El subcomisario retirado Daniel Torales expuso en el Congreso de la Nación la situación de la Caja Compensadora y sostuvo que el problema no puede reducirse a un simple desfinanciamiento.
Denunció aportes que durante años no habrían llegado a destino, observaciones de organismos de control, falta de cobertura de salud y una situación económica que alcanza actualmente a unas 540 familias policiales.
La crisis que atraviesan policías retirados y pensionados de Tierra del Fuego llegó al Congreso de la Nación, donde el subcomisario retirado Daniel Torales expuso ante diputados y senadores una reconstrucción histórica del funcionamiento de la Caja Compensadora y de los problemas previsionales que, según sostuvo, se arrastran desde hace décadas.
Torales comenzó agradeciendo la invitación del diputado Pauli y la presencia de legisladores nacionales, y sostuvo que la situación actual no puede explicarse únicamente como un problema coyuntural de desfinanciamiento. Según planteó, detrás de la pérdida de recursos existiría una prolongada secuencia de decisiones administrativas, aportes previsionales cuestionados, cambios posteriores a la provincialización y dificultades para determinar con claridad el destino de determinados fondos.
La exposición colocó así en el ámbito nacional un conflicto que afecta, según afirmó, a unas 540 familias de policías retirados y pensionados fueguinos.
Una historia que comenzó con la provincialización
Torales recordó que durante la etapa territorial los policías de Tierra del Fuego estaban alcanzados por un régimen que los equiparaba con la Policía Federal Argentina y que contemplaba beneficios vinculados con la denominada zona desfavorable.
Explicó que la Caja Compensadora había sido creada precisamente para compensar componentes salariales que el personal dejaba de percibir al pasar a retiro. Según su reconstrucción, el sistema contemplaba aportes del personal activo y también de los pasivos, que continuaban contribuyendo aun después del retiro.
El problema, sostuvo, comenzó a profundizarse después de la provincialización, cuando aquella equiparación dejó de aplicarse del mismo modo y comenzaron a aparecer interrogantes sobre los aportes previsionales y su ingreso efectivo a los organismos correspondientes.
Una advertencia que comenzó hace más de veinte años
El subcomisario retirado relató que en 2003 comenzó a investigar personalmente si los aportes descontados de los haberes estaban efectivamente siendo transferidos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Según expuso en el Congreso, luego de realizar gestiones y concurrir a dependencias de la Policía Federal habría constatado que determinados aportes previsionales no estaban llegando desde la provincialización hasta aquel momento.
A partir de allí, aseguró haber realizado diferentes presentaciones y denuncias destinadas a establecer qué había ocurrido con esos fondos y cuál había sido el destino de descuentos que figuraban en los recibos salariales.
Aportes, descuentos y preguntas que todavía reclaman respuesta
Torales mencionó además diferencias vinculadas con porcentajes de aportes y descuentos efectuados durante distintos períodos, entre ellos sumas destinadas al PAMI pese a que, según sostuvo, el personal policial fueguino no aparecía registrado como beneficiario.
También aseguró que una denuncia realizada en 2004 habría permitido detectar la existencia de numerosas cuentas hacia las cuales se derivaban recursos previsionales, situación que, a su criterio, obliga a revisar la explicación según la cual la crisis actual sería exclusivamente producto de un déficit reciente.
Durante su intervención mencionó asimismo auditorías, observaciones del Tribunal de Cuentas y presentaciones ante la Fiscalía de Estado que, según afirmó, documentarían irregularidades o faltantes vinculados con contribuciones que correspondían al Estado provincial.
“No es un simple desfinanciamiento”
Ese fue uno de los conceptos centrales de la exposición.
Para Torales, presentar la situación exclusivamente como un problema financiero de la Caja termina dejando fuera de discusión la forma en que se administraron los recursos durante décadas y las responsabilidades que pudieran corresponder a distintos organismos.
La llegada del reclamo al Congreso de la Nación resulta especialmente significativa porque parte del sistema previsional discutido se encuentra ligado históricamente a convenios entre Nación y Provincia y a la antigua pertenencia de los policías fueguinos al régimen territorial.
Torales recordó precisamente la existencia de garantías previsionales y compensatorias establecidas durante el proceso de provincialización y sostuvo que esas obligaciones no pueden ser desconocidas mediante decisiones administrativas posteriores.
Quince meses sin obra social
La exposición también incorporó una denuncia de especial gravedad: según Torales, los retirados afectados llevan más de quince meses sin cobertura de obra social.
La situación adquiere una dimensión particular porque se trata mayoritariamente de personas de edad avanzada, con décadas de servicio y mayores necesidades de atención sanitaria.
El dirigente sostuvo que el deterioro económico y previsional se combina así con una situación de desprotección en materia de salud, configurando un escenario especialmente delicado para las familias afectadas.
El silencio de quienes condujeron la fuerza
Torales cuestionó además la ausencia de antiguos jefes, subjefes y directores de la Policía de Tierra del Fuego en una discusión que atraviesa a generaciones completas de integrantes de la institución.
Según expresó, quienes ocuparon las máximas responsabilidades durante diferentes períodos podrían aportar información relevante para reconstruir cómo se administraron los aportes y cómo se llegó a la situación actual.
Lamentó que el reclamo termine siendo sostenido fundamentalmente por policías retirados de jerarquías intermedias, mientras buena parte de quienes tuvieron responsabilidades superiores permanece al margen de la discusión.
El costo de reclamar dentro de una institución vertical
Torales también relató las dificultades que encontró al formular cuestionamientos desde el interior de la propia Policía y aseguró que llegó a enfrentar actuaciones disciplinarias por exponer públicamente estos problemas.
Incluso manifestó que un sumario iniciado años atrás por sus declaraciones todavía no habría sido cerrado, circunstancia que utilizó para ejemplificar las dificultades que encuentran los integrantes de estructuras fuertemente jerarquizadas cuando intentan plantear reclamos vinculados con sus propios derechos.
540 familias llevaron su reclamo al Congreso
La presencia del reclamo en el Congreso de la Nación modifica la dimensión política e institucional del conflicto.
Ya no se trata solamente de una controversia administrativa dentro de Tierra del Fuego, sino de una problemática previsional que involucra antecedentes del antiguo régimen territorial, relaciones entre Nación y Provincia y derechos que los retirados sostienen haber adquirido durante décadas de servicio.
Detrás de porcentajes, convenios, auditorías y aportes existen aproximadamente 540 familias que esperan conocer qué ocurrió con los recursos destinados a garantizar sus ingresos y su protección social después del retiro.
La exposición de Daniel Torales dejó planteada una pregunta que ahora también llegó al ámbito nacional: si durante décadas los policías realizaron los aportes que el sistema les exigía, quién debe responder cuando ese mismo sistema deja de garantizarles los beneficios para los cuales esos fondos fueron descontados.
Fuente consultada: Congreso de la Nación
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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