

Un allanamiento que terminó con un muerto, un herido y un policía acusado
La situación judicial del oficial inspector Néstor Lamadrid volvió a cobrar actualidad después de que el juez Marcos Burgos rechazara el pedido de sobreseimiento presentado por su defensa y habilitara la continuidad de una acusación por homicidio agravado que podría llevarlo a enfrentar una pena de prisión perpetua.
El hecho ocurrió durante un procedimiento policial realizado el 11 de agosto en un establecimiento rural del paraje Mallín Ahogado, ubicado aproximadamente a 15 kilómetros de El Bolsón, provincia de Río Negro.
Según la reconstrucción judicial difundida, Lamadrid participaba de un operativo destinado a detener a Emanuel Mol Villa, quien intentó escapar mientras su padre, Juan Carlos Villa, intervino en el desarrollo de los acontecimientos.
Durante el procedimiento, el policía efectuó varios disparos que provocaron la muerte del padre y heridas graves a su hijo.
La controversia central consiste en determinar si esos disparos constituyeron una respuesta necesaria ante una agresión ilegítima o si se trató de un uso injustificado de la fuerza letal.
Esa diferencia es decisiva, porque separa una conducta que podría encontrarse justificada por la legítima defensa de un hecho susceptible de responsabilidad penal.
Dos fiscales consideraron que correspondía el sobreseimiento
Uno de los aspectos más relevantes del caso es que las fiscales Betiana Cendón y Daniela Ortiz Celoria, después de investigar los acontecimientos, consideraron que Lamadrid había actuado ante una situación de amenaza y promovieron su sobreseimiento.
La defensa sostiene que el policía enfrentó a dos personas armadas con cuchillos y que debió adoptar una decisión inmediata para proteger su vida durante un procedimiento desarrollado en una zona rural, donde la llegada de refuerzos podía demorar considerablemente.
Según expresó públicamente el propio Lamadrid, el operativo se desarrolló a más de 25 kilómetros de la ciudad de El Bolsón y la asistencia policial podía requerir alrededor de treinta minutos.
Se trata de circunstancias invocadas por el imputado que deberán ser contrastadas con las actuaciones y las pruebas incorporadas al proceso.
El juez de Garantías Víctor Gangarrosa había dictado una resolución favorable al sobreseimiento, pero la continuidad de la acusación particular impidió que el proceso concluyera definitivamente.
Por lo tanto, no corresponde afirmar que existe una absolución firme posteriormente desconocida, sino que la decisión de no continuar la persecución penal desde la Fiscalía no cerró definitivamente la intervención de la querella.
La querella sostiene una interpretación diferente de la prueba
La acusación particular, actualmente representada por los abogados Martín Palumbo y Milton Díaz, cuestiona la hipótesis de legítima defensa.
Uno de los puntos fundamentales consiste en determinar qué ocurrió con los cuchillos que portaban las personas involucradas.
Según la información conocida, existen constancias acerca de la presencia de esas armas blancas, pero las partes discrepan respecto de si fueron utilizadas de manera amenazante contra el policía.
La defensa sostiene que existió una agresión que justificaba el empleo del arma reglamentaria.
La querella, en cambio, señala que la sola portación de un cuchillo no acredita necesariamente una amenaza inmediata contra la vida del funcionario.
Este aspecto resulta determinante porque la legítima defensa exige analizar la existencia de una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y los restantes requisitos previstos en el artículo 34, inciso 6, del Código Penal.
El hecho de que una persona porte un arma blanca no autoriza automáticamente el empleo de fuerza letal, del mismo modo que tampoco puede descartarse una situación de legítima defensa solamente porque la agresión se haya producido con un cuchillo y no con un arma de fuego.
La valoración exige reconstruir las distancias, los movimientos, la conducta de cada participante, la secuencia de disparos y las posibilidades reales de respuesta disponibles en aquel momento.
La Fiscalía no acusa, pero la querella mantiene el proceso
Durante la audiencia de control de acusación, desarrollada durante más de tres horas, el abogado defensor Damán Torres solicitó que Lamadrid fuera sobreseído.
Entre sus argumentos sostuvo que la Fiscalía había desistido de la acusación y que la querella había incurrido en un período de inactividad procesal superior a treinta días hábiles.
El juez Marcos Burgos rechazó el planteo y permitió que la acusación continuara exclusivamente por impulso de los representantes particulares de las víctimas.
La cuestión requiere una precisión jurídica importante.
El Código Procesal Penal de Río Negro, Ley 5020, reconoce la posibilidad de que la querella intervenga de manera autónoma en delitos de acción pública, incluso cuando el Ministerio Público Fiscal adopta decisiones que no coinciden con su pretensión.
Además, el artículo 58 diferencia las causales de abandono de la querella según se trate de delitos de acción privada o pública, por lo que el argumento referido a treinta días de inactividad no resulta automáticamente trasladable de una categoría a la otra.
De allí que la continuidad del proceso no pueda considerarse irregular únicamente porque la Fiscalía haya decidido no acusar.
Pero existe otra cuestión igualmente importante: que la legislación permita sostener una acusación autónoma no significa que esa acusación haya quedado probada ni que el imputado haya perdido su presunción de inocencia.
Una fiscal declarará como testigo de la defensa
Entre las decisiones adoptadas durante la audiencia se destaca la admisión de la fiscal Betiana Cendón como testigo de la defensa.
La solicitud fue formulada por el abogado Torres, quien pretende que la funcionaria explique las circunstancias de la investigación y las razones por las cuales el Ministerio Público Fiscal decidió abandonar la acusación.
Los representantes de la querella se opusieron, pero el juez Burgos consideró pertinente admitir el testimonio.
También se incorporarán las resoluciones anteriores de la fiscal Ortiz Celoria y del juez Gangarrosa, junto con otras pruebas periciales y testimoniales.
Esta circunstancia resulta singular porque una integrante del organismo encargado originalmente de la persecución penal deberá explicar ante el tribunal los fundamentos que llevaron a considerar que correspondía el sobreseimiento del policía.
No será suficiente invocar la opinión de las fiscales como una verdad definitiva, pero tampoco debería ignorarse el peso de una investigación desarrollada por funcionarios obligados legalmente a actuar con objetividad y a considerar tanto los elementos incriminatorios como aquellos favorables al imputado.
¿Juicio por jurados sin acusación fiscal?
Otro aspecto pendiente es la modalidad del futuro juicio.
Por la gravedad de la imputación, el procedimiento ordinariamente corresponde al sistema de jurados populares, aunque el juez Burgos manifestó que debía estudiar la particularidad de una causa en la que solamente subsiste la acusación de la querella.
Tanto la defensa como los acusadores particulares expresaron su preferencia por el juicio por jurados.
Según la información publicada el 13 de noviembre, el magistrado había reservado su decisión sobre este punto.
La discusión no es menor, porque el procedimiento debe asegurar que la acusación sea formulada conforme a las exigencias legales y que el acusado cuente con todas las garantías necesarias para controvertir las pruebas y ejercer plenamente su defensa.
El reclamo de Lamadrid y la seguridad jurídica del policía
El 14 de noviembre, Lamadrid publicó un extenso mensaje en redes sociales cuestionando su situación judicial y las consecuencias que, a su entender, este proceso puede tener sobre el personal policial.
El efectivo sostuvo que actuó para defenderse durante un procedimiento legítimo y expresó su preocupación por enfrentar una acusación de extrema gravedad después de que el Ministerio Público Fiscal considerara justificado su accionar.
También planteó que la posibilidad de terminar sometido a juicio por decisiones adoptadas en situaciones críticas puede afectar la confianza profesional de quienes deben intervenir ante amenazas inmediatas.
El planteo merece atención, aunque no debe confundirse con una exención de responsabilidad penal por la sola condición policial.
Los integrantes de las fuerzas de seguridad tienen deberes específicos, reciben facultades para intervenir coercitivamente y están sometidos a reglas especiales sobre el uso de la fuerza.
Precisamente por eso necesitan normas claras, capacitación y procedimientos judiciales capaces de reconstruir adecuadamente las condiciones reales en las que debieron actuar.
La seguridad jurídica del trabajador policial no consiste en garantizarle impunidad, sino en asegurar que su conducta sea juzgada conforme a la ley, mediante pruebas suficientes y con consideración de las circunstancias concretas del procedimiento.
Ni condenas anticipadas ni impunidad
Desde una perspectiva institucional, el caso plantea una tensión que no debería resolverse mediante posiciones automáticas.
La familia de Juan Carlos Villa tiene derecho a reclamar el esclarecimiento de su muerte y a intervenir en el proceso mediante los mecanismos reconocidos por la legislación.
Lamadrid, por su parte, tiene derecho a la presunción de inocencia, a una defensa efectiva y a que se examinen rigurosamente las circunstancias que podrían justificar su actuación.
La existencia de un resultado mortal no prueba por sí sola que haya existido un homicidio antijurídico, pero la condición policial del autor tampoco demuestra que los disparos hayan sido necesarios o legítimos.
Será la valoración integral de las pruebas la que permita resolver esa controversia.
El caso también constituye una oportunidad para discutir qué respaldo profesional e institucional reciben los policías que deben intervenir en situaciones de riesgo y cómo garantizar que las decisiones adoptadas bajo presión sean evaluadas mediante criterios jurídicos y técnicos, sin desconocer los derechos de las víctimas.
Un policía no debe ser condenado por cumplir legítimamente su deber, pero tampoco puede quedar exento de investigación cuando su intervención provoca una muerte. Ambas garantías forman parte del mismo Estado de derecho.
La investigación debe ofrecer respuestas sobre la amenaza alegada, la necesidad del empleo del arma de fuego y la secuencia concreta de los acontecimientos.
Porque proteger los derechos de los trabajadores policiales y garantizar justicia para las víctimas no son objetivos incompatibles.
Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.



