El fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitó el procesamiento de la médica forense Virginia Creimer por considerar que habría colaborado con Marcos Herrero, condenado a siete años de prisión por introducir pruebas falsas en la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro. La acusación se concentra en el controvertido hallazgo de una supuesta turmalina durante un procedimiento realizado en 2021.
La situación judicial de la médica forense Virginia Creimer sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez solicitara su procesamiento como presunta partícipe necesaria del delito de falso testimonio agravado.
La investigación se desprende de las irregularidades detectadas en los procedimientos realizados durante la búsqueda de Facundo Astudillo Castro y, particularmente, de las maniobras atribuidas a Marcos Darío Herrero, el hombre que se presentaba como especialista en rastreo con perros y que ya fue condenado a siete años de prisión por introducir información y elementos falsos en aquella investigación.
La noticia fue publicada por La Brújula 24, medio que viene siguiendo desde hace años las derivaciones judiciales de aquellas actuaciones.
La turmalina de Teniente Origone
El episodio central de la acusación contra Creimer ocurrió el 18 de febrero de 2021, durante una inspección realizada en el puesto policial de Teniente Origone.
Herrero participaba del procedimiento con sus perros, cuyas supuestas capacidades de rastreo habían sido utilizadas para buscar elementos vinculados con Facundo.
Durante aquella intervención, Creimer encontró una pequeña piedra negra que fue presentada como una posible turmalina perteneciente al joven desaparecido.
El problema surgió posteriormente.
El lugar ya había sido inspeccionado anteriormente sin que apareciera ese objeto y los estudios realizados no permitieron establecer una vinculación entre la piedra y Astudillo Castro.
Para la Fiscalía, el hallazgo podría no haber sido casual.
Una pregunta antes del hallazgo
Entre los elementos considerados por el fiscal aparece el testimonio de una integrante de Gendarmería Nacional, quien sostuvo que Creimer había preguntado si estaban buscando una turmalina antes de que apareciera la piedra.
La circunstancia resulta especialmente relevante porque fue posteriormente la propia médica quien localizó el objeto.
La Fiscalía también cuestiona que Creimer solicitara agua para limpiar la piedra después de encontrarla, una práctica susceptible de alterar o eliminar eventuales rastros que pudieran tener interés pericial.
Según la hipótesis acusatoria, su intervención habría contribuido a proporcionar apariencia de legitimidad científica a un procedimiento que posteriormente quedó severamente cuestionado.
Herrero ya fue condenado
El antecedente central es la condena dictada el 22 de abril de 2025 contra Marcos Darío Herrero.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca lo condenó a siete años de prisión por falso testimonio agravado.
Durante el juicio fueron examinadas distintas intervenciones en las que Herrero había asegurado detectar rastros vinculados con Facundo Astudillo Castro.
Sin embargo, posteriores análisis científicos desacreditaron varios de aquellos supuestos hallazgos.
Elementos presentados como rastros de sangre no correspondían a sangre; objetos atribuidos al joven produjeron resultados negativos en los estudios genéticos y hasta restos óseos que inicialmente se intentaron vincular con Facundo terminaron identificados como huesos de origen animal.
La gravedad institucional del episodio reside precisamente allí: datos sin respaldo suficiente ingresaron en una investigación judicial extremadamente sensible y contribuyeron a fortalecer determinadas hipótesis sobre lo ocurrido.
De perito a investigada
Durante el juicio contra Herrero surgieron elementos que llevaron a profundizar la investigación sobre otras personas que habían participado en los procedimientos.
Creimer fue posteriormente llamada a declaración indagatoria y quedó formalmente imputada.
Su defensa sostiene que la médica desconocía que el supuesto hallazgo de la turmalina podía formar parte de una maniobra preparada por Herrero.
El abogado Oscar Rodríguez negó que existiera prueba de un acuerdo previo entre ambos y destacó que no se encontraron comunicaciones que acreditaran una coordinación destinada a introducir pruebas falsas.
La estrategia defensiva consiste, por lo tanto, en diferenciar la responsabilidad ya establecida judicialmente respecto de Herrero de la actuación de Creimer.
La Fiscalía interpreta los mismos acontecimientos de otra manera.
Para Martínez, los testimonios, registros audiovisuales y demás elementos incorporados a la causa permitirían sostener que la participación de la médica habría resultado necesaria para otorgar credibilidad al supuesto hallazgo.
El problema de la prueba que fabrica una hipótesis
Más allá de las responsabilidades individuales que finalmente determine la Justicia, el expediente plantea un problema institucional de enorme importancia.
Una pericia no constituye simplemente una opinión más dentro de una investigación.
La intervención de médicos, laboratorios, especialistas, rastreadores y otros auxiliares técnicos posee una autoridad particular porque sus conclusiones pueden modificar el rumbo de una causa, fortalecer hipótesis, justificar nuevas medidas y afectar directamente la situación de personas investigadas.
Por eso, cuando una evidencia aparece cuestionada por haber sido introducida artificialmente, el problema excede al objeto concreto.
Lo que queda comprometido es la cadena de construcción de la verdad judicial.
Una piedra, un supuesto rastro de sangre, un resultado genético o un hallazgo realizado por un perro pueden parecer elementos aislados. Pero una vez incorporados formalmente a un expediente comienzan a producir consecuencias.
Orientan investigaciones.
Generan sospechas.
Condicionan decisiones.
Y pueden terminar afectando la vida y la reputación de personas sobre las cuales todavía no existe ninguna responsabilidad demostrada.
Cuando la sospecha se construye desde la prueba
El caso posee además una particular sensibilidad porque la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro estuvo atravesada por fuertes sospechas sobre la actuación policial.
Precisamente por eso, la eventual incorporación de evidencia falsa adquiere una gravedad adicional.
Si una hipótesis de responsabilidad estatal se construye, total o parcialmente, sobre elementos adulterados o introducidos de manera irregular, el daño no alcanza únicamente a quienes resultaron injustamente sospechados.
También perjudica la búsqueda de la verdad sobre la propia víctima.
La investigación seria de posibles hechos de violencia institucional necesita pruebas sólidas precisamente porque la gravedad de esas acusaciones exige el mayor nivel posible de rigor.
Controlar a las fuerzas de seguridad no significa reducir los estándares probatorios.
Debería significar exactamente lo contrario.
La decisión ahora corresponde al juez
El requerimiento fiscal deberá ser analizado por el juez federal López Da Silva, quien tendrá que determinar si existen elementos suficientes para procesar a Virginia Creimer.
La médica se encuentra investigada como presunta partícipe necesaria de falso testimonio agravado.
El pedido del fiscal no constituye una condena ni significa que Creimer haya sido declarada culpable. La responsabilidad penal deberá establecerse mediante el correspondiente proceso judicial y con pleno ejercicio del derecho de defensa.
Ese punto es fundamental.
La misma exigencia de rigor que debe aplicarse a una pericia también debe aplicarse a quien hoy se encuentra acusada de haber intervenido irregularmente en ella.
No corresponde reemplazar una presunción por otra.
Lo que corresponde es reconstruir qué ocurrió, quién sabía qué cosa, qué participación tuvo cada persona y qué evidencias concretas permiten sostener cada afirmación.
El caso Astudillo Castro dejó demasiadas preguntas abiertas y demasiadas controversias alrededor de la producción de prueba.
Precisamente por eso, la respuesta no puede ser otra sospecha convertida apresuradamente en certeza.
Tiene que ser más prueba, más control y más rigor.
Porque cuando la Justicia investiga hechos graves, la verdad no puede fabricarse para que encaje en una hipótesis.
Debe encontrarse.
Fuente principal: La Brújula 24.
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