Condenaron al policía que gaseó a una niña: otra vez responde el ejecutor mientras los superiores quedan impunes

La Justicia condenó al oficial principal de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi por gasear a una niña de diez años y a su madre durante una manifestación de jubilados frente al Congreso.

La sentencia incluye prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer funciones policiales, con graves consecuencias para su carrera. APROPOL había advertido en mayo de 2025 sobre el riesgo de que los trabajadores terminaran soportando las consecuencias de una política de seguridad diseñada desde los niveles superiores. Ahora, la querella anuncia que buscará avanzar sobre Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva, mientras continúa pendiente una evaluación integral de las responsabilidades políticas y operativas.

La condena del oficial principal de la Policía Federal Argentina Cristian Miguel Rivaldi, dictada el 11 de noviembre de 2026 por el juez federal Daniel Rafecas, constituye un hecho judicial de indudable gravedad, pero también representa una oportunidad para examinar una de las contradicciones más profundas de las políticas de seguridad contemporáneas: la posibilidad de que las consecuencias penales, profesionales y económicas de una intervención ilegítima terminen concentrándose sobre quien ejecutó materialmente el procedimiento, mientras las responsabilidades de quienes organizaron, condujeron y respaldaron políticamente el operativo permanecen sin una respuesta equivalente.

Rivaldi fue condenado a un año y tres meses de prisión en suspenso y a una inhabilitación especial de dos años y seis meses para ejercer sus funciones policiales, después de que la Justicia considerara acreditado que utilizó gas irritante contra Carla Mariana Pegoraro y su hija Fabrizia, de diez años, durante una manifestación de jubilados realizada el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación.

La niña debió recibir atención médica por una conjuntivitis química y, según las pruebas examinadas durante el proceso, tanto ella como su madre se encontraban sentadas en la vía pública, sin agredir a los efectivos ni ofrecer resistencia que justificara el empleo de aquella fuerza.

No existe motivo para relativizar la gravedad de esa conducta ni para justificarla mediante las dificultades propias del servicio policial. La utilización injustificada de un agente químico contra una niña constituye una vulneración de derechos y debe tener las consecuencias jurídicas correspondientes.

Sin embargo, reconocer la responsabilidad individual del policía no significa que debamos considerar agotado el examen de las responsabilidades institucionales.

Por el contrario, la condena permite recuperar una advertencia que APROPOL formuló públicamente mucho antes de que se conociera esta sentencia: cuando una política de seguridad coloca a los trabajadores policiales en escenarios de confrontación social, los errores y las conductas ilegítimas pueden terminar generando consecuencias individuales gravísimas, mientras las decisiones superiores que organizaron esas intervenciones reciben un examen mucho menos visible.

Una niña lesionada y una condena que no admite justificaciones

El episodio ocurrió durante un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso Nacional, en las inmediaciones de las avenidas Rivadavia y Callao, cuando efectivos de la Policía Federal avanzaron sobre manifestantes que participaban de una protesta relacionada con los reclamos de jubilados.

Rivaldi integraba una unidad especializada en operaciones de contención y control de multitudes y tenía asignado un dispositivo de dispersión de agentes químicos.

La investigación judicial incorporó filmaciones, testimonios, documentación médica y antecedentes operativos que permitieron reconstruir su intervención.

Según la acusación del fiscal Eduardo Taiano, la utilización del gas resultó desmedida e injustificada, especialmente porque las víctimas no desarrollaban una conducta agresiva que exigiera semejante respuesta.

Durante su defensa, Rivaldi sostuvo que no había advertido la presencia de la menor y que actuaba en un contexto de tensión durante el avance de los efectivos. También cuestionó la atribución del lanzamiento del gas.

Sin embargo, las pruebas reunidas fueron consideradas suficientes para establecer su responsabilidad y el juez Rafecas dictó la correspondiente sentencia condenatoria.

La cuestión central debe quedar perfectamente clara: ninguna orden de avanzar, dispersar manifestantes o recuperar el control de una calle autoriza a utilizar indiscriminadamente la fuerza contra personas que no representan una amenaza.

La obediencia funcional tiene límites legales y profesionales, y cada policía conserva responsabilidades propias respecto de los medios que utiliza durante una intervención.

Pero la existencia de esa responsabilidad individual tampoco elimina las obligaciones que corresponden a quienes planifican, dirigen y supervisan los operativos.

APROPOL lo advirtió el 30 de mayo de 2025

La condena de Rivaldi no representa para APROPOL una preocupación aparecida después de conocerse la sentencia, porque el 30 de mayo de 2025, cuando el funcionario policial acababa de ser procesado, publicamos una editorial titulada «MÁS SEÑALES: Procesan al policía que gaseó a una nena en una marcha de jubilados», en la que advertíamos sobre las consecuencias de una política de seguridad que colocaba a los trabajadores policiales en escenarios de confrontación con sectores de la sociedad.

En aquella publicación cuestionábamos que las decisiones sobre el empleo de la fuerza fueran adoptadas dentro de estructuras políticas y jerárquicas cuyas responsabilidades no siempre resultaban examinadas con el mismo rigor que las actuaciones de quienes ejecutaban los procedimientos.

La editorial formulaba una pregunta que hoy conserva plena actualidad: ¿dónde están los responsables políticos y quién examina la cadena de mando?

También advertíamos que los trabajadores podían terminar enfrentando procesos judiciales, sanciones disciplinarias y consecuencias personales por intervenciones desarrolladas dentro de dispositivos diseñados por autoridades superiores.

Aquella advertencia no pretendía justificar la agresión sufrida por Fabrizia Pegoraro, como tampoco pretende hacerlo el presente análisis. Su objetivo era señalar una contradicción institucional que excedía el caso particular: el Estado exige obediencia y disponibilidad a sus trabajadores, pero no siempre garantiza que las decisiones que deben ejecutar se encuentren acompañadas por instrucciones suficientemente claras, capacitación adecuada, supervisión eficaz y una distribución proporcional de responsabilidades.

Diecisiete meses después de aquella publicación, Rivaldi recibió una condena penal que compromete seriamente su continuidad profesional, mientras la representación jurídica de las víctimas anuncia que intentará extender el examen de las responsabilidades hacia las autoridades superiores.

La secuencia no demuestra automáticamente que los mandos hayan cometido delitos, pero sí permite comprobar que el riesgo advertido públicamente en mayo de 2025 era concreto y merecía ser examinado antes de que se produjeran consecuencias irreversibles.

La condena también compromete su carrera y su fuente de trabajo

Existe un aspecto de la sentencia que merece especial atención desde la perspectiva de los derechos laborales de los trabajadores policiales: además de la pena de prisión en suspenso, Rivaldi fue condenado a una inhabilitación especial de dos años y seis meses para ejercer sus funciones.

Aunque la modalidad condicional de la condena significa que no deberá cumplir efectivamente la pena de prisión mientras respete las condiciones legales correspondientes, la inhabilitación judicial afecta directamente su posibilidad de continuar desempeñando las funciones profesionales para las que fue formado.

La situación adquiere mayor gravedad si se consideran las consecuencias administrativas que puede producir una condena penal dentro del régimen de la Policía Federal Argentina.

La Ley 21.965 y su Decreto Reglamentario 1866/1983 establecen las condiciones de permanencia, separación y pérdida del estado policial.

En particular, el artículo 731 del decreto contempla las consecuencias de las condenas judiciales y dispone que, frente a una inhabilitación especial, la jefatura policial debe resolver la situación funcional del afectado conforme a los alcances de esa pena y las circunstancias del caso.

El artículo 732 aclara, a su vez, que una condena condicional no implica necesariamente la separación automática de la institución, aunque permite que los hechos sean examinados administrativamente y que eventualmente se disponga la cesantía o la exoneración.

Por lo tanto, no corresponde afirmar que Rivaldi ya fue exonerado ni que la baja constituye una consecuencia automática e inevitable de la sentencia. Pero tampoco puede minimizarse el riesgo real de que su condena derive en la pérdida definitiva del empleo policial, con las consecuencias económicas, profesionales y familiares que ello representa.

La situación es particularmente significativa porque el trabajador condenado enfrenta no solamente una sanción penal, sino también una afectación directa de su trayectoria profesional y de su fuente de ingresos.

Aquí aparece una de las consecuencias más severas del mecanismo que venimos estudiando: el último integrante de una cadena operativa puede terminar condenado, inhabilitado y eventualmente separado de la institución, mientras las decisiones adoptadas por quienes organizaron y condujeron el procedimiento todavía requieren una evaluación institucional completa.

Nada de esto disminuye la gravedad del daño causado a la niña ni elimina la responsabilidad de Rivaldi por su conducta. Lo que plantea es la necesidad de que las consecuencias jurídicas se distribuyan de acuerdo con las responsabilidades reales de todos los funcionarios intervinientes.

El fusible policial: cuando la responsabilidad encuentra un límite en la cadena de mando

En nuestros trabajos sobre seguridad pública venimos desarrollando la categoría del «fusible policial», entendida como el riesgo de que las consecuencias jurídicas, disciplinarias y profesionales de determinadas decisiones institucionales terminen concentrándose sobre los trabajadores encargados de ejecutarlas.

La expresión no implica que todo policía sancionado sea una víctima inocente de sus superiores ni que la obediencia jerárquica constituya una justificación suficiente para cometer actos ilegales.

Su utilidad reside en mostrar una posible asimetría entre quienes toman decisiones y quienes soportan sus consecuencias.

En cualquier operativo policial complejo existen diferentes niveles de responsabilidad. Las autoridades políticas establecen orientaciones generales y objetivos institucionales; los mandos superiores organizan los dispositivos y determinan los recursos disponibles; las jefaturas operativas transmiten instrucciones, mientras que los trabajadores ejecutan materialmente las intervenciones.

Cada nivel posee atribuciones diferentes, acceso distinto a la información y posibilidades específicas de prevenir errores, corregir decisiones o impedir actuaciones ilegítimas.

Sin embargo, cuando se produce un hecho grave, la investigación suele encontrar con relativa facilidad al funcionario que aparece en una filmación utilizando un arma, un dispositivo químico o cualquier otro instrumento coercitivo.

Mucho más complejo puede resultar reconstruir las instrucciones anteriores, los criterios de intervención, las condiciones operativas y las decisiones de supervisión que rodearon aquella conducta.

El fusible policial aparece como hipótesis institucional cuando la responsabilidad se concentra sobre el ejecutor y la investigación de las decisiones superiores queda incompleta.

En el caso Rivaldi, la responsabilidad individual fue establecida judicialmente, pero ello no significa que la sentencia constituya una evaluación integral de todas las decisiones políticas y operativas que dieron origen al procedimiento.

¿Quién ordenó avanzar y quién dirigía el operativo?

La documentación reunida durante la investigación permite identificar un elemento especialmente relevante: Rivaldi no se encontraba actuando espontáneamente ni desarrollaba una intervención individual desligada de las estructuras de conducción.

Según la información publicada por Infobae a partir de documentación incorporada al expediente, el funcionario estaba asignado al operativo denominado «Concentración frente al Congreso de la Nación», bajo coordinación del Comando Unificado de las Fuerzas Federales.

Su presencia había sido dispuesta mediante la Orden de Servicio N.º 2978/2024, mientras que la propia Policía Federal informó que tenía asignado un dispositivo de dispersión de agentes químicos.

El agente sostuvo durante su defensa que había recibido instrucciones de avanzar, dispersar a los manifestantes y liberar la circulación.

Estas circunstancias no demuestran que alguien le hubiera ordenado utilizar gas contra la niña, pero confirman que su intervención formaba parte de un procedimiento institucionalmente organizado, dentro de una estructura jerárquica con mandos y responsabilidades identificables.

Por eso resulta indispensable conocer qué instrucciones se impartieron, quiénes las transmitieron, cuáles eran los criterios establecidos para utilizar agentes químicos y qué mecanismos de supervisión existían durante la intervención.

La investigación de esos extremos permitiría diferenciar con mayor precisión las responsabilidades individuales de las que eventualmente pudieran corresponder a quienes ejercían funciones de conducción.

Una cosa es determinar quién utilizó el gas y otra, igualmente importante desde el punto de vista institucional, es establecer cómo se organizó una intervención que terminó produciendo aquel resultado.

La responsabilidad política también alcanza a la Presidencia de la Nación

Existe una dimensión que no puede quedar fuera del análisis: el operativo fue ejecutado por la Policía Federal Argentina, una fuerza de seguridad nacional cuya conducción política corresponde al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad.

En septiembre de 2024, Patricia Bullrich se desempeñaba como ministra de Seguridad, mientras que Alejandra Monteoliva ocupaba una función de conducción dentro de esa cartera.

Pero la responsabilidad política por la orientación general de la seguridad nacional no se agota en el ministerio, porque el Gobierno nacional se encuentra encabezado por el presidente Javier Milei.

El artículo 22 bis de la Ley de Ministerios, conforme al Decreto 8/2023, establece que el Ministerio de Seguridad debe asistir al Presidente en materia de seguridad interior y ejecutar las políticas y programas correspondientes de acuerdo con las directivas del Poder Ejecutivo Nacional.

La misma disposición atribuye a esa cartera funciones vinculadas con la planificación y coordinación del esfuerzo nacional de policía.

Esto no significa atribuir al presidente Milei una orden personal de gasear a una niña ni establecer una responsabilidad penal individual que no haya sido acreditada por la Justicia.

Significa reconocer que las políticas públicas tienen responsables políticos identificables y que las consecuencias de su ejecución también deben ser consideradas al evaluar la actuación del Gobierno.

La responsabilidad penal exige pruebas concretas sobre conductas individuales. La responsabilidad política, en cambio, comprende el examen de los objetivos establecidos, los métodos seleccionados, las condiciones institucionales creadas y las respuestas ofrecidas cuando una intervención estatal termina vulnerando derechos.

La condena de un agente no debería utilizarse para clausurar el debate sobre una política de seguridad cuya conducción política llega hasta el Ministerio de Seguridad y la propia Presidencia de la Nación.

Las explicaciones oficiales que terminaron contradichas por las pruebas

Otro aspecto particularmente significativo del caso fue la reacción de las autoridades nacionales cuando comenzaron a difundirse las imágenes de lo ocurrido.

La entonces ministra Patricia Bullrich negó públicamente que un efectivo policial hubiera gaseado a la niña y cuestionó a su madre por haberla llevado a la manifestación.

También se difundieron explicaciones que atribuían el episodio a personas ajenas a las fuerzas federales, incluyendo material audiovisual posteriormente cuestionado por su interpretación y autenticidad contextual.

La investigación judicial terminó estableciendo que el gas había sido utilizado por Rivaldi y que madre e hija no estaban desarrollando una conducta que justificara aquella intervención.

La contradicción entre las explicaciones oficiales iniciales y los hechos establecidos judicialmente plantea un problema institucional diferente de la actuación individual del agente: la responsabilidad de las autoridades frente a una denuncia de violencia policial.

El deber de proteger a los integrantes de una fuerza no autoriza a negar anticipadamente los hechos, desacreditar a las víctimas o sustituir una investigación por una explicación política favorable.

La protección institucional legítima consiste en garantizar el debido proceso, preservar las pruebas, respetar los derechos del trabajador acusado y esclarecer las circunstancias del procedimiento.

Cuando las autoridades adoptan una posición pública antes de contar con una investigación suficiente, pueden comprometer la credibilidad de la institución y dificultar el reconocimiento de eventuales irregularidades.

En este caso, la condena dejó sin sustento la versión inicial que negaba la intervención policial sobre la niña.

Pero determinar si además existieron conductas deliberadas de encubrimiento constituye una cuestión diferente, que requiere pruebas y decisiones judiciales específicas.

Dalbón anunció que buscará avanzar contra Bullrich y Monteoliva

La discusión sobre las responsabilidades superiores adquirió una nueva dimensión después de conocerse la sentencia, cuando el abogado Gregorio Dalbón, representante de Fabrizia Pegoraro y de su madre, anunció públicamente su intención de avanzar sobre la actuación de Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.

En declaraciones reproducidas por la agencia Noticias Argentinas, el letrado cuestionó las explicaciones ofrecidas desde el Gobierno nacional y sostuvo que la condena del agente no debía representar el final de la investigación de las responsabilidades.

Dalbón afirmó expresamente: «Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva».

El anuncio resulta significativo porque expresa la voluntad de la representación jurídica de las víctimas de extender el examen más allá de la conducta material del policía condenado.

La querella cuestiona particularmente las declaraciones públicas mediante las cuales se negó inicialmente la agresión y se atribuyó responsabilidad a personas ajenas a las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, corresponde distinguir el anuncio del abogado de una imputación judicial formal, porque sus afirmaciones no demuestran por sí mismas la comisión de delitos por parte de las funcionarias mencionadas.

Tampoco permiten concluir que Bullrich o Monteoliva hayan impartido personalmente una orden de utilizar gas contra la niña.

Lo relevante es que la discusión sobre la cadena superior de responsabilidades ya no aparece únicamente en nuestros análisis institucionales, sino que también forma parte de los planteos que la representación de las víctimas pretende llevar adelante.

La condena de Rivaldi puede ser el final de una etapa judicial, pero no necesariamente el final del examen sobre las decisiones superiores que rodearon el operativo.

El blindaje político y la dificultad de investigar hacia arriba

Una de las características que merecen especial atención dentro de las organizaciones jerarquizadas es la posibilidad de que las responsabilidades se investiguen con distinta intensidad según el lugar que cada funcionario ocupa dentro de la estructura.

El agente que ejecuta materialmente una intervención suele resultar identificable mediante imágenes, testimonios y documentación operativa.

En cambio, las decisiones políticas, las instrucciones generales, los criterios de supervisión y los procesos de planificación se encuentran distribuidos entre diferentes autoridades y organismos, lo que puede dificultar la reconstrucción de responsabilidades.

El problema se agrava cuando las conducciones superiores adoptan posiciones públicas destinadas a defender anticipadamente la legitimidad de un procedimiento, porque esas explicaciones pueden influir sobre el clima institucional en el que deben desarrollarse las investigaciones.

En el caso Rivaldi, las declaraciones iniciales de las autoridades y las posteriores contradicciones con las pruebas judiciales ofrecen elementos suficientes para plantear interrogantes sobre la calidad de la respuesta institucional.

No obstante, sería incorrecto afirmar que existe una maniobra penal de encubrimiento ya demostrada, porque esa conclusión exigiría una investigación específica.

La cuestión de fondo consiste en evitar que la condena individual funcione como una respuesta suficiente para cerrar toda discusión sobre la actuación del Estado.

No se trata de absolver al policía que cometió el abuso, sino de impedir que su condena termine funcionando como una absolución política anticipada de quienes tomaron las decisiones superiores.

Esta distinción resulta esencial para comprender el alcance del fusible policial.

Una política de seguridad también debe responder por las condiciones que produce

Las políticas de seguridad no pueden evaluarse exclusivamente por la cantidad de intervenciones realizadas, calles despejadas o manifestaciones controladas.

También corresponde examinar los riesgos que generan, los derechos que afectan, las condiciones en que colocan a los trabajadores y la capacidad institucional para prevenir actuaciones ilegítimas.

Los operativos sobre manifestaciones públicas presentan una complejidad particular porque en ellos confluyen el derecho constitucional a protestar, las obligaciones estatales de garantizar la seguridad y las facultades policiales para prevenir o intervenir frente a hechos concretos de violencia.

El Estado tiene la obligación de proteger a quienes participan pacíficamente de una manifestación, a las personas ajenas a ella y a los propios trabajadores policiales.

Sin embargo, cuando el conflicto social es abordado principalmente desde una lógica de confrontación, puede aumentar el riesgo de situaciones en las que la utilización de la fuerza resulte desproporcionada o incompatible con las garantías constitucionales.

La experiencia demuestra la importancia de contar con instrucciones claras, formación especializada, dispositivos de supervisión y criterios rigurosos de proporcionalidad.

Una política que exige intervenciones intensas sin proporcionar garantías suficientes puede producir consecuencias graves tanto para los ciudadanos como para los efectivos encargados de ejecutarla.

El caso Rivaldi permite examinar esas tensiones sin necesidad de justificar su conducta ni de atribuir responsabilidades automáticas a funcionarios que no fueron condenados.

El Principio de Reciprocidad Institucional y los derechos del trabajador policial

El análisis también se relaciona con el Principio de Reciprocidad Institucional que venimos desarrollando en nuestros trabajos sobre seguridad pública.

Este principio propone que cuanto mayores sean las obligaciones funcionales, las restricciones de derechos y los riesgos que una institución impone a sus trabajadores, mayores deben ser las garantías y los recursos que proporciona para permitirles cumplir legalmente sus responsabilidades.

Aplicado a las fuerzas policiales, significa que la exigencia de obediencia debe estar acompañada por instrucciones legítimas, capacitación suficiente, supervisión adecuada, asesoramiento jurídico y mecanismos efectivos de protección frente a decisiones arbitrarias.

No implica establecer privilegios corporativos ni justificar abusos.

Por el contrario, pretende fortalecer una concepción de la seguridad pública en la que los derechos de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores policiales no sean considerados objetivos enfrentados.

Una intervención correctamente planificada, con órdenes claras y límites definidos, protege a los ciudadanos frente a posibles abusos y también protege a los policías frente a riesgos jurídicos innecesarios.

La responsabilidad de los superiores no desaparece con la existencia de una orden, del mismo modo que la responsabilidad personal del ejecutor no desaparece por haberla recibido.

Ambas deben examinarse conforme a las atribuciones, decisiones y posibilidades reales de actuación de cada funcionario.

Una advertencia para todos los trabajadores policiales

La condena de Rivaldi deja una enseñanza que ningún trabajador policial debería ignorar.

Las órdenes recibidas dentro de una estructura jerárquica no convierten automáticamente en legítimos todos los medios utilizados para cumplirlas.

La utilización de la fuerza debe responder a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, especialmente cuando se interviene frente a personas que no representan una amenaza.

Pero el deber de actuar legalmente también exige que los trabajadores puedan conocer los fundamentos de las instrucciones, recibir capacitación y contar con mecanismos institucionales que permitan advertir irregularidades.

En organizaciones donde las órdenes se transmiten verticalmente y los márgenes de decisión individual pueden resultar limitados, estas garantías adquieren una importancia extraordinaria.

La experiencia demuestra que las consecuencias de una actuación ilegítima pueden prolongarse durante años y comprometer no solamente la situación penal del agente, sino también su empleo, su economía y su vida familiar.

Por eso resulta necesario fortalecer la participación de los trabajadores policiales en las discusiones sobre las condiciones de servicio, los protocolos operativos y las garantías que deben acompañar el ejercicio legítimo de la autoridad.

La disciplina institucional y el respeto por los derechos humanos no son principios incompatibles. Ambos deben formar parte de una misma concepción profesional de la seguridad pública.

La condena no puede ser el final de la discusión

Fabrizia Pegoraro sufrió una agresión injustificada y tiene derecho a que se reconozca el daño causado. Su madre también tiene derecho a obtener justicia y a que las circunstancias del procedimiento sean esclarecidas.

Cristian Miguel Rivaldi fue condenado por una conducta cuya gravedad no corresponde relativizar, y deberá afrontar las consecuencias penales y eventualmente administrativas que establezca el ordenamiento jurídico.

Pero las autoridades que participaron de la planificación, organización, conducción y posterior defensa pública del operativo también deben estar sujetas al examen institucional de sus decisiones, sin que ello signifique atribuirles automáticamente responsabilidades penales todavía no acreditadas.

El anuncio de la querella de avanzar contra Bullrich y Monteoliva demuestra que la discusión sobre las responsabilidades superiores permanece abierta.

Y la intervención de una fuerza federal exige incorporar también el análisis de las responsabilidades políticas que corresponden al Gobierno nacional, cuya máxima autoridad es el presidente Javier Milei.

Para APROPOL, el caso tiene además un significado especial, porque el 30 de mayo de 2025 advertimos públicamente que las políticas de confrontación podían colocar a los trabajadores policiales en situaciones de enorme exposición jurídica y profesional.

Hoy, después de la condena de Rivaldi, aquella advertencia adquiere una dimensión concreta.

No porque el policía deba ser presentado como una víctima inocente ni porque la agresión a una niña pueda justificarse mediante una orden de servicio, sino porque la responsabilidad individual no debería utilizarse para evitar el examen de las responsabilidades institucionales.

Lo dijimos en mayo de 2025 y lo reiteramos ahora: una política de seguridad no puede exigir obediencia hacia abajo mientras las responsabilidades encuentran obstáculos para ser investigadas hacia arriba.

La democracia necesita policías que respondan por sus actos, pero también necesita superiores que respondan por sus órdenes y autoridades políticas que asuman las consecuencias de las políticas que conducen.

Porque la verdadera responsabilidad institucional no termina en el trabajador que aparece en una filmación: también exige examinar las decisiones adoptadas por quienes tenían el poder de organizar, dirigir, supervisar y eventualmente impedir que aquella situación se produjera.

(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.