Las diferencias dentro de Unidos frenaron el tratamiento del proyecto en Diputados. La postergación abre unos días más para discutir una iniciativa que modifica facultades policiales y fiscales, habilita supuestos de allanamientos sin orden judicial y endurece las condiciones de detención.
La Cámara de Diputados de Santa Fe postergó por una semana el tratamiento del proyecto de Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. El oficialismo no logró cerrar un acuerdo interno, en particular con sectores del socialismo, y la sesión pasó a cuarto intermedio sin dictamen consensuado.
La decisión modifica el calendario legislativo, pero no resuelve las preguntas de fondo. El proyecto propone cambios en normas vinculadas con la investigación penal, las atribuciones de la Policía y los fiscales y el régimen penitenciario. Entre los puntos más discutidos está la ampliación de los supuestos para realizar allanamientos sin autorización judicial previa, especialmente en procedimientos relacionados con armas y teléfonos robados.
También se debate la posibilidad de establecer períodos de aislamiento sin visitas para personas detenidas consideradas de alta peligrosidad. Son medidas que requieren un análisis preciso sobre sus alcances, controles y consecuencias para los derechos de las personas detenidas y para quienes deben ejecutar las intervenciones.
Las objeciones no provienen de un solo sector. Según la información disponible, el debate recibió observaciones de la Corte Suprema provincial, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, colegios de abogados, especialistas en derecho penal y organizaciones civiles. La amplitud de esos cuestionamientos exige que la discusión legislativa explique qué problemas busca resolver cada disposición y qué garantías acompañarán las nuevas facultades.
La aprobación de la ley contra el mercado ilegal de celulares muestra que la Cámara pudo avanzar con otra iniciativa de seguridad. La reforma general, en cambio, quedó pendiente porque no hubo acuerdo sobre el alcance de las atribuciones y los controles. Esa diferencia merece atención: una política pública de seguridad no se evalúa por la cantidad de herramientas que concede, sino también por la claridad de sus límites, la supervisión prevista y las responsabilidades institucionales que establece.
La semana adicional debería servir para hacer públicas las modificaciones que se negocian, responder las observaciones recibidas y permitir que cada legislador fundamente su posición. La seguridad pública necesita instrumentos eficaces, pero también reglas comprensibles y controles capaces de prevenir abusos y proteger a la ciudadanía y al personal policial.
El proyecto volverá a la Cámara en siete días. La pregunta para el debate no es solo si el Ejecutivo debe contar con nuevas herramientas, sino qué herramientas, bajo qué condiciones y con qué garantías para quienes quedan sometidos a ellas y para quienes deben aplicarlas.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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