SANTA FE: Más de 30.000 identificaciones en diez días, ¿prevención del delito o una carrera por las estadísticas?

Treinta mil personas identificadas en apenas diez días

El Gobierno de Santa Fe volvió a presentar una impresionante cantidad de procedimientos policiales como demostración de su política de seguridad. Durante un operativo de saturación desarrollado este jueves en Parque Garay y Villa del Parque, la vocera provincial y candidata Virginia Coudannes informó que, durante los primeros días de noviembre, se habían registrado más de 30.000 identificaciones de personas y 6.000 controles vehiculares en el departamento La Capital.

La funcionaria, acompañada por la jefa de la Unidad Regional I, Margarita Romero, explicó que estos operativos forman parte del Plan de Seguridad provincial y buscan combatir especialmente los denominados delitos predatorios, mediante una mayor presencia policial en barrios y espacios públicos.

También informó que durante el mismo período se habían superado las 400 aprehensiones y se habían secuestrado 18 armas de fuego, mientras que la Policía de Investigaciones desarrolló nueve allanamientos en Santa Fe y Santo Tomé.

Son cifras que reflejan un despliegue policial considerable y un esfuerzo operativo que recae sobre los trabajadores de la fuerza. Sin embargo, la cantidad de personas identificadas plantea interrogantes que no deberían quedar ocultos detrás de la espectacularidad de los números.

Porque una cosa es informar cuánto trabajó la Policía y otra muy diferente es demostrar cuánto mejoró la seguridad de los ciudadanos.

Cuando identificar personas se convierte en un objetivo en sí mismo

APROPOL viene recibiendo denuncias de trabajadores policiales de distintas unidades regionales que describen exigencias de cantidades mínimas de identificaciones, procedimientos conocidos como 10 bis e intervenciones vinculadas con el Decreto 460.

Según esos testimonios, los objetivos se transmiten a los efectivos como metas operativas que deben cumplirse, independientemente de las circunstancias concretas que encuentren durante sus recorridas.

Los denunciantes aseguran que el incumplimiento puede provocar recargos de servicio, pérdida de francos, alteraciones en los horarios de salida y otras medidas que consideran represalias laborales.

Estas denuncias no permiten establecer que las 30.000 identificaciones informadas oficialmente hayan sido realizadas bajo un sistema de cupos obligatorios. Pero sí justifican preguntar si existen metas cuantitativas impartidas a las patrullas, cómo se determinan y qué consecuencias tiene para el personal no alcanzarlas.

La preocupación es que, cuando una identificación deja de ser una herramienta para atender una circunstancia concreta y se transforma en un número que hay que producir, aparece el riesgo de que la actividad policial termine orientada por la necesidad de completar estadísticas.

El problema no es que la Policía identifique personas cuando corresponde, sino que la cantidad de identificaciones pueda convertirse en una medida de productividad desligada de su verdadera utilidad preventiva.

El policía presionado y el vecino bajo sospecha

Las consecuencias de una política basada en exigencias cuantitativas pueden afectar simultáneamente a los ciudadanos y a los trabajadores policiales.

El vecino puede terminar sometido a controles que no siempre comprende, mientras que el efectivo debe justificar ante sus superiores por qué no realizó determinada cantidad de procedimientos durante su jornada.

Esta situación resulta particularmente preocupante en los barrios populares, donde la presencia policial intensiva puede terminar convirtiendo actividades completamente legítimas, como caminar, regresar del trabajo o permanecer en una esquina, en motivos habituales de intervención.

La propia Coudannes explicó que los operativos no se limitan a vehículos y motocicletas, sino que también alcanzan a los transeúntes, y vinculó esa modalidad con las llamadas al 911 que alertan sobre personas consideradas sospechosas.

La colaboración ciudadana es importante para prevenir delitos, pero la sospecha comunicada por un vecino necesita ser evaluada mediante circunstancias objetivas antes de justificar restricciones de derechos.

De lo contrario, existe el riesgo de que apreciaciones subjetivas, prejuicios sociales o la simple presencia de una persona en determinado lugar se transformen en motivos suficientes para intervenir.

El costo oculto de las estadísticas policiales

Mientras el Gobierno presenta los resultados operativos, desde distintas dependencias siguen llegando denuncias sobre las condiciones en que se exige al personal sostener esos despliegues.

Trabajadores policiales relatan jornadas prolongadas, recargos adicionales, descansos insuficientes y dificultades para conciliar las exigencias del servicio con sus responsabilidades familiares.

Algunos denuncian que deben realizar importantes desplazamientos entre sus domicilios y los lugares de trabajo, mientras otros aseguran que las modificaciones de los horarios de salida les hacen perder los servicios de transporte público disponibles para regresar a sus hogares.

Detrás de cada operativo hay policías que deben cumplir esas tareas, muchas veces después de jornadas exigentes y con recursos humanos limitados.

La prevención del delito requiere personal disponible, capacitado y en condiciones de responder adecuadamente. El agotamiento permanente no constituye una política de seguridad sostenible.

Una gestión puede exhibir miles de controles realizados, pero también debería informar cuántas horas adicionales demandaron, cómo se organizaron los descansos y qué medidas se adoptaron para proteger las condiciones laborales de quienes ejecutaron los procedimientos.

Porque el esfuerzo policial no puede evaluarse exclusivamente por la cantidad de planillas completadas.

Cuatrocientas aprehensiones no significan cuatrocientos delincuentes

Otro aspecto que merece atención es la presentación pública de las más de 400 aprehensiones informadas por el Gobierno.

Una aprehensión constituye una medida procesal o policial que puede responder a distintas circunstancias legalmente previstas, pero no equivale automáticamente a una condena ni acredita por sí sola la comisión de un delito.

Tampoco es posible establecer, con los datos difundidos, cuántas de esas aprehensiones surgieron directamente de los controles de identificación, cuántas correspondieron a intervenciones por llamados al 911 y cuántas fueron consecuencia de otras actuaciones policiales.

Por lo tanto, no sería correcto dividir las aprehensiones por las identificaciones y presentar ese resultado como una tasa de eficacia de los operativos, porque se trata de indicadores cuya relación directa no fue informada.

La misma prudencia corresponde respecto de las armas secuestradas, un resultado relevante para la prevención, pero que necesita información adicional sobre las circunstancias de cada procedimiento.

Una evaluación seria debería permitir conocer cuántos controles produjeron hallazgos concretos, cuántas personas recuperaron inmediatamente su libertad, cuántos procedimientos derivaron en actuaciones judiciales y qué impacto tuvieron las intervenciones sobre los delitos que se pretendía prevenir.

La seguridad se mide por sus resultados, no por la cantidad de personas controladas

El Gobierno provincial destacó también los tiempos de respuesta del Sistema 911, que, según Coudannes, rondan los cinco minutos para las prioridades altas y entre seis y siete minutos para las generales, presentándolos como los mejores del país.

Se trata de un indicador relevante, aunque una comparación nacional de esa naturaleza requiere conocer las metodologías utilizadas por las distintas jurisdicciones.

La rapidez para atender una emergencia, la reducción de determinados delitos, la recuperación de bienes robados, el esclarecimiento de hechos y la confianza de los ciudadanos son dimensiones necesarias para valorar una política de seguridad.

La cantidad de personas identificadas puede describir el volumen de actividad policial, pero no permite demostrar aisladamente que esa actividad haya producido mejores resultados.

Por eso, junto con las estadísticas de procedimientos, deberían publicarse indicadores sobre la evolución de los robos, hurtos, lesiones y otras modalidades delictivas en los territorios intervenidos, comparando períodos equivalentes y teniendo en cuenta las condiciones de cada zona.

Solo así sería posible determinar si los operativos de saturación producen mejoras sostenibles o si sus resultados se concentran principalmente en mostrar presencia territorial.

Los gobiernos pasan, pero las policías siguen en los barrios

Existe una responsabilidad institucional que no debería quedar relegada frente a la necesidad política de exhibir resultados.

Los funcionarios que diseñan las estrategias de seguridad ocupan cargos transitorios. Las policías, en cambio, permanecen y deben seguir trabajando diariamente con las mismas comunidades sobre las que se desarrollan los operativos.

Cuando los controles se perciben como arbitrarios o excesivos, la desconfianza de los ciudadanos suele dirigirse hacia el policía que realiza la intervención, no hacia quien estableció los objetivos desde un despacho.

Y cuando los trabajadores consideran que deben alcanzar determinadas estadísticas bajo presión, también puede deteriorarse la relación de confianza con sus propios superiores.

De esta manera, una política destinada a demostrar autoridad puede terminar debilitando dos vínculos esenciales: el de la Policía con la comunidad y el de los trabajadores policiales con la conducción institucional.

La presencia policial es necesaria, especialmente en territorios afectados por delitos frecuentes y violencia. Pero esa presencia debe construirse mediante intervenciones profesionales, legalmente justificadas y orientadas a proteger a las personas, no exclusivamente a incrementar cantidades de procedimientos.

Treinta mil identificaciones y una pregunta que el Gobierno debería responder

Las cifras difundidas por el Gobierno de Santa Fe merecen ser examinadas sin negar el trabajo realizado por los efectivos ni desconocer los resultados positivos que puedan haber producido determinados operativos.

Pero también obligan a formular preguntas sobre la manera en que se planifican las intervenciones, los criterios utilizados para seleccionar personas y vehículos, la existencia de eventuales cupos y las condiciones laborales bajo las cuales se ejecutan.

Si las identificaciones responden a circunstancias objetivas, contribuyen a investigaciones y permiten prevenir delitos, corresponde explicar y documentar esos resultados.

Si además existen metas obligatorias que generan recargos o represalias cuando no se cumplen, corresponde revisar esos mecanismos y establecer responsabilidades.

La seguridad pública no puede reducirse a una competencia por identificar más personas, porque la prevención no consiste en convertir a todos los ciudadanos en sospechosos ni a los policías en productores obligados de estadísticas.

Los gobiernos pasan y las policías permanecen. Por eso, una política de seguridad debería dejar como resultado instituciones más profesionales, trabajadores mejor preparados y comunidades que confíen más en quienes deben protegerlas.

Treinta mil identificaciones pueden impresionar en una conferencia de prensa. La pregunta verdaderamente importante es cuántos delitos se evitaron, cuánto mejoró la seguridad de los vecinos y qué costo humano tuvo para los policías alcanzar semejante despliegue.