Cámaras con inteligencia artificial: Santa Fe fija reglas, pero el Ministerio se queda con la llave

El Gobierno de Santa Fe aprobó este martes 10 de noviembre, mediante el Decreto 2397/2026, el Protocolo para el Uso de Sistemas de Videovigilancia en Espacios Públicos, una normativa de 41 artículos destinada a regular el funcionamiento de las cámaras equipadas con inteligencia artificial, entre ellas las pertenecientes al sistema Lince, cuya expansión hacia la ciudad capital está prevista antes de finalizar el año.

La disposición lleva las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Fabián Bastia, de Gobierno e Innovación Pública. Su contenido establece prohibiciones expresas contra la vigilancia indiscriminada, exige intervención humana antes de ejecutar medidas basadas en alertas automatizadas y crea un organismo de supervisión externa.

Decreto 2397/2026 – Protocolo para el Uso de Sistemas de Videovigilancia en Espacios Públicos by Apropol Noticias

Se trata de un avance normativo significativo, particularmente porque reconoce que las tecnologías capaces de identificar personas, reconstruir desplazamientos y procesar enormes cantidades de imágenes también pueden convertirse en instrumentos de vigilancia abusiva cuando no existen límites efectivos.

Sin embargo, la lectura integral del decreto revela una contradicción que merece atención: mientras se establecen garantías para restringir el uso de la tecnología, el Poder Ejecutivo conserva el control de su activación y administración, incluso cuando la información requerida puede resultar determinante para investigaciones judiciales.

La discusión no consiste en rechazar la inteligencia artificial aplicada a la seguridad pública, sino en determinar quién controla su utilización, quién autoriza las intervenciones y quién asume las responsabilidades cuando una decisión tecnológica termina afectando derechos fundamentales.

El antecedente que explica quién tiene la llave

El punto central del debate aparece en el artículo 17 del protocolo, que establece que el sistema solamente podrá activarse a requerimiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, mediante funcionarios expresamente habilitados con rango no inferior al de director.

La norma incluso prohíbe la activación directa o indirecta a solicitud de cualquier otro organismo o autoridad, una redacción que genera interrogantes sobre el acceso de fiscales y jueces a herramientas que pueden resultar decisivas para las investigaciones penales.

El antecedente más ilustrativo ocurrió en Rosario, durante una investigación por una balacera registrada el 19 de junio de 2026 contra una vivienda de la zona sur.

Mediante el análisis de imágenes del sistema Lince, los investigadores lograron reconstruir el recorrido de los presuntos autores del ataque y determinar el inmueble al que habían regresado.

Sin embargo, el procedimiento posterior no consistió simplemente en una decisión autónoma de los efectivos policiales. Según la reconstrucción documental del caso, el ministro Pablo Cococcioni dispuso el allanamiento mediante la Resolución 04-2026, firmada a las 12.34, sin una orden judicial previa, bajo la modalidad denominada flagrancia virtual.

La Policía de Investigaciones ejecutó posteriormente el ingreso al inmueble, aproximadamente doce horas después del hecho investigado.

La jueza de primera instancia María Dolores Aguirre Guarrochena declaró inválido el procedimiento al considerar que no estaban suficientemente acreditadas las circunstancias excepcionales que justificaban prescindir de la autorización judicial. Según los antecedentes judiciales examinados, la magistrada señaló además que, si se hubiera solicitado la orden con los informes disponibles, habría autorizado el allanamiento, una observación particularmente relevante porque demuestra que la intervención judicial no necesariamente habría impedido ni frustrado la investigación.

Posteriormente, el camarista Tomás Orso revocó aquella decisión y convalidó el allanamiento mediante el Auto n.º 352 del 27 de julio de 2026, correspondiente al CUIJ 21-09747337-1.

Sin embargo, la resolución de Cámara no eliminó todas las controversias sobre el procedimiento. Orso también declaró inoponibles los plazos de 24, 48 y 72 horas contemplados en el protocolo ministerial de flagrancia virtual y sostuvo que la urgencia debe apreciarse judicialmente según las circunstancias de cada caso. Pero introdujo un criterio decisivo: para evaluar la urgencia del procedimiento, tomó como referencia temporal el momento en que el sistema produjo un reporte positivo y no únicamente la hora en que ocurrió el delito. De esta manera, las aproximadamente doce horas transcurridas desde la balacera dejaron de constituir el parámetro central y adquirieron relevancia las poco más de dos horas comprendidas entre el reporte de Lince y la ejecución del allanamiento.

El camarista advirtió, de todos modos, que un reporte excesivamente alejado del hecho o una demora injustificada después de su emisión pueden indicar que la urgencia ha desaparecido.

Esta interpretación introduce una cuestión institucional de considerable trascendencia: cuando el momento determinante para evaluar la urgencia pasa a ser la producción del resultado tecnológico, el sistema adquiere una influencia decisiva sobre las condiciones temporales que pueden justificar una intervención excepcional sin autorización judicial previa.

No significa que la inteligencia artificial sustituya jurídicamente al juez, pero sí que su funcionamiento y el momento en que genera información pueden incidir sobre la apreciación posterior de la urgencia. Precisamente por eso, resulta indispensable que los reportes, sus horarios, las decisiones administrativas y las intervenciones policiales queden sometidos a controles rigurosos y verificables.

Este antecedente adquiere especial importancia frente al nuevo decreto porque su artículo 25 vuelve a remitir al protocolo de flagrancia virtual vigente, sin reproducir su contenido ni precisar cómo se articula con los límites judiciales señalados en aquella resolución.

El problema es concreto: el mismo Ministerio que controla la activación del sistema tecnológico ya intervino directamente en la decisión administrativa que dio lugar a un allanamiento sin orden judicial.

Esto no significa que todos los procedimientos de flagrancia virtual sean ilegales ni que el nuevo decreto habilite por sí mismo allanamientos domiciliarios. Significa que resulta necesario delimitar con precisión las facultades administrativas, las competencias del Ministerio Público de la Acusación y las condiciones excepcionales que establece la legislación procesal para ingresar a una vivienda sin autorización judicial.

Reconocimiento facial: prohibiciones importantes y urgencias sin plazos precisos

El artículo 11 prohíbe, como regla general, la identificación biométrica remota en tiempo real sobre imágenes captadas en espacios públicos, aunque admite excepciones relacionadas con víctimas de secuestro o trata, amenazas graves e inminentes contra la vida y la localización de sospechosos de delitos graves con órdenes de captura vigentes.

En estos supuestos se exige autorización judicial previa, salvo situaciones extraordinarias de urgencia que impidan obtenerla anticipadamente.

La norma dispone que, cuando se active excepcionalmente el reconocimiento facial por razones urgentes, deberán notificarse inmediatamente las circunstancias al fiscal y al juez competente para obtener la correspondiente convalidación.

Sin embargo, el texto no determina un plazo máximo específico para esa convalidación ni establece expresamente qué deberá ocurrir con los datos y resultados producidos si la autorización es rechazada.

La comparación con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea resulta particularmente reveladora, porque el propio protocolo santafesino lo menciona entre sus antecedentes internacionales.

La regulación europea contempla, para estos supuestos, la solicitud de autorización sin demora y dentro de un plazo máximo de 24 horas, además del cese inmediato de la utilización y la eliminación de los datos cuando la autoridad competente rechaza la solicitud.

El nuevo régimen provincial incorpora restricciones importantes del modelo europeo, pero no reproduce esas dos salvaguardas con igual precisión.

Se trata de una diferencia que debería corregirse, porque las situaciones excepcionales son precisamente aquellas en las que mayores garantías necesitan tanto los ciudadanos como los funcionarios encargados de ejecutar las medidas.

Cuándo un rastreo se convierte en seguimiento individual

Otro interrogante surge de las funcionalidades que permiten reconstruir recorridos mediante el análisis de imágenes procedentes de diferentes cámaras.

El artículo 21 contempla búsquedas relacionadas con personas, vehículos, trayectos y objetos de interés, herramientas cuya utilidad para esclarecer delitos resulta evidente.

Sin embargo, un seguimiento prolongado de los desplazamientos de una persona puede constituir una injerencia significativa en sus derechos, aun cuando no se utilice reconocimiento facial biométrico.

Aquí corresponde realizar una precisión jurídica fundamental: el artículo 15 del protocolo sí exige autorización judicial para cualquier modalidad de seguimiento fotográfico o filmográfico que implique una injerencia en derechos fundamentales.

Además, esa exigencia ya estaba contemplada en el artículo 7 de la Ley Provincial 14.246.

La dificultad no consiste, por lo tanto, en la inexistencia de la obligación de obtener una orden judicial, sino en la ausencia de criterios operativos suficientemente claros para establecer cuándo una búsqueda de imágenes vinculada con un hecho delictivo se transforma en un seguimiento individualizado que requiere autorización judicial previa.

Esta distinción resulta especialmente importante para el personal encargado de operar el sistema, porque una consulta inicialmente legítima podría adquirir características jurídicas diferentes cuando se extiende en el tiempo, abarca numerosos puntos de vigilancia o permite reconstruir aspectos sensibles de la vida de una persona.

Lo que debe saber el personal policial antes de intervenir

El nuevo protocolo también modifica las condiciones de actuación de los trabajadores policiales, porque incorpora nuevas obligaciones de capacitación, registración y validación humana de las alertas automatizadas.

Para evitar responsabilidades innecesarias, existen algunas cuestiones fundamentales que deben tenerse presentes:

• Una alerta automática no constituye una orden de intervención. El resultado debe ser validado por personal humano capacitado y no puede justificar por sí solo una medida coercitiva.
• Toda intervención debe tener trazabilidad. Es necesario poder identificar al funcionario que solicitó la activación, la finalidad del requerimiento, el horario de la alerta, el operador que la validó y las instrucciones posteriores.
• Una comunicación por WhatsApp no reemplaza una autorización judicial. Los canales rápidos admitidos por el protocolo deben cumplir las exigencias de registración y ratificación correspondientes.
• Un allanamiento sin orden judicial requiere fundamentos legales propios. La existencia de imágenes, coincidencias o reconstrucciones de trayectos no elimina la obligación de acreditar las circunstancias excepcionales previstas en la legislación procesal.
• La capacitación es obligatoria. El artículo 39 exige acreditar formación inicial y periódica para acceder y operar los sistemas.
• El incumplimiento puede constituir falta grave. El artículo 38 establece consecuencias disciplinarias sin perjuicio de eventuales responsabilidades civiles y penales.

También resulta indispensable verificar que el sistema utilizado cuente con las evaluaciones y aprobaciones exigidas por el artículo 34, particularmente cuando se trate de nuevas instalaciones o actualizaciones sustanciales.

Estas disposiciones proporcionan reglas documentales que pueden proteger al trabajador frente a instrucciones irregulares, pero también aumentan su exposición cuando existen fallas en la organización, la supervisión o la conducción de los procedimientos.

El protocolo establece obligaciones y sanciones, pero no incorpora un régimen específico de asistencia jurídica y protección institucional para los policías que cumplen las instrucciones recibidas dentro del marco legal y posteriormente deben responder en investigaciones judiciales o administrativas.

La responsabilidad no debería concentrarse exclusivamente en el último eslabón de la cadena operativa cuando las decisiones sobre configuración, activación, interpretación y utilización de la tecnología corresponden a diferentes niveles de autoridad.

Un comité de control sin estructura garantizada

El artículo 30 establece la creación del Comité de Ética y Supervisión de Sistemas de Videovigilancia en Espacios Públicos, integrado mediante invitaciones a representantes del Ministerio Público de la Acusación, la Defensa Penal, universidades nacionales y organismos competentes en protección de datos personales o transparencia pública.

La incorporación de instituciones externas representa un avance relevante, especialmente por la participación prevista de la Defensa Penal, cuya intervención puede contribuir a equilibrar el análisis de las herramientas de vigilancia.

No obstante, sus integrantes desempeñarán funciones ad honorem y el protocolo no establece una estructura presupuestaria específica ni garantiza recursos técnicos permanentes para desarrollar las auditorías.

La norma también admite que el comité funcione aunque algunas de las instituciones invitadas no designen representantes.

Estas características contrastan con la responsabilidad que le atribuye el artículo 34, según el cual ningún sistema de videovigilancia con inteligencia artificial puede comenzar a funcionar sin que el organismo haya aprobado previamente su evaluación de impacto.

El comité tendrá, por lo tanto, una función decisiva para habilitar sistemas complejos, pero todavía debe demostrarse que contará con independencia práctica, conocimientos técnicos y recursos suficientes para ejercerla.

La puesta en marcha antes de fin de año será la primera prueba

La intención de poner en funcionamiento el sistema Lince en la ciudad de Santa Fe antes de finalizar 2026 plantea un desafío inmediato.

Desde la aprobación del decreto restan apenas 51 días para concluir el año, período durante el cual deberán cumplirse las condiciones institucionales y técnicas exigidas por el nuevo régimen, en la medida en que todavía se encuentren pendientes.

La integración del comité, la presentación de la evaluación de impacto y su aprobación previa no constituyen trámites optativos, sino requisitos expresamente contemplados por el artículo 34.

La primera demostración de cumplimiento del Gobierno será acreditar que las nuevas instalaciones cuentan efectivamente con esas autorizaciones antes de entrar en funcionamiento.

Prohibiciones necesarias contra la vigilancia política, sindical y periodística

Entre los aspectos positivos del decreto se destacan las restricciones establecidas en los artículos 8 y 14, que impiden utilizar el sistema para elaborar perfiles sobre personas por sus opiniones políticas, pertenencia sindical, religión, origen étnico o ejercicio de actividades periodísticas.

También se prohíbe identificar o seguir participantes de manifestaciones legítimas por el solo ejercicio de esos derechos, con excepciones estrictas vinculadas con hechos delictivos concretos y autorización judicial.

La protección resulta especialmente importante porque las tecnologías de reconocimiento y análisis automatizado permiten desarrollar capacidades de vigilancia que anteriormente requerían cantidades considerables de recursos humanos y materiales.

El protocolo también prohíbe construir bases de reconocimiento facial mediante la extracción masiva de fotografías de redes sociales, elaborar perfiles discriminatorios y efectuar identificaciones biométricas indiscriminadas.

Otra garantía fundamental consiste en establecer que ninguna coincidencia generada por inteligencia artificial equivale a una identificación cierta.

El sistema puede producir indicios útiles para una investigación, pero la decisión de intervenir sobre una persona sigue siendo humana y debe ajustarse a las condiciones legales correspondientes.

Más tecnología requiere más garantías para todos

La incorporación de inteligencia artificial puede mejorar sustancialmente la capacidad del Estado para esclarecer delitos, reconstruir hechos violentos y localizar personas buscadas.

El desafío consiste en impedir que esa mayor capacidad técnica se transforme en una ampliación indiscriminada del poder de vigilancia y coerción.

El Decreto 2397/2026 reconoce una parte importante de esos riesgos y establece restricciones que deben valorarse. Sin embargo, conserva una fuerte concentración administrativa sobre el sistema, mantiene zonas de incertidumbre respecto de las intervenciones urgentes y todavía debe demostrar que sus controles externos podrán funcionar con independencia y eficacia.

Desde la perspectiva de los trabajadores policiales, también queda pendiente resolver una contradicción: mientras aumentan las obligaciones, los registros y las responsabilidades disciplinarias, no se desarrollan garantías institucionales equivalentes para quienes deben ejecutar las decisiones adoptadas por sus superiores.

La seguridad pública democrática necesita tecnología eficaz, controles judiciales claros, supervisión independiente y trabajadores debidamente capacitados y protegidos.

Porque no alcanza con que una cámara inteligente pueda identificar a una persona o reconstruir sus movimientos; también es necesario que el Estado pueda justificar legalmente cada decisión adoptada a partir de esa información.

Santa Fe acaba de establecer reglas importantes para controlar sus cámaras inteligentes. Ahora deberá demostrar que esas mismas reglas son capaces de controlar a quienes tienen el poder de encenderlas.

“Quien quiera oír que oiga”