El Gobierno de Santa Fe inauguró en Rosario un moderno dispositivo destinado a la protección integral de niñas, niños y adolescentes, con 2.600 metros cuadrados, 190 profesionales, ocho salas de escucha y atención permanente.
La obra fue reconocida incluso por los propios trabajadores como una mejora necesaria después de años de funcionar en condiciones edilicias deficientes. Sin embargo, la ceremonia quedó atravesada por una protesta que expuso la otra cara del sistema: salarios inferiores a los 750.000 pesos en algunos sectores, falta de personal, contratos precarios y trabajadores que aseguran sentirse perseguidos hasta el punto de concurrir a manifestarse con sus rostros cubiertos.
El gobernador Maximiliano Pullaro inauguró el viernes 30 de octubre el nuevo Polo de la Niñez de Rosario, ubicado en Santa Fe y Sarmiento, un dispositivo que concentra buena parte de las intervenciones provinciales vinculadas con la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El edificio cuenta con aproximadamente 2.600 metros cuadrados, ocho salas de escucha, espacios lúdicos, un auditorio y guardias presenciales durante las 24 horas de los 365 días del año. Según la información oficial difundida antes de la inauguración, allí trabajarán alrededor de 190 profesionales y equipos interdisciplinarios.
La importancia de la obra no fue negada siquiera por quienes posteriormente protestaron frente al gobernador.
Juan Albano, delegado de ATE Rosario, sostuvo que el cambio de edificio era “una buena noticia” y recordó que se trataba de un reclamo de más de diez años. Según explicó, la sede anterior de la Secretaría, ubicada en cortada Ricardone, carecía de espacios adecuados para entrevistas y vinculaciones familiares, sufría inundaciones en el sótano y padecía recurrentes problemas de plagas.
Ese reconocimiento vuelve todavía más significativa la protesta.
El problema no son las paredes sino lo que ocurre detrás de ellas
Los trabajadores de la Secretaría de Niñez sostienen que la inversión edilicia contrasta con un sistema que continúa dependiendo de relaciones laborales precarias, salarios insuficientes y planteles que, según denuncian, no alcanzan para garantizar adecuadamente las tareas que la propia ley les exige.
Albano afirmó que en algunos Centros de Acción Familiar una o dos personas deben atender grupos de más de quince o veinte niños, pese a que determinadas situaciones requieren una atención mucho más personalizada. El dirigente gremial señaló que en esos espacios concurren además niños con medidas de protección integral dictadas por el Poder Judicial, lo que incrementa las responsabilidades de los equipos.
La denuncia resulta particularmente sensible porque no se refiere simplemente a una reivindicación salarial, sino a la capacidad concreta del Estado para cumplir con aquello que proclama.
Si un dispositivo de protección necesita un determinado número de trabajadores por niño y la dotación disponible se encuentra muy por debajo de ese parámetro, el problema deja de ser exclusivamente laboral y comienza a afectar la calidad de la política pública.
Trabajar con infancias vulneradas por menos de 750 mil pesos
ATE denunció además que trabajadoras de los CAF y de los cinco alojamientos dependientes de la Secretaría en Rosario perciben remuneraciones que en algunos casos no alcanzan los 750.000 pesos mensuales.
Según Albano, una de las modalidades utilizadas es la figura de “acompañante personalizado”, remunerada mediante una asistencia social mensual cercana a esa cifra. Otra modalidad frecuente sería la de asistente técnico, con salarios que, según el dirigente, alcanzarían en los mejores casos aproximadamente 850.000 pesos pero sin las garantías propias de una relación laboral estable.
El delegado describió este mecanismo como “fraude laboral” y sostuvo que personas contratadas bajo figuras formalmente vinculadas con asistencia política terminan realizando en la práctica tareas esenciales previstas por el sistema de protección de derechos.
También denunció falta de viáticos, ausencia de viandas en determinadas circunstancias y carencias vinculadas con la seguridad de quienes deben desplazarse a hospitales, barrios o residencias durante horarios nocturnos.
La descripción ofrece un contraste difícil de ignorar.
El Estado inaugura un edificio concebido para restituir derechos mientras una parte de quienes deben materializar esa restitución sostiene que trabaja sin condiciones laborales mínimamente equivalentes a la responsabilidad que se les exige.
“Sin personal, queda un depósito de pibes”
La expresión utilizada por Albano es particularmente dura, pero permite comprender la dimensión de la denuncia.
El dirigente sostuvo que, sin el personal necesario, los dispositivos corren el riesgo de convertirse simplemente en lugares de alojamiento sin capacidad suficiente para desarrollar proyectos de vida, seguimiento individual y procesos efectivos de restitución de derechos.
No atribuyó esa situación a negligencia de los trabajadores sino precisamente a la falta de recursos humanos necesarios para cumplir con los objetivos establecidos por la propia normativa.
Ese punto debería formar parte central de cualquier evaluación sobre el nuevo Polo.
La protección integral no consiste solamente en recibir a un niño dentro de un edificio adecuado. Exige tiempo profesional, seguimiento, intervención interdisciplinaria, acompañamiento familiar y continuidad institucional.
Todo eso necesita trabajadores.
La protesta y las caretas: “porque nos persiguen”
La jornada de inauguración dejó además una imagen que merece un análisis separado.
Numerosos manifestantes concurrieron con los rostros cubiertos mediante caretas, una modalidad que generó críticas entre algunos asistentes y posteriormente en las redes sociales.
Sin embargo, durante la propia protesta se produjo un intercambio que otorgó otro significado a esa decisión.
Cuando integrantes del dispositivo de seguridad que rodeaba al gobernador increparon o cuestionaron a algunos manifestantes por mantener sus rostros ocultos, la respuesta que se escuchó entre quienes protestaban fue directa: “porque nos persiguen”.
La frase no demuestra por sí misma que exista una política estatal de persecución laboral, pero revela algo institucionalmente significativo: trabajadores vinculados con áreas estatales dicen sentir temor a ser identificados mientras reclaman frente al gobernador.
Y ese temor no aparece completamente aislado del conflicto laboral.
ATE viene denunciando modalidades contractuales que, según sus representantes, permiten desvinculaciones sin procedimientos equivalentes a los existentes para trabajadores estables. Albano afirmó que algunas trabajadoras pueden ser “desafectadas” sin sumario previo y sostuvo que, ante los reclamos por falta de personal, desde la conducción del área habrían recibido respuestas del tipo “el que no le gusta se tiene que ir”.
En ese contexto, las caretas dejan de ser solamente un recurso escénico.
Se convierten también en una declaración sobre el miedo.
Un dispositivo de seguridad que también generó interrogantes
Durante la protesta llamó además la atención la presencia alrededor del gobernador de numerosos hombres vestidos de civil cuya pertenencia institucional no podía determinarse simplemente observando las imágenes.
Algunos participantes describieron informalmente el dispositivo como una mezcla de custodios, policías de civil y personas cuya apariencia recordaba más a grupos de choque que a una custodia estatal fácilmente identificable.
Esa percepción no permite afirmar quiénes eran esas personas ni qué función cumplía cada una.
Precisamente por eso corresponde formular una pregunta concreta: ¿quiénes integraban el anillo de seguridad del gobernador durante el acto y bajo qué dependencia actuaban?
La seguridad de una autoridad provincial en una manifestación pública resulta perfectamente legítima y necesaria, pero debería mantenerse claramente diferenciada de cualquier mecanismo destinado a identificar, intimidar o confrontar con trabajadores que ejercen su derecho a protestar.
La transparencia también protege al propio personal policial, porque evita que funcionarios de seguridad correctamente asignados a una custodia terminen confundidos públicamente con personas cuya función nadie puede identificar.
Pullaro elogió a los trabajadores mientras ellos reclamaban
Durante la inauguración, Pullaro destacó públicamente la “motivación y el amor de los trabajadores” y recordó las dificultades que, según afirmó, encontró dentro del área de Niñez al asumir su gobierno.
La frase adquiere una particular resonancia frente a las denuncias conocidas apenas días antes.
No puede sostenerse una política pública de semejante complejidad dependiendo indefinidamente de la vocación personal de quienes la ejecutan.
El amor por una tarea puede explicar compromiso.
No puede reemplazar salarios dignos, estabilidad laboral, viáticos, equipos suficientes ni seguridad para trabajar.
Las dos imágenes del mismo Estado
La inauguración del Polo produjo una fotografía institucional poderosa.
Un edificio nuevo, profesionales, autoridades y un discurso centrado en derechos.
La protesta produjo otra.
Trabajadores con salarios que denuncian insuficientes, contratos precarios, dotaciones incompletas y manifestantes que ocultan sus rostros mientras explican que lo hacen porque temen ser perseguidos.
Una imagen no anula a la otra.
El nuevo edificio puede representar un avance concreto respecto de condiciones anteriores que los propios trabajadores describieron como deplorables.
Pero ninguna política pública puede evaluarse exclusivamente por sus metros cuadrados.
Si el Estado pretende proteger a niños vulnerados mientras mantiene precarizados a quienes deben garantizar esa protección, existe una contradicción que ninguna inauguración puede ocultar.
Y si además algunos de esos trabajadores consideran necesario cubrirse el rostro para formular públicamente sus reclamos, aparece una pregunta todavía más seria.
No solamente cuánto invierte el Gobierno en infraestructura. Sino qué clase de relación está construyendo con quienes deben sostenerla cuando se apagan las cámaras.
Las imagenes:
(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
RP/ARM
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