La abogada Antonella Travesaro, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, cuestionó el paquete de proyectos que se debate en Santa Fe. Señaló riesgos en las demoras de hasta 48 horas, los interrogatorios policiales sin defensa y el acceso a teléfonos celulares. El tratamiento legislativo está previsto para este jueves.
El paquete de iniciativas de seguridad impulsado por el Gobierno de Santa Fe volvió al centro del debate legislativo. La propuesta reúne cambios al Código Procesal Penal y a otras normas, e incluye nuevas facultades para la Policía y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). Entre los puntos discutidos figuran las zonas de intervención policial especial y la posibilidad de demorar personas hasta 48 horas para verificar su identidad.
En una entrevista, la abogada penalista Antonella Travesaro, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario y del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Abogados de esa ciudad, sostuvo que el proyecto puede debilitar garantías constitucionales y convencionales. La entidad, contó, analizó el texto y presentó un informe ante la Legislatura.
“La preocupación es la cantidad de facultades”
Travesaro planteó que, aunque el paquete se presenta como una herramienta para combatir el delito, su análisis debe incluir los controles sobre el uso de esas facultades. Según su lectura, la reforma otorgaría más atribuciones a fiscales y policías y dejaría al juez en una posición posterior frente a decisiones que pueden afectar derechos.
Entre las medidas que cuestionó mencionó la creación de zonas de intervención policial especial, los interrogatorios sin presencia de un abogado defensor y las demoras de hasta 48 horas para averiguar la identidad de una persona. Advirtió que el proyecto debe precisar en qué carácter podría ser interrogada o demorada: como testigo, imputada o bajo otra condición.
La abogada también expresó preocupación por el acceso a teléfonos celulares en el marco de una investigación. Señaló que esos dispositivos contienen información personal —comunicaciones, búsquedas, movimientos y operaciones— y cuestionó que se habilite su revisión sin límites y controles suficientes.
El debate sobre las garantías y la seguridad
La propuesta oficial busca ampliar las herramientas estatales frente al delito y agilizar los procedimientos. Travesaro, en cambio, sostuvo que las facultades previstas pueden abrir un margen amplio de discrecionalidad y derivar en planteos de inconstitucionalidad si avanzan sin resguardos adecuados.
La letrada aclaró que cuestionar algunos mecanismos no equivale a oponerse a investigar delitos. El planteo, dijo, apunta a que la investigación se realice respetando las garantías y con controles judiciales efectivos. En la entrevista también advirtió que ampliar las tareas policiales sin atender las condiciones de trabajo y los recursos disponibles puede aumentar la carga sobre el personal.
El paquete incluye, además, cambios en materia penitenciaria, inteligencia criminal y otras herramientas de investigación. Su tratamiento en la Cámara de Diputadas y Diputados está previsto para este jueves, después de una ronda de consultas en la que participaron representantes del ámbito jurídico y otros sectores.
La discusión deja preguntas centrales para el debate legislativo: qué criterios habilitarían las intervenciones especiales, qué garantías tendría una persona demorada o interrogada y qué controles judiciales regirían sobre el acceso a información privada. Las respuestas definirán el alcance práctico de las reformas para la ciudadanía y para quienes deban aplicarlas.
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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