Estiman que el salario mínimo debería superar los 3,2 millones de pesos

Estiman que el salario mínimo debería superar los 3,2 millones de pesos
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) presentó en Rosario un relevamiento que establece en $3.251.462 el ingreso mensual que debería percibir una persona trabajadora para satisfacer las necesidades contempladas en la legislación laboral argentina.

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La cifra supera ampliamente el salario mínimo oficial y expone la distancia entre los ingresos actuales y las condiciones necesarias para garantizar una vida digna.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU-Federal) presentó en Rosario su propio indicador salarial, mediante el cual estimó que durante octubre de 2026 una persona trabajadora necesitó percibir $3.251.462 mensuales para cubrir las necesidades básicas reconocidas por la Constitución Nacional y la legislación laboral argentina.
La presentación se realizó durante el 75.º Congreso Nacional Ordinario Aceitero y Desmotador, con la participación de dirigentes de distintas organizaciones sindicales, quienes coincidieron en señalar el profundo deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la necesidad de articular medidas conjuntas para recuperar los ingresos de los trabajadores.

Según informó Página/12, el indicador elaborado por el FreSU representa más de ocho veces el salario mínimo, vital y móvil oficial de octubre, establecido en $391.200. La comparación expone una diferencia de aproximadamente $2,86 millones mensuales entre el piso salarial vigente y el ingreso considerado necesario por las organizaciones sindicales para satisfacer las necesidades de una persona trabajadora.

El salario mínimo y las nueve necesidades que establece la ley

La estimación del FreSU se fundamenta en el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que define el salario mínimo, vital y móvil como la menor remuneración que debe percibir en efectivo un trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

El principio también encuentra respaldo en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que reconoce expresamente el derecho a una retribución justa, al salario mínimo, vital y móvil y a la protección del trabajo.

Para determinar el monto presentado, el Frente de Sindicatos Unidos distribuyó los gastos necesarios entre distintos componentes de la vida cotidiana. El relevamiento calculó $691.291 para alimentación, $661.124 para vivienda, $295.463 para educación y cultura, $397.377 para salud, $697.646 para transporte, vacaciones y esparcimiento, $150.900 para vestimenta y $357.661 para previsión social.

El resultado total alcanza los $3.251.462 mensuales y pretende reflejar un nivel de ingresos que permita satisfacer integralmente esas necesidades, más allá de la mera subsistencia alimentaria.

Esta diferencia conceptual es importante. El salario mínimo, vital y móvil no fue concebido legalmente como un ingreso destinado exclusivamente a evitar el hambre o la indigencia, sino como una garantía económica vinculada con condiciones dignas de existencia.

Una pérdida de ingresos que golpea especialmente al empleo público

El informe sindical también incorporó una estimación sobre el deterioro salarial registrado desde noviembre de 2023. De acuerdo con sus cálculos, los trabajadores argentinos acumularon una pérdida de ingresos superior a los 78,5 billones de pesos durante el período analizado.

El relevamiento sostiene que los salarios reales del sector público registraron una caída del 21%, mientras que los correspondientes al sector privado retrocedieron un 7%, tomando como referencia noviembre de 2023.

En términos individuales, el FreSU estimó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $3.342.251 de ingresos acumulados, mientras que la pérdida correspondiente a cada empleado estatal habría alcanzado los $17.454.606.

Estas cifras corresponden a las estimaciones elaboradas por el frente sindical y reflejan, desde su metodología, la magnitud del deterioro que denuncian las organizaciones participantes.

La situación del empleo público merece particular atención porque el salario estatal constituye el principal ingreso de numerosos trabajadores que sostienen servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, entre ellos salud, educación, seguridad, administración pública y distintas áreas de asistencia a la comunidad.

Los sindicatos plantean profundizar las medidas de fuerza

Durante la presentación, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora, Daniel Yofra, reclamó avanzar hacia un paro nacional como respuesta a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

El dirigente sostuvo que resulta necesario construir una acción colectiva que permita recuperar salarios y enfrentar las reformas que, según las organizaciones sindicales, afectan los derechos laborales.

En la misma línea, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la pérdida del poder adquisitivo y consideró indispensable colocar la recuperación de los salarios y las jubilaciones entre las principales prioridades del movimiento obrero.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, planteó la necesidad de coordinar medidas entre organizaciones de diferentes actividades productivas y de servicios, con una perspectiva que trascienda los conflictos sectoriales.

El FreSU reúne a sindicatos vinculados con las tres centrales obreras, entre ellos Aceiteros, ATE, Pilotos, la Unión Obrera Metalúrgica, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa, Molineros, Marítimos, Fluviales, Papeleros y Viales.

La discusión no es solamente cuánto se cobra, sino cuánto se necesita para vivir

La presentación del nuevo indicador sindical vuelve a colocar en el centro del debate una cuestión fundamental: la diferencia entre el salario efectivamente percibido y el ingreso necesario para satisfacer las condiciones de vida que reconoce la legislación argentina.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional no establece únicamente una declaración de principios. Reconoce derechos vinculados con la dignidad del trabajo, la remuneración justa y la protección económica de quienes viven de su salario.

Sin embargo, la distancia entre esos objetivos y los ingresos actuales plantea interrogantes sobre la efectividad real de tales garantías.

En el caso de los trabajadores estatales, incluidos los integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias, esta discusión adquiere una dimensión particular. Se trata de personal que cumple funciones esenciales, sometido frecuentemente a regímenes de disponibilidad, horarios especiales, recargos y obligaciones funcionales que condicionan su vida personal y familiar.

La remuneración no puede evaluarse exclusivamente por la suma nominal que aparece en un recibo de haberes. También debe considerarse su capacidad para sostener una vivienda, alimentar a una familia, acceder a servicios de salud, afrontar gastos de transporte y disponer de condiciones razonables de descanso y esparcimiento.

El índice presentado por el Frente de Sindicatos Unidos no constituye una determinación oficial del salario mínimo ni implica que el monto calculado deba aplicarse automáticamente a todas las categorías laborales. Representa una estimación sindical destinada a discutir cuál debería ser el piso de ingresos compatible con las necesidades reconocidas por la legislación.

Pero su importancia reside precisamente en recuperar una pregunta que muchas veces queda relegada detrás de las estadísticas económicas y las negociaciones porcentuales: ¿cuánto debe ganar una persona que trabaja para poder vivir dignamente de su trabajo?

La respuesta no puede reducirse a la evolución de la inflación ni a los objetivos fiscales del Gobierno. También debe contemplar el sentido social y constitucional del salario, entendido como instrumento de subsistencia, integración y desarrollo humano.

Porque trabajar debería permitir vivir dignamente, no solamente sobrevivir hasta el próximo cobro.

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