Caso Mauro González: la querella reclama $800 millones a la Provincia y pide embargos por $11 millones contra cada policía imputado

La pretensión patrimonial abre una nueva dimensión en la causa por la muerte ocurrida en la Comisaría 8ª de Santa Fe.

Sin desconocer el dolor de los familiares de Mauro González ni su derecho a reclamar, el pedido de embargo sobre salarios y bienes de los policías investigados genera una fuerte preocupación entre sus familias, que recuerdan que todavía no existe una sentencia y que varios de los efectivos ya atraviesan una situación económica deteriorada por la disponibilidad y la pérdida de adicionales.

La causa por la muerte de Mauro González, ocurrida en enero de este año en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, sumó ahora un capítulo de fuerte impacto económico. Según pudo conocer APROPOL a partir de fuentes vinculadas con familiares de los policías imputados, la querella habría formulado un reclamo de aproximadamente 800 millones de pesos contra la Provincia de Santa Fe y, además, solicitado medidas cautelares por alrededor de 11 millones de pesos sobre cada uno de los efectivos sometidos a proceso, con eventual afectación de salarios y bienes personales.

La novedad incorpora una dimensión distinta a una causa que hasta ahora había estado concentrada principalmente en las imputaciones penales, las medidas de coerción y la discusión sobre las responsabilidades individuales. El planteo patrimonial, sin embargo, comienza a producir preocupación más allá de los tribunales porque alcanza directamente la economía cotidiana de los policías involucrados y de sus grupos familiares.

Nada de esto implica desconocer el dolor de los deudos de Mauro González ni cuestionar su derecho a recurrir a la Justicia y reclamar una eventual reparación. La muerte de una persona bajo custodia estatal exige una investigación profunda, seria y completa, y corresponde que todas las hipótesis sean examinadas hasta establecer qué ocurrió y quiénes resultan responsables. Coinciden en esto los familiares de los propio policías sospechados.

Pero esa obligación debe convivir con otra igualmente esencial dentro de un Estado de Derecho: los policías imputados no fueron condenados y continúan sujetos a proceso, por lo que conservan plenamente la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.

Un reclamo que alcanza a la Provincia y a cada efectivo

La pretensión económica presenta dos planos diferentes. Por una parte, se reclama una suma millonaria al Estado provincial en función de la eventual responsabilidad que pudiera corresponderle por hechos atribuidos a funcionarios policiales durante el ejercicio de sus tareas.

Por otra, se solicita asegurar personalmente el patrimonio de cada uno de los efectivos investigados mediante embargos que rondarían los once millones de pesos.

Ese segundo aspecto provoca especial inquietud entre las familias porque una medida cautelar de estas características, aunque jurídicamente no constituya una condena, puede tener consecuencias concretas mucho antes de que el juicio llegue a una resolución definitiva.

Cuando el embargo puede alcanzar salarios, cuentas o bienes personales, el proceso deja de desenvolverse exclusivamente dentro del expediente y comienza a afectar de manera directa el sostenimiento económico de hogares enteros.

Disponibilidad, menor salario y pérdida de ingresos complementarios

Según señalaron familiares de los policías, la preocupación debe analizarse además dentro de una situación laboral ya deteriorada.

Varios de los efectivos se encuentran en disponibilidad, circunstancia que habría significado una disminución de sus ingresos habituales. A eso se suma la imposibilidad de realizar horas extraordinarias, servicios adicionales u otras tareas mediante las cuales buena parte del personal policial complementa sus salarios mensuales.

Para una familia policial, la pérdida de esos ingresos puede representar una diferencia significativa dentro del presupuesto cotidiano. Cuando a esa reducción se agrega ahora la posibilidad de un embargo sobre haberes o bienes, la incertidumbre económica adquiere otra magnitud.

Los allegados consultados sostienen que la combinación entre disponibilidad, menor ingreso mensual, imposibilidad de realizar adicionales y eventual afectación patrimonial está generando una profunda zozobra dentro de los hogares de los imputados.

No se trata solamente de saber qué ocurrirá judicialmente con cada efectivo, sino también de cómo afrontar mientras tanto alquileres, alimentos, servicios, educación de los hijos y obligaciones familiares que continúan existiendo independientemente del desarrollo de la causa.

La vulnerabilidad también alcanza a las familias de los imputados

Uno de los aspectos que los familiares intentan poner sobre la mesa es precisamente que las consecuencias económicas del proceso no recaen únicamente sobre quienes están formalmente imputados.

Parejas, hijos y otros integrantes del grupo familiar dependen en muchos casos de esos ingresos y no tienen participación alguna en los hechos que se investigan. Sin embargo, terminan soportando indirectamente los efectos de medidas laborales, administrativas y patrimoniales adoptadas mientras todavía no existe una sentencia definitiva.

Desde esa perspectiva, el pedido de embargo es vivido como una nueva instancia de presión dentro de una situación que ya viene marcada por la incertidumbre laboral, la exposición pública y la gravedad de las imputaciones.

Fuentes familiares señalaron que, más allá de la asistencia jurídica que pueda corresponder y de las herramientas legales disponibles para discutir las medidas cautelares, perciben este nuevo reclamo como un direccionamiento concreto de la pretensión también hacia el patrimonio personal de los policías, lo que incrementa el temor de que los efectos económicos del proceso se profundicen antes de que las responsabilidades sean establecidas.

Una medida cautelar no es una condena

La posibilidad de adoptar embargos dentro de un proceso judicial forma parte de las herramientas destinadas a asegurar una eventual reparación futura, pero justamente por su carácter cautelar debe mantenerse claramente diferenciada de una sanción.

El embargo no determina culpabilidad.

No reemplaza una sentencia.

No resuelve anticipadamente quién es responsable.

Por eso, cuando una medida de estas características puede afectar los medios de subsistencia de una persona todavía sometida a investigación, resulta necesario que su alcance, proporcionalidad y fundamento sean examinados con especial cuidado.

Si al finalizar el proceso existieran responsabilidades penales o civiles comprobadas, corresponderá que la Justicia establezca las consecuencias que correspondan. Pero mientras esa definición no exista, la situación de los imputados permanece jurídicamente abierta.

El dolor de una familia no debería invisibilizar la situación de otras

El caso plantea una realidad particularmente difícil porque existen distintos grupos familiares atravesados por consecuencias muy profundas.

Por un lado, está la familia de Mauro González, que perdió a un ser querido y reclama justicia y reparación. Ese dolor merece respeto y no puede ser relativizado.

Por otro, están las familias de los policías imputados, que conviven desde hace meses con la incertidumbre de un proceso penal grave, con reducciones en sus ingresos y ahora con la posibilidad de nuevas restricciones patrimoniales.

Reconocer una situación no exige negar la otra.

El desafío del sistema judicial consiste precisamente en administrar ese conflicto sin transformar el legítimo reclamo de una parte en una condena anticipada de la otra.

El impacto económico también forma parte del proceso

En muchas ocasiones, cuando se habla de causas penales de gran exposición pública, la discusión queda reducida a imputaciones, audiencias, prisiones preventivas y resoluciones judiciales.

Sin embargo, existe otra dimensión menos visible: el impacto económico y familiar que pueden producir los procesos prolongados sobre quienes todavía no fueron juzgados definitivamente.

Cuando un trabajador policial pierde adicionales, horas extraordinarias o parte de sus ingresos habituales y, simultáneamente, enfrenta la posibilidad de embargos sobre salarios o bienes, la afectación puede extenderse durante meses o años, aun cuando posteriormente sea absuelto o desvinculado.

Ese dato no invalida la existencia de medidas cautelares, pero obliga a preguntarse si existe un equilibrio suficiente entre la necesidad de preservar una eventual reparación y el derecho de las personas sometidas a proceso a no sufrir anticipadamente consecuencias irreversibles.

Investigar hasta el final, pero sin anticipar la pena

La muerte de Mauro González debe ser esclarecida plenamente y quienes resulten responsables deberán responder conforme determine la Justicia. Pero esa obligación no puede desligarse de otra garantía básica: nadie debería ser tratado como condenado antes de que exista una sentencia que así lo establezca.

Hoy los policías involucrados están imputados, sujetos a proceso y sometidos a decisiones judiciales que deberán revisarse y discutirse dentro de los canales correspondientes. Mientras tanto, sus familias también atraviesan una situación de vulnerabilidad económica y emocional que merece ser visibilizada.

La discusión, entonces, no pasa por enfrentar el dolor de los deudos con la situación de los policías y sus familias, sino por preguntarse si el sistema puede garantizar ambas cosas al mismo tiempo: investigar y reparar cuando corresponda, pero sin convertir una medida cautelar en una pena económica anticipada para personas que todavía no fueron condenadas.