
La intervención de la Policía de Acción Táctica en barrio Tablada de Rosario, con dos sospechosos aprehendidos y dos armas secuestradas, permite observar una diferencia fundamental respecto del controvertido caso Lince de España al 7300: la ausencia, al menos en la información conocida en este ultimo caso, de una intromisión política directa en las decisiones tácticas.
No se trata de que la Policía actúe correctamente solamente cuando los funcionarios no intervienen, porque los policías procuran hacer bien su trabajo todos los días. Se trata de comprender que una cosa es conducir políticamente la seguridad y otra muy distinta es sustituir el criterio profesional de quienes conocen el oficio y deben ejecutar esa estrategia en el campo táctico.
La Policía sabe trabajar. El problema empieza cuando otros quieren hacer su trabajo
En medio de tantas noticias sobre inseguridad, balaceras y controversias judiciales, un procedimiento desarrollado por la Policía de Acción Táctica (PAT) en el sur de Rosario merece ser destacado, no solamente por sus resultados, sino por una cuestión mucho más importante: permite observar cómo puede funcionar una intervención policial cuando los profesionales cuentan con información, coordinación, facultades legales y un margen razonable para tomar las decisiones que exige cada circunstancia.
Durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, efectivos de la PAT acudieron a una vivienda de Ameghino al 0 bis, en barrio Grandoli, donde se habían denunciado disparos de arma de fuego. A partir de los testimonios recogidos en el lugar y de las características aportadas sobre los presuntos autores, otros móviles lograron localizarlos en inmediaciones de Lola Mora al 100 bis, donde intentaron escapar a pie por el interior del complejo habitacional Fonavi.
Los policías iniciaron un seguimiento que concluyó en las inmediaciones de Sánchez de Thompson y Estévez, donde fueron aprehendidos dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, y se secuestró una pistola Bersa calibre .22.
Horas después, una vecina informó al 911 que había encontrado un arma de fuego en el patio de su vivienda, también en Ameghino al 0 bis. Los efectivos acudieron al lugar y, con intervención de personal especializado de la Policía de Investigaciones, se procedió al secuestro de una pistola Ballester Molina calibre 11,25 milímetros.
Dos aprehendidos, dos armas secuestradas y una intervención que, de acuerdo con la información oficial disponible, se desarrolló mediante procedimientos policiales ordinarios, sin que aparezcan controversias sobre un ingreso domiciliario coercitivo sin autorización judicial.
No estamos afirmando que el resultado obtenido sustituya el control judicial ni que la legalidad definitiva de cada actuación pueda establecerse mediante una crónica periodística. Estamos destacando algo distinto: la secuencia conocida muestra a policías ejerciendo su profesión, utilizando información, coordinando recursos y tomando decisiones operativas frente a un delito concreto.
Y eso es precisamente lo que la sociedad necesita de sus instituciones de seguridad.
No fue un milagro tecnológico: hubo policías que supieron qué hacer
La información oficial destacó que parte del procedimiento quedó registrada mediante el sistema de monitoreo de la Central 911, una herramienta que permite observar situaciones, transmitir novedades y apoyar las intervenciones de los móviles desplegados en el territorio.
Pero conviene no confundir las cosas.
Las cámaras no persiguen sospechosos, las computadoras no evalúan por sí solas todas las circunstancias de una intervención y los sistemas de información no reemplazan automáticamente el criterio de los policías.
La tecnología ayuda, y mucho. Permite obtener información que antes resultaba imposible conseguir, reconstruir recorridos y mejorar considerablemente la coordinación entre los distintos recursos.
Sin embargo, en este procedimiento fueron los efectivos quienes recogieron testimonios, interpretaron las características de los sospechosos, organizaron el seguimiento, concretaron las aprehensiones y preservaron los elementos secuestrados para su intervención judicial.
Se trata de tareas propias de una profesión que requiere conocimientos, experiencia, capacidad para decidir bajo presión y responsabilidad por las consecuencias de cada actuación.
Los policías hacen esto todos los días, muchas veces sin reconocimiento público y en condiciones que distan bastante de las ideales.
Por eso sería injusto presentar este caso como si la Policía hubiera descubierto repentinamente cómo actuar correctamente.
La Policía siempre procura cumplir su misión dentro de la ley. Lo que cambia son las condiciones institucionales bajo las cuales puede desarrollar su trabajo y las decisiones de conducción que facilitan o complican ese ejercicio profesional.
El contraste con Lince: cuando la política baja al terreno de las decisiones policiales
La intervención de Grandoli permite recuperar una discusión que quedó planteada con particular intensidad durante la controversia judicial por el allanamiento sin orden realizado en una vivienda de España al 7300, también en Rosario.
En aquel episodio, ocurrido después de una balacera registrada en junio de 2026, el sistema Lince permitió reconstruir mediante imágenes de videovigilancia el recorrido de los presuntos autores y vincularlos con un domicilio.
Hasta allí, una tarea investigativa que muestra precisamente el potencial de las nuevas tecnologías aplicadas a la seguridad pública.
El problema comenzó cuando esa información fue utilizada para justificar un ingreso domiciliario sin autorización judicial previa, varias horas después del hecho, mediante un procedimiento dispuesto a partir de una resolución firmada digitalmente por el propio ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.
La decisión terminó provocando una controversia judicial de considerable importancia. La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena declaró inicialmente la invalidez del allanamiento al considerar que no estaba suficientemente acreditada la urgencia para prescindir del juez, mientras que posteriormente el camarista Tomás Gabriel Orso revocó esa resolución y convalidó el procedimiento mediante una interpretación diferente de las disposiciones procesales.
No corresponde afirmar, por lo tanto, que aquel allanamiento haya quedado definitivamente declarado ilegal. Pero tampoco puede desconocerse que la intervención produjo un conflicto judicial sobre el alcance de las facultades excepcionales del Estado.
Y allí aparece la cuestión que interesa destacar.
El problema de Lince no fue que la Policía utilizara tecnología para investigar un delito. El problema institucional fue la manera en que se decidió transformar esa información en una intervención coercitiva excepcional, con una participación directa del nivel político en una decisión que terminó sometida a fuertes cuestionamientos judiciales.
Una cosa es que el ministro conduzca la política de seguridad y establezca prioridades. Otra muy distinta es que aparezca firmando una resolución específica para disponer un allanamiento sin orden judicial, con las consecuencias institucionales que puede generar esa decisión.
Que una norma o una interpretación administrativa pretenda habilitar determinado mecanismo no elimina la necesidad de discutir si resulta conveniente, profesionalmente adecuado y compatible con la distribución de responsabilidades que debería existir dentro de una fuerza de seguridad.
Los funcionarios tienen que gobernar, no jugar a ser policías
Hay algo que debería estar fuera de discusión: en una democracia, la conducción política de las fuerzas de seguridad corresponde a las autoridades civiles constitucionalmente responsables.
No estamos proponiendo una Policía autónoma, sin supervisión ni controles, ni mucho menos el regreso a modelos de autogobierno policial.
El problema es exactamente otro.
Conducir políticamente una institución no significa sustituir a sus profesionales en las decisiones que corresponden a su formación, experiencia y conocimiento del territorio.
Un ministro debe definir objetivos, establecer prioridades, garantizar recursos, diseñar políticas públicas y responder políticamente por sus resultados.
Puede determinar que la Provincia necesita combatir prioritariamente las balaceras, mejorar las investigaciones criminales, fortalecer la prevención o recuperar determinados espacios afectados por la violencia.
Esa es su responsabilidad.
Pero decidir cómo se organiza un despliegue, qué móviles deben intervenir, de qué manera se coordina un seguimiento y cuáles son las alternativas tácticas disponibles frente a una situación concreta pertenece al terreno profesional de la conducción policial y de los efectivos que actúan sobre el territorio.
Naturalmente, siempre dentro de las atribuciones legales, las órdenes legítimas y los controles institucionales correspondientes.
Un funcionario político puede tener amplios conocimientos de administración pública, derecho o gestión de la seguridad, pero eso no lo convierte automáticamente en un profesional experimentado en intervenciones policiales.
Y cuando el poder político confunde su autoridad institucional con la capacidad de decidir personalmente cómo deben desarrollarse operaciones concretas, corre el riesgo de introducir interferencias que complican el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de ejecutarlas.
Los políticos no necesitan convertirse en policías para gobernar la seguridad. Necesitan construir instituciones que permitan a los policías trabajar profesionalmente.
La estrategia es política. Las operaciones y las tácticas son de los profesionales que tienen la responsabilidad de ejecutarlas
En cualquier organización seria deben existir responsabilidades diferenciadas, especialmente cuando se administra una institución que tiene facultades para emplear legítimamente la fuerza.
La conducción política establece la estrategia general: qué problemas se priorizan, qué recursos se asignan, cuáles son los objetivos institucionales y qué resultados deben evaluarse.
La conducción policial organiza las operaciones: cómo distribuir los recursos, coordinar las unidades, desarrollar los dispositivos y establecer los procedimientos necesarios para cumplir aquellos objetivos.
Y en el terreno, frente a una situación concreta, aparecen las decisiones tácticas que deben adoptar quienes conocen las circunstancias reales de la intervención.
Esta diferenciación no elimina la subordinación de la Policía al poder político ni significa que las decisiones operativas sean inmunes a la supervisión.
Significa reconocer que la profesionalidad requiere un espacio de actuación propio, sujeto a reglas claras y responsabilidades precisas.
No puede pretenderse que un policía responda con eficacia ante una situación que cambia en segundos si cada decisión debe quedar condicionada por criterios políticos circunstanciales o por instrucciones formuladas desde lugares donde no se conocen todas las variables del procedimiento.
La conducción política democrática es indispensable, pero debe ejercerse mediante políticas, normas, recursos, controles y evaluación institucional, no mediante una intervención permanente en el detalle de cada actuación.
La autonomía profesional para decidir dentro de las competencias legales no es autogobierno policial. Es una condición necesaria para que una institución pueda cumplir adecuadamente la misión que el propio Estado le asigna.
El control no desaparece: debe ser más serio y mejor distribuido
Algunos pueden interpretar esta posición como una pretensión de reducir el control político sobre las fuerzas policiales.
Nada más lejos de lo que estamos planteando.
La Policía debe estar sometida a controles administrativos, judiciales y políticos, porque ejerce facultades estatales especialmente sensibles para los derechos de las personas.
Pero los controles necesitan estar correctamente diseñados.
Hay decisiones que requieren autorización judicial previa y no pueden quedar libradas exclusivamente al criterio de los funcionarios o de los policías. Otras pueden adoptarse de manera inmediata cuando la ley lo permite, aunque deben quedar documentadas y sujetas a revisión posterior.
El control posterior resulta indispensable para evaluar actuaciones, detectar errores, establecer responsabilidades y mejorar los procedimientos, pero tampoco puede utilizarse como sustituto general de las autorizaciones previas que exige el ordenamiento jurídico.
Lo que necesitamos son policías con reglas claras, mandos profesionales, responsabilidades identificables y mecanismos de supervisión capaces de distinguir entre una intervención legítima, un error operativo y una actuación arbitraria.
La peor combinación posible es aquella en la que los funcionarios intervienen directamente en las decisiones operativas, pero después las consecuencias administrativas, judiciales y profesionales terminan recayendo principalmente sobre los trabajadores policiales que ejecutaron las órdenes.
Esa forma de conducir no fortalece a la institución. La debilita.
La política de seguridad no puede depender de quién aparece en la fotografía
En los últimos años se ha extendido una modalidad de comunicación gubernamental que otorga enorme importancia a la exhibición pública de operativos, controles, detenciones y procedimientos.
Los funcionarios necesitan mostrar resultados, y es legítimo que informen a la ciudadanía sobre las políticas que desarrollan.
Pero una cosa es rendir cuentas y otra muy distinta convertir las intervenciones policiales en escenarios de protagonismo político.
La eficacia de una fuerza de seguridad no depende de que un ministro aparezca junto a los móviles o anuncie personalmente cada procedimiento, sino de que las instituciones funcionen adecuadamente cuando las cámaras y los funcionarios no están presentes.
La mejor conducción política no es necesariamente la que más interviene en los detalles del trabajo policial.
Muchas veces es aquella que establece objetivos claros, garantiza los recursos, exige resultados, supervisa el cumplimiento de las reglas y permite que los profesionales desarrollen sus tareas.
El caso Grandoli ofrece una imagen útil de esa posibilidad: efectivos que responden a una denuncia, trabajan con información aportada por la comunidad, coordinan recursos y concretan una intervención.
Hasta donde permite conocer la información difundida, no aparece un funcionario político dirigiendo tácticamente la persecución ni tomando personalmente las decisiones propias del despliegue.
Eso no demuestra una ausencia absoluta de supervisión ni permite reconstruir toda la cadena de mando, pero sí muestra una secuencia en la que el protagonismo operativo corresponde a los policías.
Y es razonable que así sea.
Los policías no necesitan que les enseñen a ser policías desde un despacho
Los trabajadores policiales necesitan capacitación permanente, actualización profesional, herramientas tecnológicas, respaldo institucional y condiciones laborales adecuadas.
También necesitan una conducción que conozca sus capacidades y limitaciones, que comprenda la realidad operativa y que pueda distinguir entre las decisiones estratégicas que corresponden al Gobierno y aquellas que deben quedar dentro de las competencias profesionales de la institución.
La Policía de Santa Fe cuenta con hombres y mujeres que diariamente resuelven situaciones complejas, muchas veces bajo presión, con recursos limitados y enfrentando riesgos personales que quienes observan desde afuera difícilmente puedan dimensionar por completo.
Eso no significa que todos los procedimientos sean correctos ni que no existan errores, abusos o intervenciones ilegales que deban investigarse.
Significa que la institución posee conocimientos y experiencia acumulada que deben ser aprovechados, perfeccionados y sometidos a controles, no reemplazados por decisiones políticas que invaden innecesariamente el terreno profesional.
Cuando ocurre un procedimiento controvertido, muchas veces se señala exclusivamente al policía que ejecutó la intervención. Pero pocas veces se examina con la misma profundidad quién diseñó el dispositivo, quién impartió las instrucciones y qué participación tuvieron las autoridades políticas en las decisiones que originaron el conflicto.
Esa distribución de responsabilidades también forma parte de una seguridad democrática.
Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada
El procedimiento de Grandoli no demuestra que la Policía solamente actúe correctamente cuando los funcionarios políticos se mantienen alejados.
Esa sería una conclusión injusta con miles de trabajadores que procuran cumplir su misión todos los días, independientemente de quién gobierne.
Lo que demuestra, al menos a partir de los elementos conocidos, es que existen intervenciones en las que la información, la coordinación, el conocimiento profesional y las facultades legales permiten alcanzar resultados concretos sin necesidad de generar controversias por el empleo de poderes excepcionales.
El contraste con el caso Lince no está destinado a desconocer los recursos tecnológicos utilizados ni a negar que puedan existir situaciones verdaderamente urgentes que justifiquen un allanamiento sin orden judicial.
Está destinado a mostrar que la eficacia policial y las garantías constitucionales no son objetivos incompatibles, y que el profesionalismo puede ofrecer respuestas concretas sin que la política necesite descender permanentemente al terreno de las decisiones tácticas.
Los gobiernos deben gobernar. Los ministros deben establecer estrategias, proporcionar recursos y asumir sus responsabilidades. Los jefes policiales deben conducir profesionalmente las operaciones y los efectivos deben disponer del margen legal necesario para resolver las situaciones que enfrentan.
La Justicia debe ejercer sus controles y todas las autoridades deben responder por las decisiones que les corresponden.
Nada de esto supone autogobierno policial ni ausencia de conducción política.
Supone, sencillamente, respetar las competencias, los conocimientos y las responsabilidades de cada institución.
La seguridad pública necesita conducción política, pero no intromisión política indebida en la labor profesional de los policías. Necesita autoridad democrática, pero también respeto por el oficio. Necesita controles, pero no decisiones que desplacen injustificadamente la responsabilidad hacia quienes ejecutan los procedimientos.
El caso Grandoli merece destacarse por sus resultados y por la secuencia operativa que muestran los antecedentes conocidos.
El caso Lince debe seguir siendo motivo de análisis por los problemas jurídicos e institucionales que dejó planteados.
Ambos ofrecen una oportunidad para discutir qué modelo de conducción necesita la seguridad santafesina.
Nuestra posición es clara: conducción política de la estrategia, conducción policial de las operaciones, decisiones tácticas profesionales y controles institucionales efectivos.
Porque los policías no necesitan que la política haga su trabajo. Necesitan que la política haga bien el suyo.
DENTRO DE LA LEY, TODO. FUERA DE LA LEY, NADA.
“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Ex oficial de la PSF. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente(DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase» (CSC), ¿En nombre del odio?, «La Masacre de Rosario» , ¿Quién protege al que protege? y «Gobernar mediante el enemigo»
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