Seis policías, un vendedor de paltas y una política de seguridad que convierte la informalidad en sospecha

Un episodio ocurrido el 22 de octubre en la esquina de Avenida Rivadavia y Acoyte, en el barrio porteño de Caballito, ofrece una imagen particularmente elocuente de las consecuencias que puede producir una determinada concepción de la seguridad pública cuando comienza a extenderse sobre conductas que pertenecen, antes que nada, al terreno de la informalidad económica, la regulación administrativa y el uso del espacio público.

El registro audiovisual fue realizado por el periodista Fernando Borroni, quien además intervino directamente durante el procedimiento, junto con otros vecinos que se acercaron al advertir lo que estaba ocurriendo. En las imágenes puede observarse a un joven que vendía paltas y ajos sobre una caja de cartón, rodeado por varios integrantes de la Policía de la Ciudad, con un patrullero y motocicletas policiales en las inmediaciones, mientras buena parte de su mercadería terminaba desparramada sobre la vereda.

Borroni y otras personas presentes comenzaron a preguntar qué había sucedido y por qué se había llegado a esa situación. En uno de los intercambios registrados, una mujer preguntó quién había arrojado la mercadería y uno de los policías respondió que no habían sido los efectivos, sino el propio vendedor. Inmediatamente, la mujer sostuvo que el joven había reaccionado de esa manera porque, según su testimonio, los policías llevaban aproximadamente “media hora” hostigándolo.

Uno de los agentes rechazó esa caracterización y respondió que no lo estaban acosando, sino que se le estaba hablando “como corresponde”. La mujer insistió en que ya había pasado anteriormente por el lugar y que había podido observar cómo se desarrollaba la intervención.

Es importante mantener esa distinción porque el video, por sí solo, no permite determinar cuánto tiempo llevaba efectivamente desarrollándose el procedimiento ni establecer de manera concluyente cómo terminó la mercadería en el suelo. La afirmación sobre el supuesto hostigamiento pertenece a una vecina que asegura haber presenciado parte de la secuencia anterior, mientras que los policías lo niegan expresamente. Lo que las imágenes sí documentan es la presencia de varios efectivos alrededor de un vendedor ambulante visiblemente alterado, la mercadería dispersa sobre el piso y una creciente intervención de ciudadanos que comienzan a cuestionar públicamente la proporcionalidad de aquello que estaban observando.

Ese fenómeno, en el que ciudadanos dejan de comportarse como simples espectadores y comienzan a filmar, preguntar e interpelar directamente a los agentes durante un procedimiento, viene apareciendo cada vez con mayor frecuencia en la Ciudad de Buenos Aires. En trabajos anteriores hemos señalado que esa vigilancia ciudadana puede convertirse en una forma de trazabilidad social de la actuación estatal, porque permite reconstruir posteriormente qué ocurrió, pero también modifica el propio desarrollo de la intervención: el ciudadano ya no sólo es observado por el Estado, sino que comienza simultáneamente a observar a quien lo controla.

El problema no empieza con los policías que aparecen en el video

Reducir lo ocurrido en Caballito a una supuesta confrontación entre policías y vecinos sería quedarse en la superficie del problema, porque los agentes que aparecen en las imágenes constituyen el último eslabón de una cadena política, administrativa y jerárquica mucho más extensa.

La cuestión central consiste en preguntarse por qué un vendedor de paltas y ajos termina convertido en objeto de una intervención policial de esas características y, sobre todo, qué concepción de la seguridad pública hace posible que situaciones vinculadas con la venta ambulante sean absorbidas progresivamente por el aparato policial.

La respuesta no surge solamente de una interpretación crítica externa. La propia gestión de Jorge Macri ha colocado expresamente la lucha contra manteros, trapitos, ocupaciones del espacio público y otras conductas de naturaleza heterogénea dentro del mismo discurso político sobre seguridad, orden y cumplimiento de la ley.

El 14 de octubre de 2026, durante la incorporación de 600 nuevos policías, Jorge Macri afirmó que no discutiría si “un trapito que extorsiona, un mantero que ocupa una vereda, o un violento que ataca a un policía” debían afrontar las consecuencias de sus actos. La enumeración resulta significativa porque coloca dentro de una misma construcción discursiva situaciones muy diferentes entre sí, desde una agresión violenta contra un funcionario policial hasta la ocupación de una vereda por parte de un vendedor informal.

La misma orientación aparece en otros documentos oficiales. El Gobierno porteño ha presentado como parte de sus logros en materia de seguridad y orden público los grandes operativos destinados a retirar manteros y vendedores ilegales de distintos sectores de la Ciudad, al tiempo que ha vinculado esas intervenciones con la recuperación del espacio público y el fortalecimiento de la autoridad estatal.

En marzo de 2026, al dirigirse a futuros integrantes de la Policía de la Ciudad, Jorge Macri volvió a incluir dentro del balance de su política de seguridad la recuperación del espacio público y la expulsión de manteros, junto con la reducción de delitos y la incorporación de nuevos efectivos.

Más recientemente, el Gobierno de la Ciudad impulsó además una reforma del Código Contravencional que prevé sanciones de hasta decenas de millones de pesos para determinadas modalidades de venta ilegal en el espacio público, dentro de una reforma presentada oficialmente bajo el área de Seguridad.

No estamos, por lo tanto, ante hechos aislados ni ante policías que un día decidieron espontáneamente convertir a los vendedores ambulantes en una prioridad operativa. Existe una decisión política explícita de incorporar determinadas formas de informalidad urbana dentro del universo de problemas que deben ser tratados desde la lógica del orden y la seguridad.

Cuando todo se transforma en un problema de seguridad

La venta ambulante puede estar regulada, restringida o prohibida en determinados espacios y el Estado posee facultades para controlar esas normas. La discusión no consiste en negar esa potestad ni en sostener que toda utilización del espacio público resulta legítima por el solo hecho de estar vinculada con una necesidad económica.

El problema comienza cuando desaparecen las diferencias entre categorías que deberían permanecer claramente separadas.

Una cosa es el delito violento, otra una contravención, otra una infracción administrativa, otra una actividad comercial sin autorización y otra muy distinta una situación de vulnerabilidad económica. Cuando todas ellas comienzan a presentarse bajo una misma narrativa de “orden”, “seguridad” y “recuperación del espacio público”, la consecuencia casi inevitable es que la Policía termina convirtiéndose en la herramienta destinada a resolver conflictos cuya naturaleza original no era policial.

Eso es precisamente lo que vuelve significativo el episodio registrado por Fernando Borroni.

No había allí, al menos en las imágenes conocidas, una organización criminal, un robo en desarrollo, una amenaza armada ni una situación que aparentemente pusiera en peligro inmediato la integridad de terceros. Había un joven vendiendo alimentos sobre una caja de cartón y un despliegue policial que terminó generando la reacción de quienes transitaban por el lugar.

La imagen puede parecer menor frente a los grandes debates sobre criminalidad, homicidios, narcotráfico o violencia urbana, pero justamente por eso resulta reveladora. Permite observar cómo una política de seguridad desciende desde las definiciones generales del poder político hasta situaciones extremadamente cotidianas y termina produciendo encuentros concretos entre policías, trabajadores informales y ciudadanos.

Una política de seguridad que desgasta también a la Policía

Existe además una consecuencia que suele quedar fuera de estas discusiones: semejante estrategia termina perjudicando a los propios policías.

Cuando desde el poder político se amplía constantemente aquello que debe ser considerado un asunto de seguridad, también se amplía el número de conflictos sociales en los cuales se obliga al personal policial a intervenir. El agente recibe una orden, cumple un procedimiento, se acerca a una persona, solicita documentación, controla una actividad o exige el cumplimiento de determinada disposición, pero luego debe enfrentar personalmente la reacción social que esa decisión genera.

La política se diseña en despachos, los objetivos se establecen en niveles superiores y las órdenes descienden por una cadena jerárquica, mientras que el policía que termina cara a cara con el ciudadano es quien absorbe el costo inmediato de esa política. Ese mecanismo ya aparece claramente en otros procedimientos porteños, donde el agente queda expuesto frente a vecinos que filman, preguntan y cuestionan una intervención cuya orientación general no fue determinada por él.

En Rivadavia y Acoyte ocurrió precisamente eso. Los policías intentaban justificar la intervención frente a ciudadanos que les exigían explicaciones, mientras las preguntas verdaderamente importantes permanecían fuera de cuadro: quién dispuso el procedimiento, qué organismo lo solicitó, cuáles fueron las instrucciones impartidas, qué nivel de respuesta se consideraba necesario y por qué terminaron concentrándose varios efectivos alrededor de un vendedor de paltas y ajos.

Cuando la cadena de responsabilidad no se reconstruye hacia arriba, la discusión termina inevitablemente concentrada sobre quien lleva el uniforme.

La política obtiene el resultado operativo, pero el policía recibe el reproche social.

El costo de convertir pobreza visible en problema policial

La política de Jorge Macri parte de una concepción explícita según la cual recuperar el orden urbano constituye una dimensión central de la seguridad, y dentro de esa estrategia los manteros y vendedores callejeros han sido señalados reiteradamente como parte del problema que debe ser removido del espacio público.

El riesgo aparece cuando esa construcción termina desplazándose desde conductas concretas hacia determinados tipos de personas.

El vendedor ambulante comienza entonces a ser observado no solamente como alguien que eventualmente infringe una regulación comercial, sino como un sujeto asociado al desorden urbano y, por esa vía, incorporado al campo de la sospecha.

Allí aparece un mecanismo que venimos señalando desde la Doctrina de la Sospecha Permanente: el foco deja de colocarse exclusivamente sobre una conducta objetivamente riesgosa y comienza a desplazarse hacia categorías sociales visibles cuya mera presencia activa mecanismos de control.

En ese marco, pobreza, informalidad y sospecha comienzan a aproximarse peligrosamente.

La Ciudad puede exhibir estadísticas favorables sobre determinados delitos y sostener que su estrategia ha producido resultados. Esa discusión merece analizarse con datos y sin prejuicios. Sin embargo, ninguna mejora estadística vuelve irrelevante otro componente fundamental de cualquier política de seguridad democrática: la legitimidad social de la institución policial.

Cuando los procedimientos comienzan a producir sistemáticamente teléfonos levantados, vecinos agrupándose alrededor de los agentes y ciudadanos que sienten la necesidad de vigilar a quien los vigila, aparece una señal política que merece atención. En trabajos recientes ya advertíamos que una estrategia basada en controles intensivos sobre poblaciones visibles puede terminar erosionando la confianza comunitaria y convirtiendo procedimientos ordinarios en escenas de confrontación colectiva.

Una mala política puede convertir a todos en adversarios

El episodio registrado por Fernando Borroni permite observar finalmente una paradoja que debería preocupar tanto a quienes defienden los derechos ciudadanos como a quienes reivindican la función policial.

El vendedor ve a la Policía como una amenaza contra su medio de subsistencia; los vecinos interpretan que deben acercarse para protegerlo y controlar a los agentes; los policías perciben que una intervención que consideran legítima o que simplemente les fue ordenada comienza a transformarse en un cuestionamiento colectivo; y el Estado termina enfrentando entre sí a personas que probablemente no deberían ser adversarias.

Eso es precisamente lo que una política de seguridad debería evitar.

La seguridad pública necesita autoridad, cumplimiento de la ley y capacidad efectiva para intervenir frente al delito, pero necesita igualmente proporcionalidad, diferenciación de problemas y una correcta asignación de los recursos estatales. Utilizar policías para responder sistemáticamente a fenómenos esencialmente sociales, comerciales o administrativos puede producir la apariencia inmediata de orden, pero también genera costos institucionales que después resultan mucho más difíciles de reparar.

El video de Rivadavia y Acoyte no debería analizarse, por lo tanto, preguntando solamente si los policías actuaron correctamente aquella tarde o si una vecina exageró al hablar de media hora de hostigamiento.

La pregunta de fondo es anterior y mucho más importante: ¿Qué política de seguridad decidió que un joven vendiendo paltas y ajos debía convertirse en objeto de semejante intervención policial?

Mientras esa pregunta no se formule, seguiremos observando únicamente al último eslabón de la cadena.

Y detrás de cada policía cuestionado continuará permaneciendo fuera de cuadro la decisión política que lo puso allí.

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