SANTA FE: Denuncias cruzadas, millones desaparecidos y conflictos internos ponen bajo examen al Ministerio Público de la Acusación

SANTA FE: Denuncias cruzadas, millones desaparecidos y conflictos internos ponen bajo examen al Ministerio Público de la Acusación
Mientras la fiscal general María Cecilia Vranicich presenta ante la Legislatura estadísticas sobre investigaciones contra policías y penitenciarios, el organismo que conduce enfrenta controversias dentro de su propia estructura.

Una fiscal de Tostado denuncia violencia laboral y posibles represalias de su superior mientras afronta un pedido de destitución por presunto mal desempeño en 37 causas. En paralelo, un exfiscal de Rosario permanece detenido en una investigación por el presunto desvío de al menos 425 millones de pesos de cuentas judiciales. Los episodios son diferentes y no deben confundirse, pero plantean un interrogante común: cómo funcionan los controles internos de una institución encargada de perseguir los delitos y garantizar la legalidad.

Una fiscal investigada que denuncia a su propio superior

La situación de la fiscal Shirli Tomasso, integrante del Ministerio Público de la Acusación desde 2019 y destinada a la Unidad Fiscal de Tostado, volvió a exponer tensiones internas de una institución cuya actuación resulta fundamental para el funcionamiento del sistema penal santafesino.

La funcionaria enfrenta un procedimiento disciplinario ante la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura por presuntas irregularidades en la tramitación de 37 investigaciones, entre ellas causas vinculadas con delitos contra la integridad sexual y homicidios.

La presentación fue impulsada por su superior, el fiscal regional Carlos María Vottero, y derivó en un pedido de destitución e inhabilitación.

Tomasso rechaza buena parte de los cuestionamientos y sostiene que varias investigaciones eran anteriores a su ingreso al organismo, otras correspondían a diferentes fiscales y algunas no podían avanzar por ausencia de pruebas o por circunstancias procesales específicas.

También reconoció que podían existir demoras discutibles en un grupo menor de expedientes, que atribuyó a la carga de trabajo de una unidad fiscal donde, según sus declaraciones, tenía aproximadamente 11.000 causas bajo responsabilidad.

La situación merece una evaluación objetiva porque las eventuales demoras en investigaciones de delitos graves, especialmente cuando involucran a víctimas vulnerables, requieren explicaciones y determinación de responsabilidades.

Pero esa obligación no elimina el derecho de la funcionaria a contar con un procedimiento disciplinario imparcial, basado en pruebas y respetuoso de las garantías correspondientes.

Una denuncia por violencia laboral que precedió al pedido de destitución

El caso adquirió otra dimensión cuando Tomasso reveló que el 2 de febrero de 2026 había presentado una denuncia contra Vottero por presunta violencia laboral, hostigamiento, maltrato psicológico y discriminación por razones de género.

Según su relato, esa presentación fue archivada rápidamente, sin recibir su declaración ni producir las pruebas testimoniales ofrecidas.

Poco más de un mes después, el 10 de marzo, Vottero impulsó el procedimiento disciplinario relacionado con su desempeño.

La fiscal sostiene que existe una relación entre ambos acontecimientos y considera que la denuncia presentada en su contra constituye una represalia.

Esa interpretación pertenece a la funcionaria y todavía no ha sido acreditada mediante una resolución independiente.

Sin embargo, la secuencia temporal y la diferente tramitación denunciada justifican examinar si ambos procedimientos recibieron un tratamiento igualmente diligente y cuáles fueron los fundamentos utilizados para resolverlos.

La controversia también involucra a la Fiscalía General, porque Tomasso asegura haber puesto en conocimiento de esa autoridad su situación laboral sin obtener una respuesta satisfactoria.

En definitiva, corresponde investigar tanto las responsabilidades que pudieran derivarse de las causas cuestionadas como las denuncias de violencia laboral, sin presumir anticipadamente que alguna de las partes tiene razón.

El contraste con las estadísticas que presenta Vranicich

La situación adquiere particular interés cuando se la observa en el contexto de la política institucional de control y persecución de delitos cometidos por funcionarios públicos.

La fiscal general María Cecilia Vranicich ha presentado informes ante la Legislatura en los que se detallan las actuaciones del organismo, incluyendo estadísticas específicas sobre investigaciones relacionadas con integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias.

Según el informe de gestión correspondiente a 2025, se registraron 3.028 anoticiamientos asociados con posibles delitos de estos funcionarios, se realizaron 303 audiencias y se dictaron 25 condenas en legajos comprendidos por esas clasificaciones.

El propio MPA aclara que las denuncias registradas no significan necesariamente que se hayan cometido delitos de violencia institucional ni que todas hayan derivado en imputaciones formales.

Esta precisión resulta fundamental porque existe una diferencia jurídica entre una denuncia, una investigación preliminar, una imputación y una condena.

La existencia de investigaciones contra policías y penitenciarios no constituye por sí misma una irregularidad. Por el contrario, el Estado tiene la obligación de perseguir las conductas delictivas, cualquiera sea la función pública de sus presuntos responsables.

Pero la misma exigencia de legalidad y transparencia debe regir dentro del organismo encargado de llevar adelante esas investigaciones.

La pregunta institucional no es por qué el MPA investiga policías, sino si sus propios mecanismos de control funcionan con el rigor, la independencia y la transparencia que exige a las demás instituciones del Estado.

Los 425 millones de pesos de cuentas judiciales que comprometen los controles internos

La cuestión adquiere mayor gravedad ante la investigación penal que involucra al exfiscal rosarino Mariano Ríos Artacho, acusado de encabezar maniobras destinadas a desviar fondos depositados en cuentas judiciales.

La investigación, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, comprende operaciones realizadas presuntamente entre 2017 y 2024, cuando el exfuncionario se desempeñaba dentro del Ministerio Público de la Acusación.

Según la acusación, el perjuicio identificado inicialmente asciende a por lo menos 425 millones de pesos, provenientes de fondos vinculados con investigaciones judiciales, entre ellos depósitos de fianzas, cauciones y otros recursos sujetos a custodia y disposición legal.

El caso no se limita a un presunto desvío individual de dinero.

Los investigadores describieron maniobras que habrían permitido sortear controles de autorización mediante la utilización de documentación judicial y firmas de otros funcionarios, además de operaciones destinadas a recomponer temporalmente los saldos de determinadas cuentas.

La investigación también contempla la posible participación de otras personas y la utilización de los recursos en operaciones financieras.

Uno de los aspectos más preocupantes es que los fiscales advirtieron que el monto del perjuicio podría incrementarse a medida que se examinen otras cuentas judiciales.

La causa continúa en trámite y corresponde preservar la presunción de inocencia de las personas imputadas.

Sin embargo, la magnitud de la acusación plantea interrogantes sobre el funcionamiento de los mecanismos de auditoría, control financiero y supervisión administrativa del organismo durante el período investigado.

La explicación de la ludopatía no resuelve el problema institucional

Durante el procedimiento judicial, Ríos Artacho reconoció haber utilizado fondos de cuentas judiciales y atribuyó su conducta a problemas de juego compulsivo.

Esa explicación fue incorporada al debate procesal, pero no agota las hipótesis investigadas.

El fiscal Adrián Spelta sostuvo públicamente que la ludopatía invocada no elimina la eventual responsabilidad penal y señaló que parte de los fondos podría haber sido utilizada para generar ganancias financieras mediante operaciones realizadas por otras personas.

La cuestión resulta especialmente significativa porque, si se acreditaran las maniobras descriptas, el problema no se reduciría a la conducta individual de un funcionario con dificultades personales.

También correspondería determinar cómo fue posible acceder reiteradamente a fondos judiciales, qué controles pudieron haber fallado y por qué las irregularidades no fueron detectadas oportunamente.

No puede atribuirse automáticamente responsabilidad penal a la actual conducción del MPA por hechos que abarcan administraciones anteriores, ni sostener que todos sus funcionarios participaron o conocían esas operaciones.

Pero la continuidad institucional obliga a determinar qué deficiencias permitieron los hechos investigados y qué medidas se adoptaron posteriormente para impedir su repetición.

La ciudadanía necesita saber no solamente quiénes pudieron haber participado de las maniobras, sino también qué ocurrió con los recursos y qué posibilidades reales existen de recuperarlos.

La disciplina interna y la responsabilidad institucional

El caso Tomasso y la investigación por los fondos judiciales no tienen el mismo objeto ni presentan idénticas responsabilidades.

En el primero se discute el desempeño profesional de una fiscal, el trámite de un procedimiento disciplinario y una denuncia previa por presunta violencia laboral.

En el segundo se investiga una posible estructura delictiva destinada a apropiarse de fondos sometidos a administración judicial.

Pero ambos episodios permiten formular preguntas sobre los controles internos del Ministerio Público de la Acusación.

¿Cómo se tramitan las denuncias contra funcionarios superiores? ¿Qué garantías existen para quienes denuncian presuntas irregularidades dentro del organismo? ¿Cómo se supervisan las decisiones administrativas? ¿Qué controles permiten detectar movimientos injustificados de fondos judiciales? ¿Qué consecuencias institucionales producen las deficiencias verificadas?

Las respuestas no deberían depender exclusivamente de declaraciones públicas ni de la presentación periódica de indicadores estadísticos.

Requieren procedimientos verificables, decisiones fundadas y mecanismos de rendición de cuentas capaces de generar confianza tanto dentro de la institución como en la sociedad.

El mismo estándar para todas las instituciones

Desde APROPOL venimos sosteniendo que la responsabilidad funcional no puede ser aplicada de manera selectiva.

Cuando un policía o penitenciario comete una irregularidad, corresponde investigar los hechos y determinar las responsabilidades que resulten procedentes.

Lo mismo debe ocurrir cuando las denuncias involucran a fiscales, magistrados o funcionarios encargados de controlar la legalidad de las actuaciones policiales.

No se trata de establecer una competencia entre instituciones ni de utilizar los problemas de unas para justificar las conductas indebidas de otras.

La obligación de investigar un delito policial no disminuye porque existan investigaciones por corrupción judicial, del mismo modo que una denuncia contra un fiscal no pierde relevancia porque esa persona tenga responsabilidades en la persecución penal.

Por el contrario, cuanto mayores son las facultades de una institución, mayores deben ser las exigencias de transparencia y control sobre su funcionamiento.

El Ministerio Público de la Acusación tiene una responsabilidad especialmente sensible porque interviene en decisiones que pueden comprometer la libertad, el patrimonio, la reputación y los derechos de las personas.

Sus integrantes deben poder desarrollar sus funciones con independencia, pero esa independencia no puede confundirse con ausencia de controles ni con inmunidad frente a las responsabilidades que correspondan.

Una institución que también debe rendir cuentas

La situación de la fiscal Tomasso, las denuncias formuladas contra su superior y la investigación por el presunto desvío de cientos de millones de pesos permiten observar problemas de distinta naturaleza que requieren respuestas institucionales concretas.

Ninguno de esos episodios autoriza a descalificar indiscriminadamente al conjunto de fiscales que desarrollan correctamente sus funciones.

Tampoco corresponde convertir las sospechas en conclusiones anticipadas ni reemplazar las investigaciones por condenas públicas.

Pero sería igualmente equivocado considerar que estos acontecimientos carecen de relación con la confianza institucional y con la responsabilidad de las autoridades encargadas de conducir el organismo.

La fiscal general María Cecilia Vranicich tiene el deber de informar los resultados de la persecución penal y de comunicar las estadísticas de gestión, incluyendo las investigaciones contra policías y penitenciarios.

La cuestión es que esa rendición de cuentas también debe abarcar las deficiencias internas, los procedimientos disciplinarios, las denuncias de violencia laboral y los mecanismos de control de los recursos judiciales.

La sociedad necesita un Ministerio Público de la Acusación independiente, profesional y capaz de investigar delitos sin privilegios.

Pero también necesita conocer cómo esa institución responde cuando los cuestionamientos aparecen dentro de su propia estructura.

Porque la autoridad para exigir legalidad a los demás se fortalece cuando existe una disposición equivalente a examinar las propias actuaciones.

El control institucional no debería mirar solamente hacia afuera. También debe funcionar hacia adentro, con las mismas garantías, el mismo rigor y la misma obligación de rendir cuentas.

 

 

colaborador
Canal APROPOL Noticias WSP
Libro disponible
0 Interacciones
Conversación en Vivo
Comunidad Segura
🕒 Puedes volver a comentar en 60s...
Opiniones de la Comunidad

¿Nadie ha roto el hielo todavía?

Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.

Empezar conversación ahora