Rodrigo Mazzuchini, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, contó que la entidad expuso sus objeciones ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura. Cuestionó el alcance de las intervenciones territoriales, los allanamientos y las facultades que el proyecto atribuiría a fiscales y fuerzas de seguridad.
El proyecto de reforma de distintas leyes impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro fue el eje de la entrevista al abogado Rodrigo Mazzuchini, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, en el programa radial Se presume culpable. El profesional informó que la entidad presentó sus observaciones ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, que recibió a sus representantes en la ciudad de Santa Fe.
La iniciativa incluye modificaciones al Código Procesal Penal, la Ley de Ejecución Penal, el sistema de inteligencia, el Fondo de Recompensas, la Ley Orgánica Policial y el Código de Faltas, según se detalló durante la emisión. Mazzuchini sostuvo que el proyecto requiere un análisis profundo porque, a su entender, algunas de sus disposiciones ampliarían la capacidad de intervención de la Policía y del Ministerio Público de la Acusación sin establecer controles suficientes.
La preocupación por las intervenciones en los barrios
Uno de los principales cuestionamientos del abogado se dirigió a las facultades para delimitar zonas de intervención especial. Según su interpretación, una investigación localizada podría habilitar operativos y registros sobre un área más extensa, con consecuencias para personas que viven, trabajan o simplemente circulan por ese sector sin estar vinculadas con el hecho investigado.
Mazzuchini advirtió que, en determinados supuestos, esas intervenciones podrían realizarse sin una orden judicial previa. Durante la entrevista planteó que la definición de los límites de la zona quedaría en manos de las autoridades que ejecuten el operativo y alertó sobre el riesgo de que una sospecha puntual termine habilitando controles generalizados.
El abogado también señaló que las modificaciones al Código de Faltas podrían generar sanciones para quienes cuestionen o resistan una intervención. En ese marco, sostuvo que un trabajador que regresa a su casa o se dirige a su empleo podría quedar expuesto a una actuación policial en su propio barrio y enfrentar consecuencias si intenta objetar un procedimiento. Sus afirmaciones expresan la lectura y las objeciones presentadas por la Asociación; el alcance concreto de cada medida deberá determinarse a partir del texto del proyecto y su tratamiento legislativo.
Las facultades fiscales y la demolición de inmuebles
Otro punto abordado fue la posibilidad de que un fiscal disponga la demolición de un inmueble sin dar intervención previa a la persona afectada, modalidad que durante la entrevista fue caracterizada como una decisión inaudita parte. Mazzuchini planteó el caso de una vivienda ocupada por terceros: si el inmueble quedara alcanzado por una medida vinculada con una investigación, su propietario podría verse afectado sin haber sido oído previamente.
El abogado cuestionó que decisiones de esa gravedad puedan quedar concentradas en el Ministerio Público sin un control judicial suficiente. También expresó reparos frente a disposiciones que, según su lectura, permitirían a los fiscales adoptar medidas con efectos concretos sobre derechos individuales antes de que un juez revise su legalidad.
“Una ley pensada desde la comodidad de los funcionarios”
Mazzuchini calificó el proyecto como “muy malo” y sostuvo que, aun cuando sus autores pudieran haber buscado resolver dificultades operativas de las áreas de seguridad y justicia, la iniciativa debía evaluarse por sus efectos sobre el conjunto de la ciudadanía. A su entender, el texto priorizaría las necesidades de quienes intervienen en los procedimientos y no ponderaría adecuadamente los derechos de las personas alcanzadas por esas medidas.
La crítica no estuvo dirigida únicamente a la Policía o a los fiscales como individuos, sino al diseño institucional que podría resultar de la reforma. El planteo del abogado fue que ampliar atribuciones estatales sin precisar límites, fundamentos y mecanismos de revisión puede trasladar el costo de la política de seguridad a vecinos y trabajadores que no son objeto de una investigación.
El debate que deberá resolver la Legislatura
La participación de la Asociación de Abogados Penalistas ante la Comisión de Asuntos Constitucionales abrió una instancia para discutir el contenido de la iniciativa y sus consecuencias prácticas. Mazzuchini dijo que la Legislatura los escuchó, aunque expresó incertidumbre sobre el resultado del tratamiento y anticipó que el proyecto podría aprobarse con modificaciones.
La discusión planteada en la entrevista enfrenta dos exigencias que deben ser consideradas conjuntamente: dotar al Estado de herramientas para investigar delitos y evitar que esas herramientas habiliten intervenciones amplias, sin control judicial oportuno o basadas en sospechas insuficientemente delimitadas. La respuesta legislativa deberá precisar quién decide, con qué fundamentos, bajo qué límites y qué vías tendrá una persona para cuestionar una medida que afecte su vivienda, su circulación o su actividad cotidiana.
Fuente: entrevista a Rodrigo Mazzuchini, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas, en el programa radial Se presume culpable.
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