La disolución de la obra social de las Fuerzas Armadas abrió un conflicto de alcance nacional, con trabajadores que denuncian desvinculaciones después de décadas de servicio y afiliados que temen perder sus centros habituales de atención.
En Santa Fe, ATE advierte que 85 empleados resultan afectados, mientras se multiplican los cuestionamientos por el deterioro financiero del organismo y las responsabilidades de sus anteriores administradores.
Una reestructuración que amenaza cientos de puestos de trabajo
El Gobierno nacional profundizó el proceso de disolución y liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1286/2026, publicado en el Boletín Oficial el 28 de octubre, que modificó las condiciones originalmente previstas para transferir a los trabajadores a la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), estableciendo que solamente serán incorporados aquellos agentes que resulten necesarios para el funcionamiento de la nueva estructura administrativa.
La decisión representa un cambio sustancial respecto del esquema inicial de reorganización, que contemplaba la transferencia integral del personal, porque ahora será el Directorio de OSFA quien determine los puestos requeridos y seleccione a los trabajadores que serán incorporados, mientras que quienes permanezcan fuera de ese proceso quedarán sujetos a las medidas correspondientes según su situación contractual, incluyendo la posibilidad de disponibilidad, baja o finalización de sus vínculos laborales.
Aunque el decreto no establece el despido automático de la totalidad de los empleados, las comunicaciones de no renovación de contratos recibidas en diferentes delegaciones y las denuncias sindicales permiten advertir que la reorganización ya está produciendo consecuencias laborales concretas, especialmente entre trabajadores que llevan quince, veinte y hasta treinta años prestando servicios mediante contrataciones sucesivas.
Santa Fe: 85 trabajadores afectados y preocupación por el cierre de dependencias
La situación tiene particular importancia en la provincia de Santa Fe, donde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que 85 trabajadores enfrentan las consecuencias de la reestructuración, distribuidos entre 60 empleados de Rosario y otros 25 de la ciudad de Santa Fe, muchos de los cuales recibieron comunicaciones que establecen el 30 de noviembre como fecha de finalización de sus contratos.
En Rosario, el conflicto comprende personal de la farmacia, del centro de auditoría y de la delegación de atención al afiliado, mientras que los representantes gremiales advierten que el cierre de estas dependencias podría afectar tanto a los trabajadores como a las familias que dependen de una atención presencial para gestionar autorizaciones, medicamentos, tratamientos y reclamos vinculados con sus prestaciones de salud.
La situación resulta especialmente delicada porque una parte importante del personal acumula una considerable antigüedad laboral, circunstancia que obliga a examinar si la utilización prolongada de contrataciones temporarias respondió a verdaderas necesidades transitorias o si terminó convirtiéndose en un mecanismo habitual para cubrir funciones permanentes sin reconocer plenamente las garantías correspondientes.
La Plata: empleados con quince años de antigüedad frente a la desvinculación
Un escenario similar se registra en la delegación de La Plata, ubicada en diagonal 77 entre las calles 6 y 45, donde trabajan aproximadamente 35 personas y solamente tres pertenecen a la planta permanente, mientras que el resto mantiene contratos cuyo vencimiento fue comunicado para el 30 de noviembre.
Los propios trabajadores señalaron que el contratado con menor antigüedad lleva quince años desempeñándose en la institución, una circunstancia que revela la profundidad del problema laboral y plantea interrogantes acerca del tratamiento que recibirá un personal que, pese a su extensa trayectoria, podría quedar excluido de la nueva organización.
La delegación tiene bajo su jurisdicción aproximadamente 8.000 afiliados, incluyendo beneficiarios de La Plata y otras localidades bonaerenses, por lo que la posibilidad de cerrar la oficina también genera preocupación entre militares, retirados y familiares que necesitan realizar gestiones vinculadas con su cobertura médica.
Una crisis financiera que exige determinar responsabilidades
La reorganización se produce después de un prolongado deterioro económico y prestacional del IOSFA, cuya situación financiera fue objeto de cuestionamientos durante la gestión de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa, período en el que se sucedieron administraciones y decisiones que hoy requieren un examen documental y contable exhaustivo.
Entre los antecedentes relevantes aparece un crédito de 40.000 millones de pesos otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF) durante 2025, cuya existencia y aprobación por el Directorio del IOSFA fueron reconocidas en documentación oficial remitida al Congreso, aunque su legalidad, sus condiciones financieras y sus efectos sobre la situación patrimonial deben examinarse separadamente de las denuncias políticas formuladas contra los exfuncionarios.
El problema de fondo no consiste solamente en determinar cuánto debe la obra social, sino también en establecer cómo evolucionó su endeudamiento, qué decisiones administrativas contribuyeron al deterioro de las prestaciones, cuáles fueron los mecanismos de fiscalización utilizados y qué responsabilidades corresponden a quienes condujeron la institución durante los períodos investigados.
La existencia de denuncias penales o cuestionamientos legislativos no equivale, por sí misma, a la acreditación judicial de delitos, pero tampoco exime al Estado de brindar explicaciones sobre la administración de los recursos aportados para sostener la cobertura sanitaria de miles de trabajadores uniformados y sus familias.
Los trabajadores y los afiliados no pueden convertirse en responsables de la crisis
La decisión de reducir estructuras administrativas puede formar parte de una política legítima de reorganización estatal, pero esa facultad no elimina la obligación de respetar los derechos laborales, garantizar procedimientos transparentes y preservar la continuidad efectiva de las prestaciones médico-asistenciales.
En este caso, corresponde distinguir entre quienes tuvieron responsabilidades de conducción y administración de los recursos y quienes cumplieron durante años tareas técnicas, profesionales o administrativas, muchas veces bajo modalidades contractuales cuya precariedad no fue decidida por los propios trabajadores.
También resulta indispensable considerar la situación de los afiliados, porque una reforma que reduzca gastos administrativos sin garantizar mecanismos alternativos de atención podría terminar agravando las dificultades de acceso a medicamentos, autorizaciones y tratamientos que justamente debería contribuir a resolver.
La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se trata de personal militar, de seguridad y de sus familias, cuya relación con el Estado está caracterizada por obligaciones profesionales particulares y por un sistema de protección social que debe ofrecer respuestas compatibles con esas exigencias.
El verdadero desafío: sanear la obra social sin desproteger a quienes dependen de ella
La disolución del IOSFA y la creación de nuevas estructuras no constituyen, por sí mismas, una garantía de mejor administración, porque el resultado dependerá de la capacidad de recuperar la sustentabilidad financiera, asegurar controles institucionales efectivos, proteger los derechos del personal y restablecer prestaciones sanitarias adecuadas.
El Gobierno deberá explicar no solamente cómo piensa resolver las obligaciones económicas heredadas, sino también qué criterios utilizará para seleccionar al personal transferido, qué garantías tendrán los trabajadores excluidos y de qué manera se sostendrá la atención de los afiliados en aquellas localidades donde se reduzcan o eliminen las dependencias existentes.
El saneamiento de una institución pública no puede medirse exclusivamente por la cantidad de trabajadores que se desvinculan o por el número de oficinas que se cierran, sino por su capacidad de corregir las deficiencias administrativas sin producir nuevas situaciones de desprotección.
En definitiva, el interrogante central es quién responderá por el deterioro financiero del IOSFA y por qué las consecuencias inmediatas de su reorganización recaen sobre trabajadores que no decidieron las políticas de administración y sobre afiliados que necesitan una cobertura sanitaria efectiva, cuestiones que requieren explicaciones públicas, documentación verificable y controles independientes.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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