Piñero: ¿Qué esta pasando en la policía local?

La reiteración de testimonios internos sobre la Subcomisaría 4ª de Piñero obliga a mirar más allá de cada denuncia particular.

Cuando los señalamientos se repiten, aportan datos propios del funcionamiento cotidiano y describen situaciones difíciles de conocer desde afuera, el problema puede dejar de ser un episodio aislado para convertirse en una señal sobre el estado interno de la dependencia.

Las nuevas denuncias recibidas sobre la Subcomisaría 4ª de Piñero vuelven a colocar bajo observación a una dependencia que ya había sido mencionada anteriormente por conflictos administrativos, cuestionamientos sobre horarios, libros de guardia, recargos, privilegios y funcionamiento interno. Ahora se suman señalamientos sobre el presunto uso irregular de móviles oficiales, cargas de combustible, ausencias de la conducción y temor a represalias, en una secuencia que obliga a preguntarse si estamos ante episodios desconectados o frente a un problema más profundo dentro de la estructura.

Cuando una misma dependencia comienza a generar denuncias reiteradas provenientes de su propio interior, la cuestión ya no puede reducirse únicamente a determinar si cada acusación es verdadera o falsa de manera aislada. También corresponde analizar qué está ocurriendo dentro de esa unidad para que parte de su propio personal considere necesario recurrir una y otra vez a canales externos con el objetivo de hacerse escuchar.

Denuncias que conocen el funcionamiento interno

Uno de los aspectos que más llama la atención es el nivel de detalle contenido en los testimonios recibidos. No se trata de comentarios generales o apreciaciones formuladas desde afuera, sino de referencias a números de móviles, recorridos, cargas de combustible, horarios, presencia o ausencia de determinadas personas, funcionamiento administrativo, libros de guardia y registros GPS, datos que remiten al conocimiento cotidiano de la dependencia.

Ese nivel de precisión no convierte automáticamente las denuncias en verdaderas, pero sí obliga a tratarlas con una seriedad diferente. Cuando los señalamientos provienen de personas que conocen la dinámica interna y además mencionan elementos objetivos susceptibles de comprobación, la respuesta institucional no debería limitarse a considerar las denuncias como rumores, disputas personales o simples expresiones de malestar.

Si esos datos fueran falsos, también existiría un problema que debería investigarse, porque alguien estaría utilizando información interna para construir acusaciones sin fundamento. Si fueran verdaderos, la cuestión sería todavía más grave, ya que implicaría la posible existencia de irregularidades administrativas, funcionales o vinculadas con el uso de recursos públicos.

¿Una interna policial o algo más?

La primera explicación que suele aparecer cuando una organización jerárquica comienza a registrar este tipo de filtraciones es la existencia de una interna. No sería extraño, porque las fuerzas policiales también tienen conflictos personales, disputas por destinos, ascensos, adicionales, horarios, funciones y posiciones dentro de la estructura, como sucede en cualquier organización compleja.

Sin embargo, recurrir automáticamente a la palabra “interna” para dar por cerrado el tema puede resultar demasiado cómodo. Una interna puede explicar por qué alguien decide denunciar, pero no determina por sí misma si los hechos denunciados son ciertos o falsos. Si una persona actúa movida por resentimiento, rivalidad o conflicto personal, esa motivación puede ser relevante, pero no reemplaza la obligación de verificar los datos concretos que aporta.

Si se denuncia que un móvil oficial fue utilizado con fines particulares, la existencia de una interna no modifica lo que pueda mostrar el GPS. Si se cuestionan cargas de combustible, los registros permiten cotejar consumos, recorridos y kilometraje. Si se plantean ausencias o incumplimientos horarios, los libros de guardia y otros registros administrativos pueden ofrecer elementos objetivos para establecer qué ocurrió.

La motivación del denunciante y la verdad de los hechos son cuestiones diferentes y deberían investigarse por separado.

La posibilidad de una resistencia interna legítima

También existe otra hipótesis que no debería descartarse: que parte del personal considere agotados los mecanismos internos y utilice la denuncia pública como una forma de resistencia frente a situaciones que percibe como injustas, arbitrarias o imposibles de plantear dentro de la propia cadena jerárquica.

En estructuras fuertemente verticales, el subordinado no siempre dispone de espacios reales para discutir decisiones de conducción, aunque formalmente existan canales administrativos. Una cosa es que esos mecanismos estén escritos en reglamentos y otra muy distinta es que quienes deben utilizarlos confíen efectivamente en que podrán hacerlo sin exponerse a consecuencias posteriores.

Cuando comienzan a repetirse referencias a traslados, recargos, cambios de horarios, pérdida de beneficios, presiones laborales o temor a represalias, la cuestión ya no se limita al contenido de la denuncia original, sino que alcanza también la calidad de los mecanismos internos destinados a tramitar conflictos y posibles irregularidades.

Si el personal considera que denunciar dentro de la institución implica quedar señalado o sufrir consecuencias, entonces los canales formales pueden existir, pero funcionar de manera insuficiente en la práctica. En ese contexto, los canales informales empiezan a ocupar el lugar que deberían cubrir los mecanismos institucionales, y uno de esos canales es inevitablemente la prensa.

Cuando acudir a un medio puede convertirse en el último recurso

Hay una pregunta que las autoridades deberían formularse con seriedad: por qué un policía decide enviar información interna a un medio de comunicación antes que realizar una presentación formal por las vías administrativas disponibles.

La explicación más sencilla sería atribuir esa conducta a mala fe, resentimiento o intención de perjudicar a determinada persona. Pero cuando la situación se repite, corresponde considerar también la posibilidad de que quienes denuncian crean que ésa es la única forma de lograr que alguien escuche lo que ocurre.

Eso sería particularmente preocupante, no porque la prensa no deba recibir denuncias, sino porque una institución estatal debería contar con mecanismos suficientemente confiables para procesar conflictos e irregularidades sin obligar a sus integrantes a elegir entre guardar silencio o exponer públicamente información interna.

Cuando alguien llega al punto de describir desde afuera el funcionamiento cotidiano de su propia dependencia, algo ocurrió antes. Tal vez intentó plantear el problema internamente y no encontró respuesta, tal vez teme consecuencias personales, tal vez participa de una disputa interna o quizá varias de esas situaciones estén ocurriendo simultáneamente. Precisamente por eso la respuesta institucional no debería ser automática, sino investigativa.

El verdadero problema puede estar en la confianza

Una organización policial necesita disciplina, conducción y jerarquía, pero también necesita confianza. Si el personal deja de confiar en sus superiores, en los mecanismos de control, en Asuntos Internos o en la posibilidad de denunciar sin quedar expuesto, la estructura comienza a funcionar de una manera defensiva y fragmentada.

En ese contexto, los agentes empiezan a protegerse a sí mismos, guardan capturas, registran horarios, fotografían documentación, conservan audios, anotan movimientos y buscan testigos, hasta que finalmente esa información termina fuera de la institución porque se percibe que adentro no existe un espacio seguro para procesarla.

Cuando eso ocurre, el problema más profundo puede dejar de ser quién utilizó un móvil o quién faltó a una guardia. La cuestión pasa a ser si la cadena de confianza interna se encuentra deteriorada hasta el punto de convertir a la filtración externa en una herramienta de supervivencia, presión o defensa.

La reiteración también constituye información

Una denuncia aislada puede ser falsa, exagerada, interesada o producto de un enfrentamiento personal. Varias denuncias sobre una misma dependencia tampoco prueban automáticamente la existencia de irregularidades, pero sí constituyen una señal que merece atención institucional.

La repetición indica que existe un nivel de malestar suficiente como para generar una secuencia sostenida de reclamos y filtraciones, y esa circunstancia por sí misma debería ser analizada. Ignorarla puede ser tan imprudente como dar por ciertas todas las acusaciones sin investigación previa.

Por eso la respuesta adecuada no debería consistir en proteger automáticamente a la conducción ni en aceptar sin más cada denuncia, sino en establecer mecanismos de verificación claros, objetivos y transparentes que permitan separar conflictos personales de eventuales irregularidades reales.

Hay registros para saber qué ocurrió

En el caso de Piñero, buena parte de los hechos denunciados admite mecanismos objetivos de comprobación. Los GPS pueden reconstruir recorridos y horarios de los móviles, los registros de combustible permiten cotejar consumos y kilometraje, los libros de guardia pueden establecer presencias y movimientos, mientras que las órdenes de servicio y otros documentos administrativos pueden explicar por qué una unidad salió de la dependencia y qué tarea debía cumplir.

Por eso resulta difícil sostener indefinidamente una situación dominada por versiones contrapuestas. Cuando existen herramientas técnicas y administrativas capaces de esclarecer los hechos, la respuesta institucional debería consistir en utilizarlas y comunicar los resultados con suficiente transparencia para despejar dudas.

Si los registros demuestran que los móviles fueron utilizados correctamente, que las cargas de combustible se corresponden con tareas oficiales y que los horarios denunciados no presentan irregularidades, corresponde aclararlo. Si ocurre lo contrario, deberán establecerse responsabilidades y corregirse las prácticas cuestionadas.

¿Interna, resistencia o pedido de auxilio?

Tal vez todavía no existan elementos suficientes para responder de manera definitiva. Puede haber una interna, pueden existir exageraciones, puede haber hechos reales o puede estar desarrollándose una resistencia legítima frente a determinadas prácticas que el personal considera abusivas o injustas.

También puede estar apareciendo una situación todavía más preocupante: trabajadores policiales que creen no tener otra herramienta para ser escuchados que sacar el conflicto fuera de la institución.

Si ese fuera el caso, el problema ya no pertenecería únicamente a la Subcomisaría 4ª de Piñero, porque estaría mostrando una falla más amplia en los mecanismos de control, representación y resolución de conflictos dentro de la propia Policía.

Por eso, frente a la reiteración de denuncias que exhiben información del funcionamiento interno de la dependencia, quizá la pregunta más importante no sea quién filtró los datos ni qué interés personal puede tener quien denuncia, sino qué está fallando dentro de la institución para que alguien considere que revelar esa información hacia afuera puede ser su único recurso para ser escuchado.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.