MENDOZA: “No te tenemos miedo” le dijeron los policías al gobernador

Por Pablo Sebastián Giles

Con respeto, entereza y sin exabruptos, un policía retirado le respondió al gobernador de Mendoza por la grave crisis que atraviesa la Fuerza y los ataques a la familia uniformada. Se trata de Felipe Juan José Andrada, quien a través de un video en TiKTok se refirió a los dichos del “Señor gobernador Víctor Alfredo Cornejo”, quien en diferentes medios salió a ratificar “categóricamente” a Marcelo Calipo como jefe de la Policía de Mendoza al tiempo que envió un fuerte mensaje al sector; “Los policías no tienen derecho a sindicalizarse. Aprovecho para mandarles un mensaje: si un policía pone a sus familiares adelante para que sean voceros, lo mejor que puede hacer es entregar las armas y el uniforme, irse a su casa y conseguirse otro trabajo.”

Andrada lo increpó de entrada; “Usted le ha faltado el respeto al personal policial”, y continuó; “No tengo miedo de hablar con Usted ni con nadie, conozco a la mayoría de los jefes que están hoy día en funciones y los puedo mirar a la cara”, pasando a desarrollar seguidamente los puntos de conflicto que sostienen las familias policiales, las condiciones de trabajo puertas adentro de la Fuerza, las contradicciones e inequidades fomentadas por el mismo poder político y vertiendo fuertes críticas a los mandos jerárquicos.

Recordemos que paralelamente a la ola de inseguridad que atraviesa el territorio los últimos años la provincia ha presenciado manifestaciones pacíficas de familiares, esposas, madres e hijos de policías y penitenciarios que se concentraron principalmente en la explanada de la gobernación para expresar su agobio y preocupación por los ingresos lastimeros que perciben, pero también para repudiar al Estado provincial por el sometimiento de los funcionarios a jornadas extenuantes de labor, recargos no remunerados y condiciones profesionales que infringen las más elementales normas de trabajo y vestigios de coherencia.

Pero esto no es todo, ya que la familia uniformada dejó en evidencia a través de diferentes emisiones en vivo, publicaciones y notas periodísticas que además de los bajos sueldos existen muchas otras irregularidades por demás preocupantes. La situación del parque automotor es una de ellas dado que aseveran, “falta reparación y mantenimiento de los móviles y patrulleros, por lo cual sus seres queridos están en riesgo permanente de vida ya que son obligados a utilizarlos bajo amenaza de sanción o traslado”. Otro punto reclamado son los servicios de racionamiento que no solo resultan insuficientes e inadecuados, sino que incluso violan regulaciones bromatológicas pues no fueron pocas las veces que se proveyeron alimentos vencidos o en mal estado. La distancia del domicilio del funcionario hasta la dependencia o puesto de trabajo no es un dato menor “ya que muchos trabajadores deben viajar hasta 6 horas” –entre ida y vuelta- reduciendo considerablemente el tiempo descanso y contacto con sus afectos, viendo afectada su economía –pues un alto porcentaje de los sueldos son destinados al pago del transporte-, sus vínculos familiares y sociales, salud física y mental, con las consecuencias que todo esto conlleva.

Las quejas “por no llegar a fin de mes y no tener incluso para comer” también son una constante, y no faltan familias que expresan haber quedado literalmente en la calle dado que las inmobiliarias no les alquilan por considerar que “los recibos de haberes de los uniformados son bajos y no constituyen aval ni garantía suficiente para afrontar los pagos mensuales”. Casi todos los uniformados junto a sus familias además de la función específica en la órbita estatal, deben desarrollar otros trabajos para reforzar sus magros ingresos.

La exposición a las presiones y el malestar de la sociedad mendocina que reclama por mayor seguridad son permanentes. La mayoría de los mandos intermedios subyugados por las órdenes de las cúpulas –políticas y uniformadas-, aun teniendo plena conciencia de la situación organizacional calamitosa, la falta de recursos y de condiciones adecuadas de labor, presionan y explotan al personal subalterno para satisfacer las demandas del poder ejecutivo.

Cómo corolario de tan sombrío panorama, “el terror”. En el día de ayer un joven policía de tan solo 28 años se quitó la vida de un disparo en la cabeza con su arma provista, momentos antes de tomar servicio en el departamento de Rivadavia. Se trata del Auxiliar Alejandro Ezequiel Rodas Gil, numerario de la comisaria 13 de la Policía de Mendoza quien según declaraciones de su pareja, habría tomado la drástica decisión porque “No le alcanzaba el sueldo”. Horas más tarde de la trágica muerte de Rodas Gil y tras recibir la noticia sus compañeros de dependencia, otro policía habría intentado en el acto seguir los pasos de su camarada pero fue contenido a tiempo; “Voy a ser el próximo”, aseguró.

Mientras tanto y como acostumbra la dirigencia política la grave situación de la familia uniformada continúa relegada. Ni la muerte de un joven uniformado ni la posibilidad que ocurra otra tragedia en las filas policiales sensibilizaron al gobernador de Mendoza, a los funcionarios de la cartera de Seguridad ni a la cúpula policial que como a esta altura todos saben “son políticos disfrazados de policías”.

Las protestas de las familias uniformadas continúan pero ya no para mejorar su situación económica, sino para compeler al poder a que respete y garantice la dignidad, la salud y la vida de todos los policías y penitenciarios de Mendoza.

Fuente: Mendoza Today

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