RAFAELA: El bukelismo de entrecasa y los intendentes que se creen sheriff

Un hombre dormía bajo un árbol. Apareció el intendente y comenzó el espectáculo

Un hombre descansaba bajo un árbol en una plaza de Rafaela cuando se le acercó el intendente de la ciudad, Leonardo Viotti, y comenzó a exigirle que se levantara y abandonara el lugar. La intervención fue registrada en video y posteriormente difundida por el propio mandatario municipal a través de sus redes sociales, acompañada de un mensaje sobre la necesidad de recuperar el orden y garantizar que los espacios públicos sean utilizados correctamente.

“Capo, capo, levantate”, se escucha decir al intendente mientras se aproxima al hombre, para luego insistir en que no podía permanecer allí. La persona se incorporó y le reclamó que le hablara bien, en una reacción que también quedó registrada en las imágenes.

 

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El episodio provocó una fuerte controversia pública y obligó a Viotti a ofrecer explicaciones posteriores. Según sostuvo, se trataba de una persona conocida por los equipos municipales, que habría recibido reiteradas ofertas de asistencia social y que no aceptaba las alternativas propuestas, además de incumplir las normas de convivencia.

Sin embargo, más allá de esas explicaciones, existe un aspecto que resulta difícil de ignorar: no estamos frente a una intervención municipal que accidentalmente quedó registrada por un testigo, sino ante una actuación protagonizada por el propio intendente, filmada y luego difundida desde sus canales de comunicación política.

El problema no es solamente que un funcionario ordene retirarse a una persona de una plaza, sino que convierta esa situación en una demostración pública de autoridad, utilizando como protagonista involuntario a alguien que se encuentra en condiciones de evidente vulnerabilidad.

De pie frente a un hombre en el suelo: ¿autoridad o intimidación?

La fotografía que acompaña el episodio permite observar una escena especialmente significativa. De un lado aparece el intendente, de pie, a escasa distancia de un hombre que se encontraba descansando bajo un árbol; del otro, una persona sentada en el suelo que debe responder a las órdenes de quien ejerce la máxima autoridad política de la ciudad.

La desigualdad de posiciones físicas resulta evidente y adquiere mayor importancia cuando se considera que la aproximación estuvo acompañada de expresiones imperativas para que el hombre se levantara y abandonara el lugar.

Esa proximidad corporal puede resultar intimidatoria, especialmente cuando proviene de una autoridad pública, aunque ello no significa necesariamente que se haya cometido el delito de amenazas.

No hace falta que exista una amenaza verbal explícita para que una persona experimente presión o amedrentamiento. La postura corporal, la distancia interpersonal, el tono de voz y las circunstancias en que se desarrolla una intervención también influyen sobre la manera en que esa situación es percibida.

Y aquí aparece una pregunta que merece formularse: ¿qué valoración recibiría esta misma escena si quien estuviera de pie fuera un policía ordenando retirarse a una persona vulnerable mientras alguien filma el procedimiento para promocionar su actuación?

Seguramente se discutirían el trato dispensado, la proporcionalidad de la intervención, la necesidad de acercarse de esa manera y los límites de la autoridad frente a un ciudadano que no representa una amenaza visible.

Esos mismos interrogantes corresponden cuando quien interviene es un intendente, porque el ejercicio de una función política no coloca a nadie por encima de las garantías de trato digno que deben respetar todos los funcionarios públicos.

La cámara no estaba para proteger a nadie: estaba para mostrar al intendente

Uno de los elementos centrales del episodio es la decisión de registrar la intervención y utilizar posteriormente las imágenes como contenido de comunicación política.

Viotti no se limitó a explicar que su administración desarrolla acciones de ordenamiento urbano, sino que difundió una escena en la que él mismo aparece impartiendo órdenes a una persona en situación de calle.

En la publicación sostuvo que las plazas son para que los vecinos las disfruten y no para instalarse a vivir o pasar la noche, mientras anunció que continuará interviniendo para recuperar el orden.

El mensaje político resulta claro: mostrar a un intendente presente, decidido y dispuesto a actuar personalmente frente a situaciones que considera incompatibles con las normas de convivencia.

Pero esa estrategia de comunicación plantea una cuestión ética importante, porque transforma una intervención estatal sobre una persona vulnerable en una pieza de autopromoción de la gestión municipal.

El hombre que descansaba bajo el árbol no aparece como destinatario de una política social ni como sujeto de derechos, sino como parte de una escena destinada a mostrar la firmeza del funcionario.

La discusión no requiere suponer que todo fue previamente preparado ni que existió una intención deliberada de humillar. Basta observar que la intervención fue filmada y posteriormente difundida por el propio mandatario como demostración de su política de ordenamiento.

Una cosa es informar a los vecinos sobre las acciones de gobierno y otra muy distinta es convertir la situación de vulnerabilidad de una persona en material de propaganda política.

El bukelismo local: cuando cada intendente quiere ser sheriff

Lo ocurrido en Rafaela puede analizarse dentro de una tendencia política que suele denominarse «bukelismo», en referencia al estilo de conducción y comunicación de la seguridad desarrollado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

No se trata de establecer una equivalencia entre las políticas de seguridad de El Salvador y una intervención municipal en Santa Fe, porque sus características y consecuencias son profundamente diferentes.

La comparación se refiere a una manera de presentar la autoridad: dirigentes que buscan demostrar firmeza mediante imágenes contundentes, intervenciones personales y mensajes que dividen los conflictos públicos entre quienes supuestamente representan el orden y quienes aparecen como obstáculos para alcanzarlo.

En esta versión municipal, algunos intendentes parecen tentados a abandonar simbólicamente su función de administradores y conductores de políticas públicas para convertirse en una especie de sheriff que sale personalmente a imponer las reglas.

La figura puede resultar atractiva en tiempos de inseguridad, dificultades económicas y creciente malestar social, porque ofrece imágenes sencillas para problemas complejos.

Un funcionario aparece, da una orden, alguien se retira y la cámara registra la supuesta recuperación del orden.

Sin embargo, detrás de esa escena continúa existiendo el problema que dio origen al conflicto.

El hombre puede abandonar la plaza, pero eso no significa que haya conseguido vivienda, trabajo, asistencia sanitaria o una solución a las circunstancias que lo llevaron a dormir allí.

La política pública comienza precisamente donde termina la representación para las redes sociales.

La pobreza no desaparece porque el intendente la saque de una plaza

Existe una diferencia fundamental entre garantizar el uso adecuado de los espacios públicos y pretender resolver la presencia de personas en situación de calle mediante su desplazamiento.

Las plazas pertenecen a toda la comunidad y los municipios tienen facultades para establecer normas de convivencia, cuidar sus instalaciones y atender reclamos legítimos de los vecinos.

Pero también forman parte de esa comunidad las personas que no tienen un lugar donde dormir, cuya situación puede responder a problemas económicos, familiares, laborales o de salud que requieren respuestas específicas.

Viotti aseguró que el hombre había recibido ofrecimientos de asistencia y que no aceptaba la ayuda municipal. Ese antecedente debe ser considerado, porque los equipos sociales enfrentan dificultades reales cuando las personas rechazan las alternativas disponibles.

Sin embargo, la negativa a aceptar determinada asistencia no elimina automáticamente el problema ni convierte cualquier modalidad de intervención en una respuesta adecuada.

Sería importante conocer qué tipo de acompañamiento se ofreció, qué alternativas concretas estaban disponibles y si existían mecanismos de seguimiento para atender una situación que, según el propio intendente, llevaba tiempo sin resolverse.

La necesidad de preservar los espacios públicos no debería utilizarse para desconocer las dificultades de quienes carecen de vivienda, del mismo modo que la situación de vulnerabilidad tampoco significa que las reglas de convivencia deban desaparecer.

El verdadero desafío de la gestión consiste en compatibilizar ambas responsabilidades sin reducir el problema a una demostración de fuerza frente a una cámara.

Gobernar es bastante más difícil que hacer un video

Los intendentes tienen responsabilidades concretas en materia de convivencia urbana, higiene, tránsito, espacios públicos y coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad.

También deben supervisar los servicios municipales y garantizar que las normas se cumplan, porque la autoridad democrática no implica renunciar a las facultades legales que permiten organizar la vida comunitaria.

Pero gobernar exige mucho más que protagonizar intervenciones personales y difundirlas en redes sociales.

Exige construir políticas sostenibles, disponer de equipos profesionales, coordinar recursos, evaluar resultados y explicar qué se hace cuando las soluciones iniciales no alcanzan.

Una administración municipal debería ser capaz de atender situaciones de calle mediante procedimientos institucionales claros, sin depender de que el propio intendente aparezca personalmente para ordenar un desalojo informal o protagonizar una escena destinada a la opinión pública.

La autoridad de un mandatario no surge de su capacidad para levantar la voz frente a una persona vulnerable, sino de la legitimidad democrática de su cargo y del cumplimiento de las leyes.

Por eso, cuando un funcionario convierte su actuación personal en el centro de la comunicación oficial, aparece el riesgo de confundir la gestión pública con una representación permanente de poder.

Y las ciudades necesitan instituciones que funcionen, no personajes que deban demostrar todos los días que tienen autoridad.

Cuando el orden se convierte en propaganda

La preocupación que deja este episodio no está relacionada exclusivamente con la actuación de Viotti, sino con una modalidad de comunicación política que adquiere presencia en diferentes niveles de gobierno.

Operativos filmados, controles callejeros, intervenciones sobre personas vulnerables y exhibiciones de autoridad pueden convertirse en contenidos de alto impacto para redes sociales, especialmente cuando se presentan como ejemplos de una gestión decidida a recuperar el orden.

El problema aparece cuando la necesidad de producir imágenes contundentes comienza a ocupar un lugar más importante que la evaluación de las soluciones efectivamente alcanzadas.

Una cámara puede mostrar el momento en que alguien recibe una orden y se retira, pero difícilmente pueda demostrar que disminuyó el delito, mejoró la convivencia o se resolvió un problema social.

La comunicación gubernamental es legítima y necesaria, pero debería informar sobre las políticas públicas sin convertir a los ciudadanos en protagonistas involuntarios de campañas de autopromoción.

Esto resulta especialmente importante cuando las personas filmadas se encuentran en condiciones de desigualdad frente al Estado y carecen de posibilidades reales de controlar la difusión de su imagen.

La transparencia no consiste solamente en mostrar que un funcionario interviene, sino también en explicar qué facultades utiliza, qué procedimientos sigue y cuáles son los resultados de su actuación.

Las instituciones están por encima de los funcionarios

Existe una cuestión de fondo que no debería perderse de vista: los gobiernos municipales son transitorios, mientras que las instituciones públicas y las comunidades permanecen.

Los intendentes cumplen mandatos, los funcionarios cambian y las estrategias de comunicación se modifican, pero las consecuencias de determinadas maneras de ejercer la autoridad pueden perdurar mucho más allá de una gestión.

Una ciudad necesita funcionarios capaces de tomar decisiones, pero también requiere reglas previsibles, respeto institucional y políticas que no dependan del protagonismo personal de quienes ocupan circunstancialmente el poder.

Cuando se reemplaza la actuación profesional de los equipos municipales por la intervención mediática del intendente, el centro de atención deja de estar en la capacidad del Estado para resolver problemas y pasa a concentrarse en la figura del gobernante.

El orden democrático no consiste en demostrar quién manda, sino en garantizar que la autoridad se ejerza dentro de la ley, con proporcionalidad y respeto por todas las personas.

También por aquellas que atraviesan situaciones difíciles, que no tienen una vivienda o que carecen de recursos para defender públicamente su posición frente a una autoridad política.

El intendente no necesita jugar al sheriff para hacer cumplir la ley

La controversia de Rafaela deja una discusión que excede largamente a su intendente y que seguramente continuará apareciendo en otras ciudades argentinas.

Nadie discute que los espacios públicos deben cuidarse ni que las normas de convivencia tienen que cumplirse. Tampoco puede desconocerse que los municipios enfrentan dificultades concretas para abordar situaciones sociales que muchas veces superan sus recursos y competencias.

Pero la existencia de esos problemas no debería convertirse en una excusa para exhibir autoridad sobre personas vulnerables ni para transformar intervenciones estatales en propaganda política.

Viotti sostuvo que el municipio había intentado ayudar al hombre en distintas oportunidades y que continuaría actuando para garantizar el orden. Esa explicación merece ser considerada, pero no elimina los interrogantes sobre la necesidad, la forma y la difusión de la intervención.

La fotografía del intendente de pie frente a una persona que se encontraba en el suelo resume buena parte de la controversia: una desigualdad física y de poder que posteriormente se convirtió en contenido político.

El orden público no se fortalece cuando la vulnerabilidad de un ciudadano se transforma en escenografía para demostrar la firmeza de un gobernante.

Gobernar una ciudad requiere autoridad, pero también prudencia, responsabilidad y capacidad para comprender que detrás de cada conflicto existe una persona cuyos derechos no desaparecen por encontrarse en una situación social desfavorable.

Porque una cosa es hacer cumplir las normas y otra muy diferente es convertir ese cumplimiento en un espectáculo.

Y una sociedad democrática necesita gobernantes que administren los problemas públicos con eficacia y respeto, no intendentes que confundan el ejercicio de sus responsabilidades con el papel de un sheriff frente a las cámaras.

(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.