ROSARIO: Denuncian maltrato en la Junta Médica de la Unidad Regional II

Una denuncia que merece una respuesta

Un integrante de la Policía de Santa Fe se comunicó con APROPOL para denunciar una situación de presunto maltrato durante su atención ante la Junta Médica de la Unidad Regional II, donde, según relató, fue recibido por tres profesionales y habría experimentado un trato que calificó como indignante.

El denunciante manifestó que no le permitieron expresarse adecuadamente ni explicar circunstancias personales que consideraba importantes para su evaluación, mientras recibía respuestas que, lejos de contribuir a una atención respetuosa, habrían profundizado su situación de vulnerabilidad.

«Tenés que agradecer que te pagan si no trabajás»

Según la denuncia esta fue una de las expresiones que, según su relato, escuchó durante la entrevista. También aseguró que le dijeron «Si no te gusta, dejá tu trabajo» y que, cuando intentó explicar una situación personal, recibió como respuesta: «¿Y a vos qué te importa?».

Las expresiones corresponden exclusivamente al testimonio recibido por APROPOL y no han sido corroboradas mediante un registro independiente de la entrevista.

En sus comunicaciones, el trabajador identificó entre las profesionales presentes a la doctora Paula O., a quien señaló como psiquiatra, y a Natalia F., a quien identificó como psicóloga. La denuncia no permite establecer por sí sola responsabilidades profesionales o disciplinarias, pero sí plantea hechos suficientemente concretos como para justificar una revisión de lo sucedido.

La Junta Médica debe evaluar, no humillar

Las juntas médicas cumplen una función especialmente sensible dentro de las instituciones policiales, porque intervienen en situaciones relacionadas con la salud, las licencias, las condiciones de aptitud y la continuidad laboral de trabajadores que pueden encontrarse atravesando dificultades físicas o psicológicas.

Su intervención debe sustentarse en criterios profesionales, respeto a la dignidad humana y procedimientos que permitan escuchar adecuadamente al personal evaluado, sin confundir la necesidad de controlar administrativamente una licencia con la posibilidad de ejercer un trato despectivo o intimidatorio.

Cuando una persona concurre a una evaluación médica institucional, no está solicitando un favor personal ni debería ser tratada como si estuviera obligada a agradecer una concesión discrecional. La percepción de haberes durante una licencia médicamente justificada responde al régimen jurídico aplicable y no puede presentarse, de manera genérica, como una manifestación de generosidad de la administración.

Por supuesto, las juntas médicas tienen la obligación de verificar las condiciones de salud declaradas, evaluar la documentación y adoptar las decisiones que correspondan conforme a las normas vigentes. Pero esas atribuciones no eliminan la obligación de escuchar, fundamentar y actuar con respeto profesional.

La exigencia de control médico no es incompatible con el trato digno. Por el contrario, una evaluación institucional responsable necesita ambas condiciones.

La salud mental policial no puede reducirse a discursos

El testimonio contiene además una reflexión que merece particular atención, porque el trabajador relacionó la experiencia denunciada con la preocupación pública por los suicidios dentro de las fuerzas de seguridad.

«Después quieren venir a hablar de suicidios, haciéndose los sorprendidos», expresó al cuestionar la distancia que, a su entender, existe entre los discursos institucionales sobre prevención y las experiencias que atraviesan algunos trabajadores cuando buscan atención.

La frase refleja su percepción sobre el funcionamiento del sistema y no permite establecer una relación causal entre el episodio denunciado y hechos de suicidio o conductas autolesivas.

Sin embargo, plantea una cuestión institucional legítima: las políticas de prevención del suicidio y de acompañamiento psicológico necesitan incluir una evaluación permanente de la calidad del trato que reciben quienes recurren a los servicios médicos y administrativos de sus propias instituciones.

La salud mental no puede abordarse únicamente mediante campañas de sensibilización, jornadas de capacitación o declaraciones públicas posteriores a acontecimientos dolorosos. También requiere procedimientos cotidianos que generen confianza, garanticen confidencialidad y permitan solicitar asistencia sin temor a sufrir humillaciones, represalias o descalificaciones.

Cuando un trabajador percibe que acudir a una instancia médica puede significar exponerse a un trato hostil, existe el riesgo de que disminuya su disposición a pedir ayuda o a comunicar oportunamente las dificultades que atraviesa.

Ese riesgo merece atención preventiva, sin necesidad de anticipar conclusiones sobre el caso denunciado.

La responsabilidad de las autoridades 

APROPOL considera necesario que las autoridades competentes examinen lo ocurrido, determinen si existen antecedentes de reclamos similares y verifiquen que los procedimientos de las juntas médicas respeten los estándares profesionales y las garantías correspondientes al personal evaluado.

Una revisión institucional seria debería permitir reconstruir las circunstancias de la entrevista, escuchar al trabajador y a las profesionales involucradas, examinar los registros disponibles y establecer si existieron conductas incompatibles con el trato debido.

También sería oportuno revisar los mecanismos mediante los cuales los policías pueden presentar observaciones o reclamos sobre las evaluaciones médicas, garantizando que puedan hacerlo sin temor a consecuencias laborales indebidas.

La supervisión de estos servicios no debe interpretarse como una interferencia en la autonomía profesional de médicos o psicólogos, sino como una responsabilidad administrativa destinada a asegurar que las competencias técnicas se ejerzan dentro de condiciones adecuadas de respeto y transparencia.

El derecho a ser escuchado también alcanza al trabajador policial

Durante años hemos señalado que el reconocimiento de derechos del personal policial y penitenciario no puede limitarse a las cuestiones salariales o disciplinarias. También comprende el acceso efectivo a la salud, la defensa frente a decisiones arbitrarias y la posibilidad de expresar reclamos sin que ello implique quedar expuesto a nuevas formas de presión institucional.

El trabajador policial está sujeto a obligaciones especiales y a un régimen de disciplina que debe cumplir. Pero ninguna de esas circunstancias justifica que se lo prive del respeto que corresponde a cualquier persona cuando atraviesa una evaluación relacionada con su salud.

La situación denunciada en la Unidad Regional II debe esclarecerse con las garantías que corresponden a todas las partes involucradas, sin anticipar culpabilidades ni minimizar la gravedad que tendría la confirmación de los hechos relatados.

Una institución que exige profesionalismo, disciplina y responsabilidad a sus integrantes debe comenzar por garantizarles un trato igualmente profesional, responsable y respetuoso.

La prevención del sufrimiento psicológico dentro de las fuerzas de seguridad no comienza cuando una tragedia ocupa los titulares de los diarios, sino mucho antes, en la manera cotidiana de escuchar, acompañar y atender a quienes necesitan ayuda.

Porque cuidar a quienes tienen la responsabilidad de proteger a la comunidad también constituye una obligación del Estado.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

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