RAFAELA: Denuncian que redujeron la custodia policial del nuevo Hospital Jaime Ferré y destinan efectivos a cubrir faltantes en otras dependencias

RAFAELA: Denuncian que redujeron la custodia policial del nuevo Hospital Jaime Ferré y destinan efectivos a cubrir faltantes en otras dependencias

Trabajadores de la Unidad Regional V denunciaron ante APROPOL que el servicio policial del Hospital Regional Dr. Jaime Ferré pasó de contar con dos efectivos por guardia a disponer de uno solo, después de una visita del ministro de Justicia y Seguridad.

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Según el testimonio, el funcionario se mostró sorprendido al enterarse de que el personal cumplía guardias ordinarias de 24×48 y no un servicio pago. Desde entonces, comenzaron a redistribuir efectivos hacia tribunales, comisarías y la morgue del antiguo hospital. Los trabajadores reclaman explicaciones sobre el régimen de prestación y la reducción de la cobertura.

Una visita ministerial que habría cambiado la organización del servicio

Personal policial de la Unidad Regional V, con asiento en Rafaela, se comunicaron con APROPOL para denunciar modificaciones en el servicio de vigilancia del nuevo Hospital Regional Dr. Jaime Ferré, inaugurado por el Gobierno provincial a fines de 2025.

Según el testimonio recibido, hasta aproximadamente un mes atrás la custodia se encontraba organizada mediante guardias de 24 horas de trabajo por 48 de descanso, con dos policías asignados a cada turno.

Uno de los efectivos permanecía en el sector de ingreso, donde había un escritorio destinado a sus tareas, mientras que el segundo ocupaba una garita vidriada ubicada a unos cincuenta metros, lo que permitía mantener dos posiciones de vigilancia dentro del establecimiento.

La situación habría comenzado a modificarse después de una visita del ministro de Justicia y Seguridad al hospital, realizada con motivo de una reunión.

De acuerdo con los denunciantes, durante el ingreso del funcionario saludó al policía que se encontraba en el escritorio y le preguntó por qué permanecía sentado, señalándole que debía recorrer las instalaciones porque se trataba de un servicio extraordinario remunerado.

Explicaron que ambos trabajadores estaban asignados mediante guardias ordinarias de 24×48 y que no percibían una compensación específica por ese servicio.

Según la misma versión, el ministro manifestó sorpresa y respondió que tenía entendido que la seguridad del hospital se cubría mediante un servicio pago, comprometiéndose a consultar la situación.

No contamos con una declaración oficial del funcionario ni con las actuaciones administrativas correspondientes que permitan confirmar el contenido de ese intercambio.

De dos policías por guardia a uno solo

Los denunciantes sostienen que, después de aquella visita, comenzaron las modificaciones en la distribución del personal.

Los efectivos dependen administrativamente de la Comisaría 13.ª, con jurisdicción sobre el establecimiento, y hasta entonces cubrían las dos posiciones de vigilancia mencionadas.

Sin embargo, según el relato, las autoridades comenzaron a disponer que uno permaneciera en el hospital mientras el otro era enviado a cubrir necesidades de diferentes dependencias.

Entre los destinos mencionados aparecen tribunales, comisarías con faltantes originados por licencias o carpetas médicas y la morgue que funciona en el antiguo edificio hospitalario.

También informaron que durante la semana anterior se produjo un pase de personal que habría profundizado la reducción de la dotación.

Actualmente, según asegura, el hospital cuenta con un solo policía por guardia y no se les ha informado si esa organización será permanente ni qué decisiones se adoptarán respecto del servicio.

La situación plantea interrogantes sobre la planificación de la seguridad del establecimiento, particularmente porque la distribución original contemplaba dos posiciones separadas dentro de un edificio destinado a brindar atención sanitaria regional.

La contradicción sobre el servicio pago

Uno de los aspectos que requiere mayor esclarecimiento es la modalidad administrativa bajo la cual se presta la vigilancia policial.

Según el testimonio, cuando el Hospital Jaime Ferré funcionaba en su antigua sede, la custodia se cubría mediante un servicio extraordinario remunerado durante las 24 horas.

El personal afirma que, tras el traslado al nuevo edificio, la vigilancia comenzó a cumplirse mediante guardias ordinarias, sin que los policías percibieran una compensación adicional.

El intercambio atribuido al ministro introduce una contradicción que debería ser aclarada formalmente: mientras el funcionario habría considerado que el establecimiento tenía asignado un servicio pago, los trabajadores aseguraron que estaban cumpliendo tareas ordinarias.

La legislación santafesina distingue el Servicio de Policía Adicional, las Órdenes de Servicio Extraordinario de Seguridad y Prevención y el servicio policial ordinario. Cada modalidad responde a reglas específicas sobre planificación, asignación y remuneración.

Por esa razón, no corresponde afirmar todavía que exista una irregularidad económica o que se estén desviando fondos destinados a remunerar servicios adicionales.

Pero sí resulta necesario conocer qué régimen corresponde al hospital, quién dispuso la modalidad actual, si existe algún convenio o partida específica y cuál es el destino de los recursos eventualmente asignados a su seguridad.

Cubrir faltantes en otras dependencias no resuelve el problema de fondo

El testimonio también permite advertir una dificultad que se repite en distintas unidades regionales de la Policía de Santa Fe: la utilización de personal asignado a servicios específicos para compensar faltantes en otras dependencias.

La cobertura de tribunales, comisarías y establecimientos públicos constituye una necesidad legítima de la organización policial, pero su atención requiere una planificación adecuada de los recursos humanos.

Cuando la solución consiste en retirar un efectivo de un servicio para destinarlo a otro, corresponde evaluar si el puesto de origen puede continuar funcionando en condiciones suficientes de seguridad.

En el caso del Hospital Jaime Ferré, la reducción denunciada implica pasar de dos posiciones de vigilancia a una sola, sin que se conozca si existió una evaluación técnica sobre la conveniencia de esa modificación.

La decisión tampoco debería analizarse exclusivamente desde una perspectiva administrativa, porque la presencia policial en un establecimiento sanitario responde a necesidades particulares de prevención, intervención ante incidentes y protección del personal de salud, los pacientes y sus familiares.

APROPOL reclama explicaciones sobre la dotación y el régimen de servicio

Frente a esta denuncia, corresponde que las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Unidad Regional V y la conducción del Hospital Jaime Ferré aclaren cuál es la dotación policial formalmente prevista para el establecimiento y qué razones motivaron su reducción.

También resulta necesario conocer si la custodia debe cumplirse mediante servicios ordinarios, adicionales o extraordinarios remunerados, y si existe documentación administrativa que establezca expresamente esa modalidad.

La situación denunciada amerita revisar si la redistribución del personal hacia otras dependencias afecta la cobertura prevista para el hospital y si los trabajadores cuentan con instrucciones claras sobre sus funciones, horarios y responsabilidades.

La modernización de la infraestructura sanitaria provincial debe estar acompañada de una planificación adecuada de los servicios esenciales, incluida la seguridad.

No alcanza con inaugurar un hospital moderno si posteriormente su custodia queda sometida a decisiones improvisadas o a la necesidad permanente de cubrir faltantes en otras dependencias.

Y si, como afirma el denunciante, existió una diferencia entre el servicio que las autoridades creían estar financiando y el que efectivamente cumplían los policías, corresponde esclarecerla mediante documentación oficial.

Porque el personal policial tiene derecho a conocer bajo qué régimen trabaja, qué responsabilidades se le asignan y qué compensaciones corresponden, mientras la comunidad necesita garantías de que los establecimientos públicos cuentan con dispositivos de seguridad adecuados.

 

 

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