El exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, condenado a ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, deberá enfrentar un nuevo juicio por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación incluye inmuebles, viajes internacionales, bienes de lujo y un reloj Rolex. La noticia obliga a recordar una contradicción política y moral que permanece abierta: durante su gobierno, policías que reclamaban mejoras salariales en Concordia terminaron sometidos a procesos penales, condenas y prisión.
Un patrimonio millonario bajo investigación
El 5 de noviembre, el juez de Garantías Mariano Budassof dispuso la remisión a juicio oral de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, contratista del Estado provincial durante sus administraciones.
La Fiscalía atribuye al exmandatario un incremento patrimonial injustificado que comprende aproximadamente 7,2 millones de dólares, 16.300 euros y 11,5 millones de pesos, y solicitó una pena de cinco años y diez meses de prisión, además de la restitución de los fondos cuya procedencia considera no acreditada.
Entre los bienes y gastos examinados aparecen propiedades en Puerto Madero y otros sectores de Buenos Aires, reformas inmobiliarias, automóviles, viajes internacionales, objetos de lujo y hasta un reloj Rolex, elementos cuya titularidad, financiación y relación con los ingresos declarados deberán determinarse durante el proceso judicial.
Urribarri ya cumple una condena de ocho años de prisión por delitos contra la administración pública, derivada de otra investigación judicial. Su defensa cuestiona las conclusiones patrimoniales y anticipó que recurrirá la nueva decisión, por lo que corresponde distinguir la condena existente de las acusaciones todavía pendientes de juicio.
Pero la noticia adquiere una dimensión especialmente significativa cuando se recupera un episodio ocurrido durante su propia gestión.
Diciembre de 2013: policías que reclamaban llegar a fin de mes
Mientras gobernaba Entre Ríos, Urribarri debió enfrentar en diciembre de 2013 un conflicto policial de enorme gravedad, iniciado en Concordia en medio de reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales.
Los acontecimientos de los días 8 y 9 de diciembre incluyeron la ocupación de dependencias policiales, la interrupción de servicios de seguridad, episodios de violencia, saqueos y tres muertes. Se trató de hechos graves que merecieron investigación y cuya existencia no corresponde desconocer.
Sin embargo, detrás de aquella crisis también había un problema laboral concreto: trabajadores policiales que reclamaban remuneraciones capaces de sostener a sus familias y condiciones profesionales que consideraban insuficientes.
El propio Urribarri intervino personalmente en las negociaciones que permitieron levantar la protesta. El acuerdo del 9 de diciembre de 2013 estableció mejoras económicas y el compromiso de mantener conversaciones paritarias con representantes policiales, además de una cláusula por la cual el gobernador se comprometía a no iniciar actuaciones administrativas sancionatorias contra quienes hubieran participado en las manifestaciones.
A pesar del acuerdo, el conflicto terminó teniendo consecuencias penales extraordinariamente graves.
En julio de 2015, la Justicia entrerriana condenó a 17 de los 18 policías juzgados a penas de entre tres años y seis meses y cuatro años y seis meses de prisión efectiva por sedición agravada. Las sentencias fueron objeto de sucesivas impugnaciones y terminaron confirmadas, mientras varios condenados comenzaron a cumplir sus penas durante 2023. La Corte Suprema dejó firmes distintas condenas mediante rechazos de recursos durante 2025.
No corresponde afirmar, sin pruebas específicas, que Urribarri personalmente fabricó aquellos expedientes o impartió instrucciones ilegales a los fiscales y jueces. Pero tampoco puede borrarse su responsabilidad política como gobernador durante los acontecimientos que dieron origen a la persecución penal.
Mientras los policías enfrentaban las consecuencias penales de un conflicto atravesado por reclamos salariales, la administración provincial estaba encabezada por un dirigente cuyo patrimonio hoy es objeto de una investigación por cifras millonarias y que ya fue condenado por otros delitos de corrupción.
El contraste resulta imposible de ignorar.
La desigualdad ante el poder
Aquí aparece una cuestión que excede a Urribarri y a Entre Ríos, porque expresa una contradicción persistente dentro de las estructuras estatales argentinas.
Al trabajador policial se le exige obediencia, disciplina, disponibilidad y sometimiento a regímenes especiales que restringen severamente determinadas formas de organización y protesta. Cuando el conflicto estalla, las respuestas pueden adquirir una intensidad penal capaz de destruir carreras profesionales y afectar durante años la vida familiar.
Quienes ocupan los niveles superiores del poder político, en cambio, administran recursos públicos, definen prioridades presupuestarias y adoptan decisiones que pueden comprometer a instituciones enteras.
Ninguna de esas posiciones debería colocar a alguien fuera de la ley.
Los policías que cometen delitos deben responder por ellos, del mismo modo que los gobernadores, ministros y funcionarios que utilizan ilegalmente los recursos del Estado.
Pero la exigencia democrática no termina en afirmar que todos son iguales ante la ley. También obliga a preguntarse por qué los trabajadores uniformados suelen enfrentar restricciones tan intensas para canalizar sus demandas, mientras el sistema político conserva amplios márgenes de representación, negociación y protección institucional para sus propios integrantes.
La experiencia de Concordia demuestra que la inexistencia de mecanismos estables de negociación colectiva policial puede convertir reclamos laborales acumulados en conflictos institucionales de consecuencias imprevisibles.
Y demuestra también que criminalizar las modalidades ilegales de una protesta no resuelve por sí mismo las condiciones laborales que contribuyeron a desencadenarla.
El Rolex, las cárceles y la memoria institucional
La imagen de un reloj Rolex incorporado a una investigación patrimonial podría parecer una anécdota frente a los millones de dólares cuya procedencia cuestiona la Fiscalía.
Sin embargo, posee una extraordinaria potencia simbólica.
Representa el contraste entre los bienes de lujo investigados alrededor de quien ejerció el máximo poder político provincial y la situación de trabajadores que, durante su administración, reclamaban una mejora salarial.
No estamos ante dos procesos judiciales equivalentes ni existe fundamento para sostener que los policías condenados fueron automáticamente inocentes por el hecho de que años después su gobernador resultara condenado por corrupción.
La cuestión es otra.
¿Qué autoridad moral puede reivindicar una dirigencia que exige sacrificios extraordinarios a sus trabajadores mientras algunos de sus integrantes terminan condenados por apropiarse o administrar ilegalmente recursos públicos?
La respuesta no debería depender de simpatías partidarias.
La corrupción debe ser investigada y sancionada, cualquiera sea la identidad política de sus responsables. Los trabajadores policiales deben responder por sus actuaciones, pero también necesitan derechos, canales legítimos de representación y garantías institucionales que permitan tramitar sus conflictos antes de que se conviertan en crisis de seguridad pública.
En APROPOL sostenemos desde hace años que la libertad sindical y la negociación colectiva del personal policial y penitenciario constituyen cuestiones centrales para una seguridad pública democrática, porque ninguna institución puede construirse sólidamente sobre trabajadores privados de mecanismos adecuados para expresar sus demandas.
El caso Urribarri vuelve a recordarnos por qué esa discusión sigue pendiente.
Mientras un exgobernador condenado por corrupción enfrenta nuevas acusaciones sobre bienes millonarios, la historia de los policías de Concordia permanece como testimonio de un conflicto laboral que terminó en condenas, prisiones y consecuencias humanas duraderas.
El Estado que exige legalidad debe comenzar por practicarla desde sus máximas autoridades. Y quienes reclaman sacrificios a los trabajadores deberían ser los primeros en rendir cuentas por cada peso público que administran.
Porque la autoridad no se mide por la severidad con que se castiga a los subordinados, sino también por la responsabilidad con que se controla a quienes gobiernan.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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