SANTA FE: la política de seguridad convierte a jóvenes vulnerables en sospechosos

Una denuncia sobre reiterados controles a jóvenes Qom vuelve a exponer los riesgos de una política de seguridad que puede terminar confundiendo prevención con sospecha permanente.

Una publicación realizada por la docente Celina Veloteri denunció que jóvenes de la comunidad Qom de Las Lomas, Santo Domingo y Las Palmeras, que se trasladan por la ciudad de Santa Fe para participar de clases de carpintería dentro del programa Nueva Oportunidad, son sometidos reiteradamente a controles policiales que, según sostiene, terminan tratándolos como delincuentes. La denuncia habla expresamente de discriminación y racismo y señala una contradicción difícil de ignorar: mientras una política estatal busca integrar a jóvenes mediante actividades formativas y comunitarias, otra intervención del mismo Estado puede hacerlos experimentar el espacio público como un territorio de sospecha.

El episodio merece ser analizado sin simplificaciones. No alcanza con responsabilizar exclusivamente al policía que realiza el control, pero tampoco sería correcto convertirlo en un ejecutor carente de criterio propio, como si la existencia de una orden, una rutina o una directiva institucional bastara para justificar automáticamente cualquier intervención. Entre el diseño político de una estrategia de seguridad y el acto concreto que vive el ciudadano existe una cadena completa de responsabilidades que incluye conducción, mandos, formación profesional, supervisión y actuación individual.

El problema empieza en la política, pero no termina allí

Las políticas de seguridad fijan prioridades, distribuyen recursos, determinan territorios de intervención, establecen objetivos operativos y generan determinados incentivos dentro de las organizaciones policiales. Cuando una estrategia privilegia el control intensivo, la identificación permanente y la presencia ostensiva como indicadores de eficacia, puede crear condiciones para que determinados grupos sociales ingresen con mayor facilidad dentro del campo de atención policial.

Ese problema no debería reducirse a la conducta del agente que aparece frente al ciudadano. Si determinados jóvenes son controlados reiteradamente, corresponde preguntar quién diseñó la estrategia, qué instrucciones recibió el personal, qué criterios operativos fueron establecidos y qué mecanismos de supervisión existen para detectar si determinados perfiles sociales, territoriales, culturales o étnicos reciben una atención desproporcionada.

Pero reconocer esa dimensión institucional no significa borrar la responsabilidad profesional del policía. La cadena de mando explica cómo se organiza una institución jerarquizada; no transforma toda instrucción en una actuación automáticamente correcta.

Un policía profesional no puede actuar mecánicamente

El ejercicio de la función policial exige algo más que obediencia. Requiere conocimiento jurídico, formación técnica, capacidad de interpretar la situación concreta, comprensión de los límites de la propia autoridad y aptitud para advertir cuándo una orden, una práctica o un procedimiento pueden resultar improcedentes, desproporcionados o contrarios a derecho.

Decir que un funcionario “cumplía órdenes” no puede transformarse en una excusa universal. Una orden debe provenir de autoridad competente, encontrarse dentro del marco legal y ser ejecutada mediante procedimientos también legales. La profesionalidad incluye la capacidad de razonar sobre aquello que se está haciendo y no solamente la habilidad para ejecutarlo.

Esto resulta particularmente importante en intervenciones que afectan directamente derechos y libertades. Una identificación, una requisa, una demora o cualquier otra forma de control estatal no deberían realizarse como actos vacíos de fundamento, repetidos mecánicamente porque “siempre se hizo así” o porque determinado grupo social fue incorporado informalmente a una categoría de riesgo.

Las falencias de formación también producen malas prácticas

Existe además una responsabilidad institucional específica en la formación policial. Cuando la capacitación privilegia la ejecución operativa y relega el razonamiento jurídico, la comunicación con el ciudadano, los derechos humanos, la proporcionalidad y la evaluación situacional, aumenta la posibilidad de que herramientas legítimas terminen siendo aplicadas de manera arbitraria.

No toda mala práctica surge de una orden política expresa. Algunas nacen y se reproducen mediante hábitos, rutinas institucionales, culturas profesionales deficientes, prejuicios, falta de supervisión o insuficiente formación de los propios funcionarios.

Por eso una política de seguridad seria debería evaluar no solamente cuántos controles se realizan, sino también cómo se realizan, por qué se selecciona a determinadas personas, cuáles son sus resultados y cuántas intervenciones carecen posteriormente de elementos que justifiquen la sospecha inicial.

Cuando el foco empieza a preceder a la conducta

Aquí aparece un problema que puede observarse mediante la Teoría del Foco y la Vara. El foco permite preguntar quién ingresa con mayor facilidad en el campo de observación institucional. La cuestión no consiste en negar que la Policía pueda controlar, sino en determinar sobre qué elementos concretos decide hacerlo.

Si la selección se apoya en una conducta verificable, una circunstancia objetiva o información razonablemente vinculada con una intervención, existe un fundamento que puede ser examinado. Pero si el territorio de procedencia, la apariencia, la pertenencia comunitaria, la condición social o determinados rasgos culturales comienzan a sustituir a la conducta, la lógica cambia profundamente.

En ese momento ya no se controla principalmente aquello que una persona hizo. Se empieza a controlar aquello que se presume que esa persona representa.

La reiteración denunciada respecto de jóvenes Qom obliga precisamente a formular esa pregunta. No corresponde afirmar, sólo a partir de una publicación, que cada una de las intervenciones haya respondido a discriminación racial. Sí corresponde exigir que pueda explicarse qué elementos objetivos justificaron los controles y por qué determinados jóvenes aseguran encontrarse repetidamente en el centro de esas intervenciones.

Un Estado que incluye con una mano no debería sospechar con la otra

La contradicción se vuelve todavía más evidente cuando los jóvenes señalados participan de una política de inclusión estatal. Según la denuncia, salen de sus barrios, muchas veces atravesando condiciones materiales muy difíciles, para asistir a talleres de carpintería donde fabrican juguetes de madera dentro del programa Nueva Oportunidad.

Allí el Estado intenta construir integración, formación, vínculos y posibilidades. Si durante ese mismo recorrido otra parte del aparato estatal los somete reiteradamente a una experiencia de sospecha, la política pública comienza a trabajar contra sí misma.

No alcanza con ofrecer oportunidades si simultáneamente se reproduce una relación institucional capaz de transmitir a esos mismos jóvenes que deben demostrar permanentemente que no son peligrosos.

Ni estigmatizar al joven ni convertir al policía en fusible

Este tipo de situaciones suele producir una falsa confrontación entre sectores vulnerables y trabajadores policiales. El joven experimenta el control como hostigamiento y el policía queda expuesto como rostro visible de una estrategia que muchas veces fue definida mucho más arriba.

Pero el concepto de policía como fusible no debe interpretarse como ausencia de responsabilidad. El funcionario puede recibir sobre sí las consecuencias de una decisión política o institucional que no diseñó y, al mismo tiempo, continuar siendo responsable por la manera concreta en que ejerce sus facultades.

La trazabilidad debe, por eso, funcionar en ambas direcciones. Hacia arriba, para establecer quién diseñó la política, quién impartió instrucciones, qué objetivos se fijaron y qué controles existieron. Hacia abajo, para determinar cómo se ejecutó la intervención, qué decisiones adoptó el funcionario y si su actuación respetó los límites legales y profesionales correspondientes.

Subir por la cadena de mando no significa borrar las responsabilidades intermedias ni individuales. Significa impedir que toda la responsabilidad termine depositada en el último eslabón visible.

Las redes replicaron la discusión

La publicación generó además una fuerte repercusión en redes sociales, donde aparecieron posiciones claramente enfrentadas. Algunos usuarios defendieron los controles como parte del trabajo preventivo y repitieron expresiones como “el que nada debe, nada teme”, mientras otros denunciaron “portación de cara”, selección por apariencia, color de piel o pertenencia territorial, e incluso relataron experiencias semejantes con familiares jóvenes. También surgieron comentarios que, aun respaldando la tarea policial, reclamaron que los controles se realicen con criterios objetivos, respeto y sin convertir determinados rasgos sociales en atajos para la sospecha. La discusión confirma que el problema excede un episodio aislado: lo que está en debate es qué entendemos por prevención, hasta dónde puede llegar un control rutinario y qué garantías deben existir para impedir que la seguridad termine naturalizando una ciudadanía diferencial.

La seguridad democrática necesita criterio, no automatismos

Una política de seguridad democrática puede realizar controles, identificar personas e intervenir preventivamente cuando existan razones suficientes. Lo que no debería aceptar es que la prevención se transforme en una rutina incapaz de explicar por qué determinadas personas ingresan una y otra vez en el campo de sospecha.

Tampoco puede formar policías para obedecer sin pensar. Una institución profesional necesita agentes capaces de comprender la ley, evaluar las circunstancias, reconocer los límites de una orden y explicar razonablemente por qué ejercen determinada facultad sobre un ciudadano.

El desafío no consiste en elegir entre proteger a los jóvenes o proteger a los policías. Consiste en construir una política de seguridad que no convierta a los primeros en sospechosos permanentes ni a los segundos en ejecutores mecánicos o fusibles de decisiones ajenas.

Cuando una intervención estatal afecta derechos, la pregunta democrática debe recorrer toda la cadena: quién decidió, quién ordenó, cómo se formó al personal, quién supervisó y qué hizo finalmente el funcionario frente al ciudadano.

Sólo entonces es posible distinguir una política de seguridad profesional de una simple acumulación de controles.