadas o personerías reconocidas. Según explicó, la idea de que quien viste uniforme también es un trabajador modificó la percepción interna de generaciones más jóvenes y abrió discusiones que anteriormente tenían escaso lugar dentro de la institución.

“Hoy el policía se siente un trabajador”, señaló durante la entrevista, y sostuvo que esa transformación puede favorecer una relación diferente entre el personal, la propia institución y la ciudadanía. En su interpretación, reconocer derechos laborales no supone debilitar a la Policía, sino contribuir a que sus integrantes puedan desempeñar su función dentro de condiciones compatibles con la dignidad exigible para cualquier trabajador.

Salarios, adicionales y un conflicto que permanece abierto

Una parte importante de la conversación estuvo dedicada a la situación posterior a las protestas policiales de febrero. Martínez sostuvo que los problemas estructurales que originaron aquel conflicto no desaparecieron y señaló dos variables que, según su análisis, vuelven periódicamente a cruzarse: el aumento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo salarial.

Dentro de ese contexto cuestionó especialmente el peso adquirido por distintos adicionales y suplementos. Según afirmó, el problema no es la existencia de compensaciones para tareas especiales —mencionó como ejemplo las funciones vinculadas con explosivos— sino que esos pagos terminen funcionando como complemento indispensable de un salario básico insuficiente. En esas condiciones, aseguró, la asignación o pérdida de un plus puede transformarse en una herramienta de disciplinamiento interno.

Martínez describió este esquema mediante la expresión “látigo y chequera”, con la que busca representar una relación en la que determinados beneficios económicos, horarios, recargos o destinos pueden quedar asociados al cumplimiento de objetivos operativos fijados por las jerarquías. Se trata de una caracterización formulada por el entrevistado y vinculada a su crítica de la actual política laboral y de seguridad provincial.

El policía entre la orden política y la responsabilidad personal

Otro de los ejes centrales fue el impacto que las políticas de seguridad pueden tener sobre el propio agente que debe ejecutarlas. Martínez sostuvo que el personal policial puede quedar expuesto cuando recibe órdenes o nuevas facultades cuyo encuadre jurídico posteriormente resulte cuestionado.

Allí retomó una categoría que viene desarrollando en sus trabajos: el “fusible policial”. Con esa expresión describe la situación en la cual una decisión nace en niveles políticos o superiores de conducción, pero quien finalmente ingresa a un domicilio, efectúa una detención o realiza materialmente el procedimiento es el funcionario policial, que luego puede terminar respondiendo individualmente si aquella actuación es declarada ilegítima.

Desde esa perspectiva, Martínez vinculó los derechos laborales con las garantías ciudadanas. Su argumento es que no deberían analizarse como dos mundos enfrentados: cuando al policía se lo obliga a actuar fuera de límites claros, no solamente pueden resultar afectados los derechos del ciudadano sino que también aumenta la vulnerabilidad jurídica y profesional del propio trabajador que ejecuta la medida.

Críticas a una seguridad basada en cantidad de procedimientos

Durante la entrevista también cuestionó políticas que, según afirmó, incentivan la obtención de números de detenciones, identificaciones o secuestros como indicadores de rendimiento operativo. Recordó antecedentes históricos de controles poblacionales y redadas masivas, aunque aclaró que no pretendía equiparar automáticamente aquellos períodos con la situación actual.

Según su análisis, cuando la estadística comienza a convertirse en objetivo por sí misma existe el riesgo de focalizar el control sobre sectores socialmente vulnerables y de deteriorar la relación cotidiana entre Policía y ciudadanía. Martínez sostuvo que determinadas políticas de control vehicular, detenciones o identificaciones pueden terminar colocando al agente frente a trabajadores y vecinos por infracciones menores, mientras la sociedad espera de la institución una respuesta principalmente dirigida hacia delitos de mayor gravedad.

Las afirmaciones forman parte de la evaluación política del entrevistado sobre la seguridad provincial y no constituyen por sí mismas una constatación estadística acerca de la totalidad de los procedimientos realizados por la Policía de Santa Fe.

Desarraigo y vulnerabilidad del personal joven

La situación del personal destinado a Rosario desde otras localidades ocupó otro tramo importante del diálogo. Martínez coincidió en que existe una presencia relevante de agentes provenientes de distintos puntos de la provincia y señaló que ese desplazamiento territorial genera dificultades adicionales, particularmente durante los primeros meses de servicio.

Según relató, los policías jóvenes deben afrontar alquiler, alimentación, traslado y separación de sus familias en condiciones salariales que muchas veces resultan difíciles. También mencionó demoras iniciales en los pagos y situaciones de especial vulnerabilidad durante el período de formación e incorporación al servicio.

Para Martínez, el desarraigo no puede analizarse únicamente como un problema económico, porque también repercute sobre las relaciones familiares, la adaptación laboral y el bienestar integral del trabajador. En ese marco mencionó la necesidad de prestar atención a situaciones críticas que pueden atravesar miembros de las fuerzas y reclamó que las condiciones de trabajo sean incorporadas de manera estable al debate sobre seguridad pública.

La Carpa Azul y los retirados que regresan al servicio

Consultado sobre la denominada Carpa Azul, Martínez destacó que continúa instalada desde los acontecimientos de febrero y la definió como una expresión perteneciente al conjunto de la familia policial antes que a una organización determinada. Explicó que tomó personalmente cierta distancia para facilitar la aparición de otros interlocutores, aunque manifestó su respaldo a los reclamos que allí se sostienen.

También se refirió al programa de reincorporación de personal retirado y planteó una pregunta que, a su juicio, debería formar parte del debate: por qué alguien que cumplió alrededor de tres décadas de servicio necesita regresar a trabajar porque su ingreso previsional resulta insuficiente. Al mismo tiempo reconoció que la reincorporación provoca discusiones entre personal activo y retirado por diferencias de régimen, jerarquías, contratación y posibilidades de ascenso.

“¿Quién protege al que protege?”

Hacia el final de la entrevista, Martínez anticipó su próximo libro, ¿Quién protege al que protege?, previsto para los primeros días de noviembre y concebido para su distribución digital, libre y gratuita.

Explicó que el volumen recoge una experiencia de aproximadamente 25 años vinculada con la defensa de derechos laborales de policías y penitenciarios y que pretende aportar elementos para una discusión democrática sobre seguridad pública. El planteo central parte de una premisa sencilla: mejores condiciones laborales deberían contribuir a un mejor servicio, no mediante incentivos concebidos como mecanismos de presión sino a través del reconocimiento de derechos y de condiciones profesionales adecuadas.

El libro se integra además a una producción teórica más amplia en la que Martínez viene desarrollando conceptos como la Doctrina de la Sospecha Permanente, la Teoría del Foco y la Vara y el Principio de Reciprocidad Institucional. Según explicó, el nuevo trabajo busca condensar parte de esas discusiones y ponerlas a disposición de legisladores, funcionarios, periodistas, investigadores y futuras generaciones interesadas en estudiar la relación entre derechos del personal y políticas de seguridad.

La entrevista dejó planteada, finalmente, una cuestión que atraviesa todo el diálogo: la calidad de una política de seguridad no depende únicamente de las facultades que el Estado concede a la Policía, sino también de las condiciones materiales, jurídicas e institucionales en las que obliga a sus integrantes a ejercerlas.

Fuente: AGOFA TV