Un nuevo ensayo de Alberto Rubén Martínez analiza cómo la inteligencia artificial, las cámaras de vigilancia y la geolocalización están modificando los procedimientos policiales en Santa Fe.
El trabajo advierte sobre los riesgos de debilitar el control judicial previo y plantea una cuestión pocas veces considerada: cuando las decisiones se toman en las oficinas, pero las consecuencias aparecen en la calle, el trabajador policial puede convertirse en el último responsable visible de una cadena de decisiones que no controló.
La incorporación de nuevas tecnologías a la seguridad pública está transformando profundamente la manera en que se investigan los delitos, se identifican sospechosos y se desarrollan los procedimientos policiales. Las cámaras de vigilancia, los sistemas de inteligencia artificial y los dispositivos de geolocalización permiten obtener información que hasta hace pocos años resultaba difícil de conseguir, ofreciendo herramientas valiosas para combatir la criminalidad, recuperar bienes sustraídos y proteger a las víctimas.
Sin embargo, estos avances también plantean interrogantes que no pueden resolverse únicamente desde la eficacia operativa, porque disponer de mejores instrumentos para investigar no significa necesariamente que el Estado deba contar con mayores posibilidades de ingresar a un domicilio sin autorización judicial.
Ese es el problema central que aborda el ensayo «Allanamientos sin orden judicial: ¿la excepción como nueva regla? Flagrancia virtual, geolocalización y desplazamiento del control judicial previo en la seguridad pública santafesina», actualmente en etapa de revisión, que examina las recientes transformaciones legislativas y judiciales de Santa Fe desde una perspectiva que incorpora tanto los derechos de los ciudadanos como las condiciones jurídicas y laborales de quienes deben ejecutar las intervenciones.
Allanamientos sin orden judicial: ¿la excepción como nueva regla? by Apropol Noticias
El trabajo parte de una premisa fundamental: la seguridad pública necesita herramientas eficaces, pero también necesita reglas claras, responsabilidades identificables y garantías institucionales que impidan que la urgencia termine convirtiéndose en una justificación general para prescindir del control judicial.
Qué significa allanar una vivienda sin orden judicial
La Constitución Nacional reconoce en su artículo 18 la inviolabilidad del domicilio, una garantía que protege la intimidad de las personas frente a las intervenciones arbitrarias del poder estatal. Esto no significa que una vivienda sea inaccesible para la Justicia ni que la policía deba permanecer inactiva frente a un delito, sino que el ingreso compulsivo debe realizarse conforme a las condiciones establecidas por la ley.
En Santa Fe, el artículo 169 del Código Procesal Penal regula el procedimiento ordinario de allanamiento, mientras que el artículo 170 contempla determinadas situaciones excepcionales que permiten actuar sin autorización judicial previa.
La diferencia es importante porque existen circunstancias en las que esperar una resolución judicial podría poner en peligro una vida, permitir la fuga de una persona perseguida o frustrar una intervención que requiere una respuesta verdaderamente inmediata.
El problema aparece cuando esa urgencia deja de estar vinculada con circunstancias concretas y comienza a confundirse con la comodidad operativa, la rapidez administrativa o la disponibilidad de información tecnológica.
Para comprenderlo basta un ejemplo sencillo: si un sistema permite localizar un teléfono robado dentro de una vivienda, esa información puede constituir un elemento importante para solicitar un allanamiento. Sin embargo, saber dónde podría encontrarse el aparato no demuestra, por sí solo, que resulte imposible solicitar previamente la autorización de un juez.
Una cosa es tener motivos para investigar, otra es contar con fundamentos para allanar y una tercera, jurídicamente diferente, es justificar por qué debe hacerse sin orden judicial.
Esta distinción, aparentemente elemental, constituye uno de los argumentos centrales del ensayo.
El caso Lince: cuando la tecnología cambia la interpretación de la urgencia
Uno de los antecedentes más significativos examinados ocurrió en Rosario durante junio de 2026, después de una balacera contra una vivienda de calle Entre Ríos al 6200.
A partir de las imágenes de distintas cámaras, el sistema de análisis audiovisual Lince permitió reconstruir el recorrido de los presuntos participantes del ataque e identificar una vivienda vinculada con sus movimientos.
El procedimiento se realizó el 19 de junio, luego de que el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial dictara una resolución administrativa que dispuso el allanamiento bajo la figura denominada «flagrancia virtual», sin autorización judicial previa.
Posteriormente, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena declaró inválido el procedimiento al considerar que no se encontraba suficientemente acreditada la urgencia que había impedido solicitar la correspondiente orden judicial.
La cuestión resultó particularmente significativa porque, según la reconstrucción judicial analizada en el ensayo, la magistrada reconoció que los elementos disponibles habrían permitido autorizar el allanamiento si se hubiera presentado la solicitud.
Es decir, no estaba necesariamente en discusión la utilidad de la información reunida ni la posibilidad de investigar el domicilio identificado, sino la decisión de prescindir de la intervención judicial previa.
La Fiscalía apeló y el camarista Tomás Gabriel Orso revocó posteriormente aquella nulidad mediante una resolución del 27 de julio de 2026, considerando legal el procedimiento dentro de las circunstancias examinadas.
Su interpretación introdujo un elemento relevante: la urgencia podía valorarse a partir del momento en que el sistema tecnológico producía el reporte positivo, y no necesariamente desde la comisión del delito, aunque el magistrado también estableció límites temporales y exigencias de documentación que impedían convertir esa interpretación en una autorización ilimitada.
El caso muestra cómo una misma actuación puede recibir valoraciones judiciales diferentes, incluso cuando existe coincidencia sobre la utilidad investigativa de las pruebas.
Y aquí aparece una cuestión especialmente importante para el personal policial: mientras jueces, fiscales y autoridades administrativas debaten posteriormente la legalidad de una decisión, quienes ingresaron a la vivienda ya ejecutaron una intervención cuyas consecuencias materiales y jurídicas pueden resultar irreversibles.
La geolocalización y el peligro de confundir un dato con una certeza
Las reformas legislativas de 2026 incorporaron expresamente la geolocalización al supuesto de allanamiento excepcional previsto en el inciso 5 del artículo 170 del Código Procesal Penal santafesino, con exigencias relativas a la precisión e identificación inequívoca de la ubicación de determinados objetos.
La finalidad investigativa de estas herramientas es evidente, particularmente frente al robo de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos que pueden ser rastreados mediante sistemas de localización.
Sin embargo, el ensayo advierte sobre una dificultad técnica que tiene consecuencias jurídicas concretas: localizar una señal electrónica no siempre equivale a identificar con certeza la vivienda donde se encuentra el dispositivo.
Los sistemas pueden presentar márgenes de incertidumbre derivados de la tecnología utilizada, la intensidad o disponibilidad de las señales, la infraestructura urbana y las características de los edificios. En propiedades contiguas, viviendas superpuestas o construcciones de varios pisos, esas limitaciones pueden adquirir especial importancia.
Además, localizar un dispositivo no demuestra necesariamente quién lo posee, cómo llegó hasta allí ni cuál es la responsabilidad penal de las personas que habitan el inmueble.
Una información tecnológica puede ser suficientemente confiable para orientar una investigación y, al mismo tiempo, requerir verificaciones adicionales antes de justificar una intervención domiciliaria.
El ensayo denomina «transferencia de suficiencia» al riesgo de que la confianza en el resultado de una herramienta tecnológica termine trasladándose indebidamente a la justificación jurídica de una medida coercitiva.
En términos sencillos, que una computadora señale una dirección no significa que haya comprobado todos los requisitos legales para derribar su puerta.
La orden judicial también protege al policía
Esta es una de las cuestiones centrales que el nuevo trabajo propone incorporar al debate sobre seguridad pública.
Habitualmente, cuando se discuten las garantías judiciales, el análisis se concentra en los derechos de los ciudadanos frente a la actuación policial, como si los controles establecidos por la ley fueran obstáculos que dificultan el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Sin embargo, esa interpretación deja afuera una circunstancia decisiva: el trabajador policial también necesita protección jurídica frente a las decisiones institucionales que debe ejecutar.
Cuando un juez autoriza un allanamiento, existe una resolución emitida por una autoridad independiente que examina sus fundamentos, establece sus límites y asume la responsabilidad por la decisión jurisdiccional adoptada.
Esa autorización no exime al personal de responder por eventuales excesos durante el procedimiento, pero permite distinguir la responsabilidad por haber autorizado el ingreso de aquella que corresponde a la manera en que fue ejecutado.
En cambio, cuando se prescinde de la orden judicial, la decisión de ingresar puede quedar concentrada en autoridades administrativas, superiores operativos y otros funcionarios que participan en la elaboración, validación y transmisión de las instrucciones.
El policía que finalmente llega al domicilio puede desconocer cómo se obtuvo la información, qué margen de error presenta el sistema tecnológico, quién evaluó la urgencia y cuáles fueron las razones para no solicitar autorización judicial.
No obstante, será quien aparezca frente a los habitantes, quien deba ingresar, quien asuma los riesgos físicos de la intervención y quien probablemente resulte identificado públicamente si el procedimiento es cuestionado.
Por eso, el control judicial previo no debe entenderse solamente como una garantía frente a la policía, sino también como una garantía para la policía.
Su función no consiste en reemplazar la responsabilidad profesional de los agentes, sino en distribuir adecuadamente las competencias y evitar que decisiones de extraordinaria gravedad dependan exclusivamente de una cadena de mandos administrativos.
El trabajador policial como fusible de decisiones tomadas arriba
Para analizar esta problemática, el ensayo desarrolla la categoría del «fusible policial», entendida como el riesgo de que las consecuencias jurídicas, disciplinarias, materiales o institucionales de decisiones adoptadas por autoridades superiores terminen concentrándose sobre quienes las ejecutan.
El concepto parte de una realidad organizacional: las decisiones dentro de una institución jerarquizada no se producen necesariamente en el mismo nivel donde se materializan sus consecuencias.
Una autoridad puede establecer una política de intervención, otra validar la información técnica, un superior disponer el operativo y un grupo de trabajadores ejecutar finalmente el ingreso.
Si posteriormente se comprueba que la dirección era equivocada, que la geolocalización resultaba insuficiente o que no existían las condiciones legales para actuar sin orden, resulta indispensable reconstruir quién adoptó cada decisión y qué información estaba disponible en ese momento.
No sería razonable atribuir automáticamente todas las consecuencias al agente que ingresó cuando la determinación de actuar sin autorización judicial fue adoptada por funcionarios de otros niveles.
Pero tampoco sería correcto sostener que la existencia de una orden superior libera a los policías de cualquier responsabilidad, porque la obediencia jerárquica encuentra límites en la Constitución y en las leyes, especialmente frente a instrucciones manifiestamente ilegales.
La cuestión exige distinguir responsabilidades, en lugar de concentrarlas arbitrariamente o diluirlas dentro de la organización.
El planteo dialoga con investigaciones reconocidas sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, particularmente con los trabajos de Michael Lipsky sobre los agentes estatales que desarrollan sus funciones en contacto directo con la sociedad y con los estudios de Christopher Hood sobre la distribución y el desplazamiento de responsabilidades dentro de las organizaciones gubernamentales.
En el ámbito policial, esa discusión adquiere una dimensión particular porque las decisiones institucionales pueden afectar la libertad, la integridad física, la propiedad y la vida de las personas.
Qué debería conocer un policía antes de ejecutar un allanamiento excepcional
El análisis permite extraer algunas orientaciones prácticas para los trabajadores policiales que reciben instrucciones de intervenir en procedimientos sin orden judicial, especialmente cuando se fundamentan en imágenes, reportes informáticos o dispositivos de geolocalización.
En primer lugar, resulta importante conocer quién dispuso la medida, cuál es la causal legal invocada y qué circunstancias concretas justifican la urgencia. También corresponde procurar que las instrucciones y comunicaciones queden debidamente documentadas, incluyendo los horarios relevantes y la identificación de las autoridades intervinientes.
Cuando el procedimiento depende de información tecnológica, deben existir responsables identificables de su producción y validación, así como registros que permitan conocer su actualidad, precisión y eventuales limitaciones.
Estas precauciones no significan que cada agente deba transformarse en especialista informático, perito tecnológico o abogado procesalista antes de cumplir una orden, porque esas responsabilidades corresponden a las áreas competentes y a quienes toman las decisiones institucionales.
Significan, precisamente, que la organización debe garantizar que el personal cuente con instrucciones comprensibles, capacitación suficiente y respaldo documental adecuado para cumplir legalmente sus funciones.
Ante dudas relevantes o irregularidades advertidas, corresponde acudir a los superiores y a los canales institucionales establecidos, procurando dejar constancia de las circunstancias, sin desconocer las obligaciones de actuar inmediatamente cuando existan situaciones de peligro real y jurídicamente justificadas.
Tampoco debe confundirse la existencia de una orden administrativa con una autorización judicial: ambas pueden integrar el procedimiento, pero tienen naturaleza, competencias y efectos diferentes.
No existe una fórmula que permita resolver mecánicamente todos los casos. La legalidad dependerá de los hechos, la urgencia real, la causal invocada y las condiciones de ejecución.
La importancia de registrar el procedimiento y toda la cadena de decisiones
Otro de los aspectos destacados del ensayo es la necesidad de establecer mecanismos adecuados de documentación y trazabilidad institucional.
Una intervención policial no comienza cuando el primer efectivo golpea una puerta, sino mucho antes, cuando alguien recibe información, la analiza, decide que debe realizarse un procedimiento, evalúa sus fundamentos y transmite una instrucción a quienes deberán ejecutarla.
Si solamente queda documentada la actuación del personal operativo, la reconstrucción de lo ocurrido será necesariamente incompleta.
Por eso, el trabajo sostiene que la trazabilidad debe permitir recorrer las decisiones desde el agente que intervino hasta los funcionarios que establecieron las condiciones de su actuación.
Esta exigencia también comprende la filmación de los procedimientos, una herramienta que no debe interpretarse exclusivamente como un mecanismo destinado a controlar al policía.
El registro audiovisual puede proteger a los habitantes de una vivienda frente a abusos, pero también puede proteger a los agentes frente a acusaciones infundadas, reconstrucciones incorrectas o intentos de atribuirles decisiones que no adoptaron.
El ensayo identifica, además, una diferencia normativa significativa: el artículo 169 contempla la filmación del allanamiento ordinario realizado por la policía, salvo exención judicial fundada, mientras que el artículo 170 no establece una obligación equivalente para los procedimientos excepcionales sin orden.
Esta situación merece especial atención porque justamente las intervenciones que carecen de control judicial previo deberían contar con mecanismos particularmente rigurosos de documentación y revisión posterior.
Más facultades deben significar también mayores garantías para los trabajadores
La discusión se relaciona directamente con el Principio de Reciprocidad Institucional, desarrollado en trabajos anteriores, según el cual la imposición de obligaciones funcionales especialmente intensas debe estar acompañada por garantías institucionales proporcionales a esas exigencias.
Aplicado a la actividad policial, significa que la ampliación de facultades para intervenir sobre los derechos de terceros no puede traducirse exclusivamente en nuevas obligaciones, mayores riesgos y responsabilidades crecientes para el personal operativo.
También debe implicar capacitación, supervisión efectiva, equipamiento, respaldo jurídico, instrucciones fundamentadas y criterios transparentes de distribución de responsabilidades.
La reciente Ley provincial 14.494, promulgada el 6 de noviembre de 2026, incorpora al régimen de la Defensa Pública la posibilidad de crear unidades especiales para la defensa de integrantes de fuerzas de seguridad en determinados casos vinculados con alegaciones de violencia institucional.
Aunque esa disposición no establece una defensa automática para todos los procedimientos policiales ni se refiere específicamente a los allanamientos, introduce un elemento relevante en una discusión más amplia sobre la necesidad de garantizar asistencia jurídica adecuada a quienes cumplen funciones estatales de coerción.
El principio no pretende asegurar impunidad ni establecer privilegios corporativos, sino reconocer que el Estado no puede exigir responsabilidades extraordinarias sin proporcionar condiciones suficientes para ejercerlas legalmente.
Los derechos de los ciudadanos y de los policías no son enemigos
Durante décadas, buena parte del debate sobre seguridad democrática se concentró, con razones históricas evidentes, en la necesidad de limitar los abusos policiales y garantizar la subordinación de las fuerzas al orden constitucional.
Esos objetivos siguen siendo indispensables, pero el ensayo incorpora una dimensión complementaria: el policía no solamente es un funcionario que ejerce poder sobre terceros, sino también un trabajador que actúa bajo subordinación, recibe órdenes, enfrenta riesgos y necesita garantías frente a posibles decisiones institucionales arbitrarias.
En consecuencia, proteger los derechos de los ciudadanos y reconocer los derechos de los trabajadores policiales no constituyen objetivos incompatibles.
Una orden correctamente fundamentada protege al habitante y al agente. Una investigación tecnológica rigurosa reduce el riesgo de ingresar a una vivienda equivocada y disminuye la exposición del personal. Una adecuada documentación permite controlar los procedimientos y reconstruir las responsabilidades reales.
La misma garantía puede servir, simultáneamente, para evitar abusos de poder y para impedir que los trabajadores policiales terminen soportando consecuencias derivadas de decisiones que excedían sus atribuciones.
Una pregunta que debe investigarse, no una conclusión anticipada
El ensayo no sostiene que todos los allanamientos sin orden judicial sean ilegales ni que la utilización de nuevas tecnologías resulte incompatible con una seguridad pública democrática.
Tampoco afirma que actualmente exista una práctica generalizada de allanamientos excepcionales en Santa Fe, porque para demostrarlo sería necesario reunir información sistemática sobre la cantidad de procedimientos, las causales utilizadas, sus fundamentos y los resultados de los controles judiciales posteriores.
Su planteo es más preciso: determinadas reformas legales, interpretaciones judiciales y capacidades tecnológicas podrían favorecer que una facultad excepcional comience a utilizarse con mayor frecuencia, debilitando progresivamente la intervención judicial previa.
Confirmar o descartar esa hipótesis requiere evidencia, transparencia institucional y seguimiento de las prácticas concretas.
La tecnología puede contribuir enormemente a mejorar la persecución penal, pero su incorporación no debería conducir a una reducción automática de las garantías que históricamente distinguieron al Estado de derecho del ejercicio arbitrario del poder.
Una seguridad pública eficaz también necesita proteger a quienes la ejecutan
El debate sobre los allanamientos sin orden judicial no puede quedar reducido a una confrontación entre quienes reclaman mayor eficacia policial y quienes exigen garantías constitucionales, porque ambas preocupaciones pueden y deben formar parte de una misma política de seguridad.
El Estado tiene la obligación de investigar los delitos, proteger a las víctimas y actuar con rapidez frente a situaciones verdaderamente urgentes, pero también debe garantizar que las decisiones más invasivas estén fundamentadas, sean controlables y permitan identificar a quienes asumieron cada responsabilidad.
Para los trabajadores policiales, esta discusión tiene consecuencias inmediatas: las decisiones adoptadas en una oficina pueden convertirse en procedimientos de alto riesgo y, eventualmente, en conflictos disciplinarios o judiciales que afecten sus carreras, su patrimonio y su vida familiar.
Por eso, exigir reglas claras, documentación, capacitación y respaldo jurídico no constituye un obstáculo para la autoridad ni una expresión de debilidad institucional.
Constituye una condición para ejercerla responsablemente.
La verdadera fortaleza de una institución policial no se mide solamente por la cantidad de facultades que recibe, sino también por las garantías que ofrece a los ciudadanos sobre los que interviene y a los trabajadores que deben cumplir sus decisiones.
Y frente a la pregunta que da título al ensayo —si la excepción está convirtiéndose en una nueva regla—, existe otra que el debate público debería comenzar a formular con igual seriedad:
Cuando se decide ingresar a una vivienda sin autorización judicial, ¿quién responde realmente por esa decisión y quién termina pagando sus consecuencias?
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
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