SANTA FE: 628 policías retirados quieren volver a trabajar, pero la pregunta es por qué necesitan hacerlo

La inscripción de 628 policías retirados para reincorporarse al servicio activo en Santa Fe fue presentada como una respuesta favorable a la convocatoria del Ministerio de Justicia y Seguridad, que busca recuperar personal experimentado para destinarlo principalmente a la custodia de edificios y espacios públicos, liberando efectivos actualmente asignados a esas tareas para reforzar el patrullaje y la prevención del delito.

Sin embargo, detrás de una cifra que desde el punto de vista de la administración puede interpretarse como un resultado satisfactorio, aparece una pregunta que difícilmente pueda eludirse desde una perspectiva laboral, previsional y humana: ¿por qué una persona que dedicó veinticinco, treinta o más años de su vida al servicio policial decide regresar a una actividad caracterizada por el riesgo, las exigencias disciplinarias, la disponibilidad y la responsabilidad funcional?

La respuesta no puede presumirse idéntica para todos los postulantes, porque habrá quienes encuentren en esta posibilidad una manera de recuperar actividad, pertenencia institucional o reconocimiento profesional, pero tampoco corresponde ignorar que el deterioro del poder adquisitivo y las dificultades económicas pueden convertir una reincorporación formalmente voluntaria en una necesidad material para quienes ya habían concluido su trayectoria laboral.

Una convocatoria numerosa que merece otra lectura

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Justicia y Seguridad y publicada por LT10, entre los interesados se cuentan 342 policías retirados del departamento Rosario y 173 de La Capital, mientras que el resto pertenece a otras jurisdicciones provinciales. La convocatoria reunió a 545 varones y 83 mujeres, con una edad promedio de 55 años y una proporción significativa de postulantes de entre 40 y 47 años.

El proceso de reincorporación comprende entrevistas, revisión de antecedentes y fojas de servicio, además de evaluaciones de aptitud psicofísica destinadas a establecer quiénes podrán regresar efectivamente a la institución.

La explicación oficial es fundamentalmente operativa: aprovechar la experiencia de quienes ya conocen el trabajo policial para cubrir puestos de custodia y reasignar al patrullaje a personal que actualmente cumple esas funciones. Se trata de un objetivo administrativo comprensible, pero que no responde por sí mismo a la cuestión más importante desde el punto de vista de los trabajadores retirados: cuáles son las razones que llevan a centenares de personas a considerar conveniente abandonar, aunque sea temporalmente, su situación previsional para regresar al servicio.

La existencia de un retiro reconocido no significa necesariamente que el haber resulte suficiente para sostener las necesidades de una familia, afrontar medicamentos, mantener una vivienda, atender enfermedades o preservar un nivel de vida razonablemente compatible con los años de trabajo cumplidos.

El dato económico que no debe quedar oculto

La propia convocatoria provincial contiene un elemento que merece especial atención: quienes sean reincorporados dejarán temporalmente de percibir sus haberes de retiro y pasarán a cobrar una remuneración especial como personal activo, equivalente al doble del importe que percibían en su condición de retirados.

Este incentivo económico introduce una variable decisiva para comprender el interés despertado por la convocatoria. Si una persona puede duplicar sus ingresos regresando al servicio, resulta indispensable preguntarse qué relación existe entre esa diferencia y las condiciones materiales en las que transcurre actualmente su retiro.

La cuestión no consiste en cuestionar que un trabajador aproveche una posibilidad legítima de mejorar sus ingresos, sino en determinar si esa decisión expresa principalmente una elección profesional o si responde a la insuficiencia de los recursos con los que cuenta para sostener su vida cotidiana.

¿Cuántos de los 628 postulantes regresarían si sus haberes de retiro les permitieran vivir con tranquilidad? ¿Cuántos lo hacen para afrontar deudas, alquileres, tratamientos médicos o responsabilidades familiares? ¿Cuántos sienten que después de décadas de servicio todavía no pueden permitirse dejar de trabajar?

Estas preguntas no tienen todavía respuestas documentadas para el conjunto de los inscriptos, pero deberían integrar cualquier evaluación seria del fenómeno.

Datos principales

Advertencia estadística: los valores territoriales publicados suman 629, aunque el total informado es 628. Dejé esa diferencia indicada en el gráfico para no ocultarla.

Los gráficos muestran cuántos policías retirados se postularon, pero no permiten determinar cuántos lo hicieron por necesidad económica. Esa es precisamente la pregunta que convendría investigar mediante testimonios y datos sobre ingresos previsionales, costo de vida y motivaciones de los postulantes.

Volver al uniforme también significa volver a sus exigencias

La reincorporación no representa solamente una oportunidad de incrementar ingresos. También supone recuperar obligaciones funcionales, horarios, subordinación jerárquica, controles administrativos y responsabilidades propias de una profesión cuya prestación puede implicar conflictos, situaciones imprevistas y exposición a riesgos personales y jurídicos.

Aunque el destino previsto sea principalmente la custodia de edificios y espacios públicos, esas funciones no están completamente desvinculadas de las exigencias operativas de la actividad policial. Una intervención inesperada, un conflicto con ciudadanos o un incidente que requiera uso de la fuerza puede volver a colocar al trabajador frente a decisiones de consecuencias importantes.

Tampoco debe perderse de vista que muchos retirados acumulan años de exposición a horarios irregulares, esfuerzos físicos, situaciones traumáticas y otras condiciones características del trabajo policial, cuyos efectos no desaparecen necesariamente con el paso a retiro.

Por eso, las evaluaciones psicofísicas previstas constituyen una garantía necesaria, pero también corresponde conocer qué mecanismos de cobertura médica, prevención de riesgos laborales, actualización profesional, capacitación y protección jurídica acompañarán el regreso.

El Estado no debería limitarse a recuperar la experiencia profesional de sus retirados sin evaluar simultáneamente las condiciones humanas en las que esa experiencia vuelve a ponerse a su disposición.

La paradoja de una institución que necesita nuevamente a quienes ya cumplieron

Existe aquí una contradicción que merece discutirse con serenidad. Durante décadas, el Estado exigió a estos trabajadores disciplina, disponibilidad, cumplimiento de órdenes, exposición a riesgos y aceptación de restricciones específicas derivadas de su condición policial. Al concluir esa trayectoria, el retiro debería constituir una etapa de protección social y reconocimiento de los servicios prestados, no una situación en la que la necesidad económica obligue a regresar a las mismas exigencias que justificaron un régimen previsional especial.

Precisamente por ello, el caso permite recuperar el Principio de Reciprocidad Institucional, según el cual las obligaciones reforzadas y las restricciones especialmente intensas que el Estado impone a determinados trabajadores deben encontrar una compensación adecuada en garantías, protección social, condiciones laborales y reconocimiento institucional.

La reciprocidad no concluye cuando el policía entrega su arma reglamentaria o deja de cumplir guardias. También debería proyectarse sobre su retiro, su cobertura sanitaria, la preservación de sus ingresos y las condiciones materiales en las que transcurre la etapa posterior a la actividad.

En ese marco, que cientos de retirados manifiesten interés por regresar constituye un dato que puede ser favorable para la planificación de recursos humanos, pero que también obliga a investigar si existe una situación de vulnerabilidad económica entre quienes ya cumplieron los años de servicio exigidos por el régimen previsional.

¿Quién protege al policía cuando deja de prestar servicio?

La cuestión se vincula directamente con un debate más amplio, frecuentemente relegado dentro de las políticas públicas de seguridad: la situación de los trabajadores policiales después de su retiro y el alcance real de la protección que el Estado les garantiza.

Durante años se ha discutido cuánto debe trabajar un policía, qué responsabilidades debe asumir, cómo debe intervenir y cuáles son las sanciones aplicables cuando incumple sus obligaciones. Mucho menos espacio se ha dedicado a determinar cómo vive cuando deja la actividad, qué dificultades encuentra para sostener su hogar y qué respuestas recibe frente a las consecuencias acumuladas de décadas de servicio.

La posibilidad de reincorporarse puede ser legítima y beneficiosa para determinados trabajadores, pero una política pública no debería confundir el éxito de una convocatoria con la demostración de que el sistema previsional satisface adecuadamente las necesidades de sus beneficiarios.

Para conocer realmente lo que está ocurriendo, sería razonable que las autoridades releven, con carácter voluntario y resguardo de la privacidad, las motivaciones de los postulantes, sus condiciones socioeconómicas y las razones por las cuales consideran conveniente regresar a la actividad.

Después de décadas de servicio, ¿trabajar por elección o por necesidad?

La pregunta que deja la convocatoria no se agota en cuántos retirados volverán a trabajar ni en cuántos policías activos serán liberados para reforzar el patrullaje. La cuestión central consiste en establecer qué nos dice este fenómeno sobre las condiciones materiales de quienes dedicaron buena parte de su vida a la seguridad pública.

Si algunos regresan porque extrañan la actividad o desean seguir aportando experiencia, corresponde respetar esa decisión. Pero si otros lo hacen porque el haber de retiro resulta insuficiente para sostener una vida digna, entonces el problema excede ampliamente la organización de los servicios de custodia y obliga a examinar las condiciones económicas del personal retirado.

Una sociedad que reconoce los sacrificios realizados por sus policías también debe preguntarse qué sucede con ellos cuando dejan de prestar servicio, porque el reconocimiento institucional no puede limitarse a ceremonias, discursos o declaraciones de gratitud.

La pregunta que Santa Fe debería hacerse no es solamente por qué 628 policías retirados quieren volver a trabajar, sino por qué, después de tantos años de servicio, algunos podrían necesitar hacerlo para vivir mejor.

Y detrás de ella aparece otra todavía más importante: ¿qué clase de reconocimiento ofrece el Estado a quienes, después de cumplir con su obligación durante décadas, no encuentran en el retiro la tranquilidad económica y social que esperaban?

Fuentes: LT10, información publicada el 3 de noviembre de 2026; Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, convocatoria oficial de reincorporación de personal policial retirado, octubre de 2026.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.

Notas relecionadas:

SANTA FE: La convocatoria a policías retirados abrió una fuerte reacción en redes

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