Una nueva denuncia sobre las condiciones laborales del personal policial llegó a APROPOL desde la Unidad Regional IX, departamento General Obligado, donde efectivos manifestaron un profundo malestar por la implementación de un sistema de recargos y horas extras que estaría afectando los períodos de descanso, la organización familiar y las posibilidades de recuperación física después de jornadas prolongadas de servicio.
Según el testimonio recibido este martes 10 de noviembre, la situación comenzó a agravarse el sábado 7, cuando se habría dispuesto un régimen de horas extras organizado en tres turnos que obliga a determinados efectivos a regresar al servicio durante períodos que anteriormente correspondían a sus francos.
La denuncia describe jornadas habituales de 12 horas, descansos fragmentados y nuevas convocatorias de cuatro horas que, sumadas a los tiempos de traslado entre los domicilios y las dependencias, dejan a algunos trabajadores con escasas posibilidades reales de recuperación.
«Nos están matando con los recargos», expresa la persona denunciante, quien solicitó expresamente mantener su identidad en reserva por temor a sufrir represalias.
Doce horas de servicio, pocas horas de descanso y nuevamente a trabajar
Uno de los aspectos más preocupantes del relato es la organización de los horarios, particularmente para quienes viven lejos de sus lugares de prestación de servicios.
Según la denuncia, hay policías que deben recorrer aproximadamente 65 kilómetros para llegar a sus dependencias, cumplir una guardia de 12 horas y regresar a sus domicilios, pero luego son convocados nuevamente para realizar cuatro horas extras, con intervalos de apenas nueve horas entre las distintas prestaciones.
Esta situación obliga a multiplicar los viajes y reduce considerablemente el tiempo disponible para alimentarse, descansar, atender responsabilidades familiares y recuperar energías antes de la siguiente jornada.
El denunciante describe así una secuencia de trabajo y descanso que considera insostenible: después de cumplir la guardia, el personal dispone de pocas horas antes de tener que regresar para cubrir las horas extras, volver a su domicilio y prepararse nuevamente para el servicio ordinario.
«No tenemos vida», resume el mensaje recibido.
La gravedad de este esquema no puede analizarse exclusivamente contabilizando las horas que el efectivo permanece dentro de una dependencia. También corresponde considerar los desplazamientos, las interrupciones del descanso y la acumulación de fatiga que pueden producirse cuando un trabajador debe sostener ese ritmo durante varios días consecutivos.
Exigencias de identificaciones y presuntas represalias
La denuncia también menciona la imposición de objetivos operativos que incluirían la realización de 50 identificaciones y 10 actuaciones denominadas «10 bis».
Según la comunicación recibida, el incumplimiento de esas exigencias podría derivar en represalias contra el personal, una circunstancia que, de comprobarse, merecería una investigación administrativa.
Establecer objetivos de trabajo no constituye por sí mismo una irregularidad, pero cuando esos objetivos se transforman en cuotas obligatorias acompañadas de amenazas disciplinarias puede producirse una distorsión de la función policial.
La identificación de personas debe responder a circunstancias legalmente justificadas y a criterios operativos razonables, no convertirse en una competencia estadística en la que el trabajador sea presionado para alcanzar determinados números.
La seguridad pública no mejora necesariamente porque se multipliquen las identificaciones, del mismo modo que un procedimiento no se vuelve más eficaz por el solo hecho de incrementar las horas de permanencia del personal en la calle.
Las trabajadoras con hijos también denuncian perjuicios económicos
Otro aspecto señalado en el mensaje es el impacto del nuevo régimen sobre las policías que tienen hijos y deben contratar servicios de cuidado para poder cumplir con las horas extraordinarias.
Según el testimonio, la remuneración percibida por esas prestaciones adicionales puede resultar inferior al dinero que algunas trabajadoras deben destinar al pago de una niñera, situación que convierte el supuesto beneficio económico de las horas extras en una pérdida.
A ello se suman las dificultades de organización familiar provocadas por convocatorias adicionales que alteran los horarios habituales de trabajo y descanso.
El problema tampoco se limita a las trabajadoras con hijos, porque alcanza a todos aquellos efectivos que deben afrontar gastos de combustible, transporte o alimentación para cumplir servicios extraordinarios cuya compensación económica podría resultar insuficiente.
La administración de los recursos humanos no puede desconocer que detrás de cada uniforme existe una persona con obligaciones familiares, necesidades de descanso y gastos que no desaparecen cuando se dispone un recargo.
El descanso policial también es una cuestión de seguridad pública
La acumulación de jornadas prolongadas y descansos insuficientes no representa solamente un problema laboral. También puede afectar la calidad de las intervenciones policiales y aumentar los riesgos para los propios trabajadores y para terceros.
Un efectivo fatigado puede experimentar disminución de la atención, menor capacidad de reacción y dificultades para adoptar decisiones adecuadas ante situaciones de tensión.
Estas consecuencias resultan particularmente relevantes en una actividad que exige conducir vehículos, portar armamento, intervenir en conflictos y adoptar decisiones que pueden comprometer la integridad física de las personas.
Por eso, el descanso no debería considerarse una concesión administrativa ni un beneficio que pueda reducirse indefinidamente mediante recargos.
La recuperación física y mental del personal constituye una condición necesaria para prestar un servicio de seguridad pública responsable.
La utilización de horas extras para cubrir necesidades operativas puede resultar legítima, pero su implementación debe observar criterios de razonabilidad, planificación y protección de la salud laboral, especialmente cuando afecta períodos de franco y obliga a repetir desplazamientos de larga distancia.
El temor a denunciar revela otro problema institucional
El mensaje recibido por APROPOL concluye con una solicitud expresa de reserva de identidad.
La persona que se comunicó explicó que prefería no identificarse por temor a represalias, aunque consideraba necesario dar a conocer una situación que, según su testimonio, afecta a numerosos integrantes de la Unidad Regional IX.
Ese temor merece atención porque limita las posibilidades de plantear problemas laborales mediante los canales institucionales habituales.
Una organización que exige disciplina y subordinación jerárquica también necesita mecanismos confiables para que sus integrantes puedan advertir sobre deficiencias operativas, condiciones laborales perjudiciales o decisiones que consideran irrazonables.
La denuncia anónima no demuestra por sí misma la existencia de todas las irregularidades señaladas, pero constituye una advertencia que debería ser examinada sin perseguir a quienes expresan su malestar.
APROPOL reclama revisar los recargos y preservar los descansos
Frente a estas manifestaciones, corresponde que las autoridades de la Unidad Regional IX y del Ministerio de Justicia y Seguridad informen los alcances del sistema de horas extras implementado desde el 7 de noviembre, los criterios utilizados para asignar los recargos y los períodos de descanso previstos entre las distintas prestaciones.
También resulta necesario aclarar si existen objetivos obligatorios de identificaciones, qué instrucciones se impartieron al respecto y cuáles son los mecanismos disponibles para que el personal plantee dificultades familiares, económicas o relacionadas con su salud.
Desde APROPOL sostenemos que las necesidades del servicio deben compatibilizarse con los derechos y las condiciones humanas de quienes lo prestan. La subordinación funcional no puede interpretarse como una disponibilidad ilimitada del trabajador, ni la escasez de recursos humanos resolverse exclusivamente mediante la multiplicación de recargos sobre el personal existente.
Los policías no son recursos inagotables ni piezas intercambiables de una estructura administrativa. Son trabajadores que cumplen una función pública esencial y cuya salud, descanso y vida familiar también deben ser protegidos.
Una política de seguridad que exige cada vez más horas de servicio, pero no garantiza tiempos suficientes de recuperación, termina trasladando sus problemas de organización sobre los propios efectivos.
La conducción policial tiene la responsabilidad de organizar el servicio, pero también de preservar las condiciones necesarias para que ese servicio pueda prestarse de manera profesional, segura y sostenible.
La expresión con la que concluye el testimonio recibido resume el grado de agotamiento que denuncia parte del personal de General Obligado:
«Nos están liquidando, señor».
Más allá de la crudeza de esas palabras, corresponde investigar las condiciones descriptas, escuchar a los trabajadores y adoptar las medidas que resulten necesarias antes de que el desgaste laboral termine provocando consecuencias mayores.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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