Desde el Comando Radioeléctrico (CRE) de la región sur de Calchaquí, dependiente de la Unidad Regional XIX del departamento Vera, llegaron a Radar Gremial de APROPOL denuncias reservadas de varios integrantes del personal policial que describen un preocupante cuadro de malestar laboral, con señalamientos sobre recargos obligatorios, falta de descanso, presuntas irregularidades administrativas y un trato desigual entre superiores y subordinados.
Los trabajadores que hicieron llegar sus testimonios solicitaron expresamente mantener sus identidades en reserva por temor a posibles consecuencias laborales, una circunstancia que merece especial atención cuando quienes integran una institución consideran que expresar sus reclamos puede exponerlos a represalias dentro de su propio ámbito de trabajo.
Recargos obligatorios y descansos que no se respetan
Según los testimonios recibidos, el personal estaría siendo sometido a recargos obligatorios sin que se respeten adecuadamente los períodos de descanso, una situación que no solamente afecta las condiciones laborales, sino que también puede comprometer la seguridad operativa de quienes deben prestar servicios en la vía pública.
Los denunciantes describen un ambiente de exigencias permanentes, dificultades para acceder a licencias y presuntos incumplimientos de las franquicias contempladas en el artículo 80 del régimen aplicable al personal policial, mientras que determinados integrantes de la conducción accederían a beneficios y descansos que se restringen al resto de los efectivos.
El problema adquiere particular gravedad cuando se considera que el descanso del personal policial no constituye una concesión discrecional de las jefaturas, sino una condición indispensable para garantizar una prestación segura y eficiente del servicio.
Polémica por el pago de adicionales y presunto ocultamiento de información
Uno de los cuestionamientos más importantes se relaciona con la tramitación del denominado plus, un adicional cuyo otorgamiento habría generado fuertes diferencias internas.
De acuerdo con los denunciantes, el subjefe del organismo, junto con determinados jefes de tercio y personal cercano, habría gestionado ese beneficio sin informar al resto de los efectivos, quienes posteriormente tomaron conocimiento de lo sucedido.
Los testimonios sostienen, además, que se habrían eliminado archivos de una computadora utilizada en la guardia con la presunta finalidad de impedir que otros trabajadores conocieran esas gestiones, una acusación que, por su gravedad, requiere una verificación administrativa y documental.
La cuestión central no es solamente determinar quiénes percibieron el adicional, sino establecer cuáles fueron los criterios utilizados para su otorgamiento, si existieron oportunidades equivalentes para todo el personal que reunía los requisitos y si se respetaron los procedimientos correspondientes.
Licencias presuntamente irregulares y superiores que figurarían de servicio sin estar presentes
Otro aspecto señalado por los trabajadores refiere a la existencia de supuestas licencias informales que no quedarían asentadas en los registros correspondientes, pero que contarían con la autorización o tolerancia de determinados superiores.
También denuncian que un integrante de la conducción habría figurado como presente en el libro de guardia mientras desarrollaba actividades docentes en establecimientos educativos.
De confirmarse esta situación, correspondería determinar si existían autorizaciones, compatibilidades horarias o disposiciones administrativas que justificaran esas circunstancias, porque la registración del servicio debe reflejar fielmente las condiciones en las que se cumple la actividad policial.
No puede exigirse disciplina administrativa a los subordinados mientras se permite que los controles sean aplicados de manera diferente según la jerarquía de quien resulte involucrado.
Seis efectivos en un móvil mientras los superiores utilizarían vehículos separados
Los denunciantes también cuestionan la distribución de los recursos operativos y las condiciones en las que se realizan determinados patrullajes.
Según sus relatos, se habría dispuesto que hasta seis policías compartieran un mismo móvil, mientras integrantes de la conducción utilizarían otra camioneta sin personal de refuerzo, supuestamente para realizar desplazamientos que no siempre estarían vinculados con necesidades del servicio.
Este señalamiento merece una revisión específica, tanto por las condiciones de trabajo del personal como por la distribución racional de los recursos públicos destinados a la prevención del delito.
Los móviles policiales, el combustible y el tiempo de servicio deben encontrarse subordinados a necesidades operativas verificables, sin que la jerarquía institucional pueda justificar privilegios personales.
Cuestionamientos a una conducción que concentra decisiones
Los testimonios describen una estructura de conducción integrada por funcionarios que habrían desarrollado buena parte de sus carreras en ese mismo destino, circunstancia que, según los denunciantes, habría favorecido prácticas internas difíciles de cuestionar.
También se mencionan presuntos vínculos políticos como factores de protección de determinadas jefaturas, aunque los relatos recibidos no aportan elementos suficientes para establecer la existencia, naturaleza o alcance de esas relaciones.
Más allá de estas apreciaciones, los planteos permiten identificar un problema institucional concreto: la percepción compartida por los denunciantes de que las exigencias disciplinarias se aplican con severidad hacia los subordinados, mientras determinados superiores contarían con márgenes de discrecionalidad que el resto del personal no posee.
El reclamo exige respuestas y garantías contra las represalias
Desde Radar Gremial consideramos que estos señalamientos deben ser esclarecidos mediante los mecanismos administrativos correspondientes, con revisión de las planillas de servicio, registros de asistencia, autorizaciones de licencias, asignación de adicionales y utilización de los recursos operativos.
Las manifestaciones recibidas constituyen denuncias testimoniales y no hechos administrativamente comprobados, por lo que corresponde preservar la presunción de inocencia de las personas eventualmente involucradas y garantizar su derecho a brindar explicaciones.
Pero esa necesaria prudencia no puede transformarse en indiferencia frente a las condiciones laborales denunciadas, especialmente cuando varios trabajadores expresan cuestionamientos relacionados con el funcionamiento de una misma dependencia policial.
La institución policial exige disciplina, disponibilidad y responsabilidad a sus integrantes, pero esas obligaciones deben encontrar una correspondencia efectiva en el respeto de sus derechos laborales, sus descansos, la igualdad de trato y la transparencia administrativa.
Radar Gremial de APROPOL mantendrá bajo estricta reserva las identidades de los denunciantes y deja abierto este espacio para recibir otros testimonios, documentación y las aclaraciones que las autoridades consideren pertinentes.
Porque la disciplina institucional no puede confundirse con arbitrariedad, y porque exigir respeto a los subordinados obliga, en primer lugar, a ejercer la autoridad con responsabilidad y mediante el ejemplo.
APROPOL – Radar Gremial
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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