En las redes no vale todo

Las redes sociales ampliaron como nunca antes la posibilidad de expresarse, discutir, denunciar, polemizar y confrontar ideas. Ese ensanchamiento del espacio público constituye una conquista que debe ser defendida, particularmente frente a cualquier tentación de convertir la incomodidad, la crítica severa o la irreverencia en objetos de persecución.

Pero defender la libertad de expresión no obliga a aceptar una conclusión absurda: que en las redes vale todo.

No vale todo.

Y el principio debe ser exactamente el mismo cuando la víctima es un legislador, un policía, un periodista, un dirigente sindical, un militante político, un empresario, un juez o cualquier ciudadano anónimo.

Un caso que permite pensar una regla general

La investigación iniciada a partir de las amenazas recibidas por Waldo Wolff y su familia terminó mediante una instancia de mediación penal. Santiago Peralta reconoció la autoría de los mensajes, expresó su arrepentimiento, pidió disculpas y aceptó compromisos reparadores relacionados con el Museo Ana Frank y el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Wolff aceptó esas disculpas.

Hay allí un aspecto que merece ser especialmente destacado.

No solamente funcionó una investigación capaz de determinar la responsabilidad por expresiones que habían atravesado la frontera de la discusión política para ingresar en el terreno de las amenazas. También hubo una instancia posterior en la cual quien había realizado esas expresiones pudo reconocer lo sucedido, comprender la gravedad de sus actos, disculparse y acordar con quienes habían resultado agraviados una forma de reparación.

En tiempos en que buena parte de la discusión pública parece organizada alrededor de la lógica de destruir al adversario, esa posibilidad no es menor.

Reconocer un error no disminuye a una persona. En determinados casos puede demostrar exactamente lo contrario: la capacidad de revisar una conducta, asumir consecuencias y modificarla.

El límite no puede tener nombre y apellido

El problema aparece cuando las sociedades reconocen determinadas agresiones solamente cuando afectan a quienes consideran merecedores de protección.

Si una amenaza es intolerable cuando se dirige contra un dirigente político, también debe serlo cuando se dirige contra un trabajador.

Si una expresión discriminatoria merece reproche cuando afecta a una comunidad religiosa, debe merecerlo también cuando la víctima pertenece a cualquier otro grupo social.

Si la familia de una figura pública debe quedar fuera de la violencia política, también deben quedar fuera las familias de policías, periodistas, funcionarios, sindicalistas, empresarios, jueces o militantes.

El derecho no puede funcionar según la simpatía que despierte la víctima.

Tampoco la convivencia democrática.

Porque el problema comienza cuando se instala una suerte de geografía moral del agravio, donde algunas personas reciben protección inmediata mientras otras deben soportar amenazas, hostigamientos o campañas de humillación bajo el argumento de que “se lo merecen”, “son parte del sistema”, “son funcionarios”, “son policías”, “son periodistas” o simplemente pertenecen al sector político equivocado.

Ese doble estándar termina destruyendo el principio que supuestamente pretende proteger.

Criticar no es amenazar

También es necesario evitar el extremo contrario.

Una sociedad democrática necesita tolerar palabras ásperas, críticas profundas, sátiras, acusaciones políticas, denuncias periodísticas e incluso expresiones que resulten desagradables o provocadoras.

No todo insulto constituye un delito.

No toda expresión ofensiva puede transformarse en una causa penal.

No toda polémica debe terminar en una fiscalía.

La respuesta democrática frente a una opinión cuestionable suele ser más debate, más información y más argumentos, no necesariamente más derecho penal.

Pero existe una frontera.

Cuando la palabra deja de cuestionar una idea y comienza a intimidar a una persona; cuando incorpora amenazas concretas contra ella o su familia; cuando busca generar temor mediante referencias discriminatorias o violentas, ya no estamos solamente ante una discusión acerca del buen gusto.

Estamos ante otra cosa.

La dificultad consiste precisamente en defender simultáneamente ambas fronteras: proteger la libertad de expresión frente a su criminalización excesiva y proteger a las personas frente a amenazas reales.

Las redes no son territorio sin ley

Durante muchos años se instaló la idea de que Internet constituía una suerte de territorio separado de la vida real.

No lo es.

Quien escribe detrás de una pantalla continúa siendo responsable de aquello que hace. Una amenaza enviada por Instagram no deja de ser amenaza porque fue escrita desde un teléfono celular. Una campaña de hostigamiento no pierde sus efectos porque se desarrolla en X, Facebook o cualquier otra plataforma.

La investigación del caso Wolff mostró además que las comunicaciones digitales dejan rastros y que las herramientas técnicas disponibles pueden permitir reconstruir su origen. La División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad intervino en el rastreo de los mensajes y la pesquisa derivó en un allanamiento en Florencio Varela y en el secuestro de teléfonos celulares.

Por eso también conviene abandonar aquella vieja sensación de anonimato absoluto.

Las redes pueden multiplicar una voz, pero no eliminan automáticamente la responsabilidad de quien la utiliza.

Una salida que vale más que la mera sanción

Hay algo todavía más interesante en este expediente.

El resultado no consistió solamente en identificar a un responsable y castigarlo.

Hubo una instancia de reconocimiento.

Peralta pidió disculpas, aceptó que sus expresiones habían cruzado límites injustificables y participó de actividades relacionadas con la memoria del Holocausto. Según lo informado, el propio acusado señaló posteriormente que había comprendido que las diferencias políticas no podían justificar agravios y amenazas.

Esa dimensión pedagógica merece atención.

El derecho penal puede imponer una sanción. Pero una sociedad también necesita mecanismos capaces de reconstruir aquello que fue quebrado.

Cuando existe reconocimiento genuino del daño, aceptación de responsabilidad y acuerdo con quienes fueron afectados, la reparación puede producir algo que ninguna sentencia consigue por sí sola: aprendizaje social.

Por supuesto, no todos los hechos admiten esta clase de solución. La gravedad, la reiteración, las circunstancias y el riesgo concreto siempre importan.

Pero cuando es posible, una justicia que consigue que alguien comprenda por qué estuvo mal aquello que hizo probablemente haya alcanzado algo más profundo que una simple condena escrita en un expediente.

La regla debe valer para todos

Este caso deja entonces una enseñanza que debería trascender a sus protagonistas.

No vale todo en las redes.

No vale amenazar.

No vale perseguir familias.

No vale convertir una diferencia política en autorización para degradar al otro hasta despojarlo de su condición de persona.

Pero tampoco vale invocar estos principios solamente cuando el agraviado pertenece a nuestro propio espacio político, religioso, profesional o ideológico.

La prueba verdadera comienza cuando debemos defender el mismo límite para alguien con quien discrepamos profundamente.

Ahí se sabe si estamos defendiendo un principio o simplemente a los nuestros.

La libertad de expresión necesita límites cuidadosamente definidos para continuar siendo libertad y no convertirse en intimidación. Y esos límites, precisamente porque son democráticos, no pueden depender de quién habla ni de quién recibe el agravio.

El episodio protagonizado por Santiago Peralta puede terminar ofreciendo una enseñanza más valiosa que la amenaza que le dio origen: hubo investigación, hubo responsabilidad, pero también hubo reconocimiento, disculpas y acuerdo con los afectados.

En una época acostumbrada a la escalada permanente, a la humillación pública y a la imposibilidad de retroceder una palabra, poder decir “me equivoqué” también constituye una forma de reconstruir convivencia.

Porque discutir de todo es necesario.

Amenazar a cualquiera, no.

Y esa regla debe valer para todos.