

La medida todavía se encontraría en estudio y no existe una decisión oficial anunciada. Según informó La Política Online, el objetivo sería aliviar las cuentas públicas de diciembre y mejorar el resultado fiscal de cierre del año.
El Gobierno nacional estaría analizando la posibilidad de postergar hasta enero de 2027 el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a una parte de los trabajadores de la administración pública nacional.
La información fue publicada por el portal La Política Online, en una investigación de la periodista Luciana Glezer, quien señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa diferir el pago correspondiente a los empleados estatales que perciben remuneraciones superiores a 1.400.000 pesos.
Según esa publicación, la iniciativa se encontraría todavía en una etapa de evaluación, sin que hasta el momento se haya anunciado oficialmente su implementación.
La alternativa que estaría bajo análisis consiste en acreditar el medio aguinaldo durante el primer día hábil de enero, trasladando al ejercicio fiscal de 2027 una erogación estimada en algo más de un billón de pesos.
La eventual postergación no representaría una reducción nominal del aguinaldo, pero sí una modificación de su fecha de pago, con consecuencias directas para la economía de los trabajadores y sus familias.
El objetivo sería mejorar los números fiscales de diciembre
De acuerdo con La Política Online, las proyecciones económicas ubican el déficit primario de diciembre entre 3,62 y 3,74 billones de pesos, mientras que el déficit financiero, que incorpora los intereses de la deuda, se encontraría entre 4,15 y 4,29 billones.
La postergación de un desembolso superior a un billón de pesos permitiría reducir aproximadamente un 27% del déficit primario mensual proyectado y cerca de un 23% del financiero, siempre que las restantes variables permanecieran sin modificaciones.
La operación tendría efectos sobre el resultado fiscal registrado por caja, debido a que los pagos efectivamente realizados en enero no integrarían las erogaciones de diciembre.
Sin embargo, existe una distinción importante: postergar el desembolso no elimina la obligación del Estado de pagar los aguinaldos. Si el gasto ya se encuentra devengado al cierre de diciembre, seguirá constituyendo una deuda pendiente, aunque su cancelación se produzca durante el ejercicio siguiente.
Por lo tanto, el eventual beneficio sería fundamentalmente de naturaleza financiera y de presentación temporal de las cuentas públicas, no una disminución real del compromiso salarial asumido con los trabajadores.
Una decisión que afectaría directamente a los trabajadores
El medio aguinaldo constituye una parte integrante de la remuneración y no una gratificación discrecional que el empleador pueda conceder o suspender según su conveniencia.
En Argentina, el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo establece como fecha de vencimiento de la segunda cuota el 18 de diciembre, aunque para el personal de la administración pública nacional corresponde examinar también su régimen específico de empleo y las disposiciones aplicables al pago del SAC.
Por esa razón, cualquier decisión de diferir el pago deberá contar con sustento jurídico suficiente y ser examinada conforme a las normas que regulan las remuneraciones del personal estatal.
Además, el eventual traslado del aguinaldo a enero tendría un impacto económico inmediato. Diciembre constituye un período de mayores gastos familiares, compromisos comerciales y obligaciones financieras que muchos trabajadores planifican contando con la percepción de ese ingreso.
La situación adquiere especial relevancia en un contexto de pérdida del poder adquisitivo y de crecientes dificultades para sostener los gastos ordinarios de los hogares.
La discusión de fondo
El Gobierno nacional sostiene una política de equilibrio fiscal como uno de los principales ejes de su programa económico. Sin embargo, la posibilidad de modificar fechas de pago de obligaciones salariales plantea una discusión diferente de la reducción estructural del gasto público.
No es lo mismo disminuir una erogación mediante una decisión presupuestaria que trasladar temporalmente una deuda para mejorar el resultado de caja de un determinado período.
La diferencia importa especialmente cuando el compromiso pendiente corresponde al salario de los trabajadores.
Por otra parte, la información conocida se refiere a personal del sector público nacional. No corresponde extender automáticamente sus efectos a los trabajadores provinciales o municipales, cuyos regímenes salariales y cronogramas de pago dependen de sus respectivas jurisdicciones.
Por el momento, la posible postergación permanece como una alternativa bajo análisis, según la información periodística difundida, y no como una medida oficialmente confirmada.
Será necesario seguir las decisiones del Ministerio de Economía y las comunicaciones de los organismos nacionales para determinar si la propuesta avanza y qué trabajadores quedarían efectivamente alcanzados.
Lo que ya puede advertirse es que la sola posibilidad de trasladar el pago del aguinaldo al año siguiente instala una preocupación legítima: el equilibrio de las cuentas públicas no debería construirse a costa de alterar la previsibilidad de los ingresos salariales.
Fuente: La Política Online, Luciana Glezer, «Caputo analiza postergar el pago del aguinaldo de estatales para después de fin de año para ocultar el déficit», 19 de noviembre de 2026.




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