

«A algunos les tocaban preguntas fáciles y a otros exámenes mucho más complejos»
Uno de los testimonios recibidos corresponde a un efectivo con aproximadamente 22 años de servicio que rindió el examen de oposición para acceder a la jerarquía de subcomisario.
El policía aseguró que la evaluación que debió responder presentaba preguntas extensas, con opciones múltiples igualmente largas y diferencias mínimas entre las respuestas, mientras que otros participantes habrían recibido cuestionarios más sencillos.
«Había gente que salía y decía que el examen era fácil, y otra que decía que era difícil. Yo empecé a pensar que había distintos tipos de exámenes», relató.
Según explicó, dispuso de 30 minutos para responder 25 preguntas y solamente pudo completar casi todas. Pese a las dificultades, aprobó con una calificación de poco más de seis puntos.
El resultado, sin embargo, no disipó sus cuestionamientos.
«Los que estaban al lado mío hicieron los exámenes en diez minutos. Eran preguntas cortitas, concretas. Lo mío eran preguntas largas, con cuatro opciones largas donde cambiaban una o dos palabras»», señaló.
El efectivo considera que pudo haber existido una distribución de pruebas con diferentes niveles de exigencia, aunque reconoció expresamente que todavía no cuenta con documentación suficiente para demostrarlo.
Por ese motivo, adelantó su intención de solicitar vista de su examen y asesoramiento jurídico para determinar si corresponde presentar algún recurso administrativo.
Un manual de más de 300 páginas que no se reflejaría en las evaluaciones
Otro de los cuestionamientos proviene de personal que rindió para ascender a subinspector.
Un efectivo que también logró aprobar manifestó su malestar por la escasa correspondencia que, según su experiencia, existió entre el material de preparación y las preguntas que finalmente aparecieron en la computadora.
«Te hacen estudiar un manual y después no te toman preguntas del manual. Te formulan preguntas muy capciosas, que a veces no sabés ni de qué materia te están hablando», expresó.
El material de estudio mencionado por los aspirantes tendría aproximadamente 322 páginas y comprende contenidos de práctica policial, escena del crimen, comunicación y redacción, legislación policial y actualización legal, además de cuestiones vinculadas con tiro.
Según el testimonio recibido, algunas evaluaciones habrían omitido prácticamente la totalidad de determinados contenidos relevantes.
El policía señaló que no recibió preguntas sobre varias normas que había estudiado, entre ellas la legislación policial provincial, el régimen penal juvenil y las disposiciones sobre microtráfico. Tampoco, según manifestó, sobre determinados protocolos de actuación.
La existencia de un banco de preguntas que no reproduzca literalmente los manuales no constituye, por sí misma, una irregularidad. Un examen puede evaluar la comprensión y aplicación de los conocimientos mediante formulaciones distintas de las utilizadas en los materiales de estudio.
El problema aparece cuando los aspirantes desconocen los criterios de selección de los contenidos y, fundamentalmente, cuando las diferencias entre cuestionarios podrían traducirse en exigencias desiguales para acceder a una misma jerarquía.
Sospechas sobre diferencias entre unidades regionales
Los testimonios también incorporan cuestionamientos sobre una posible distribución desigual de resultados entre efectivos pertenecientes a distintas unidades regionales.
Uno de los policías consultados sostuvo que, según sus observaciones y conversaciones con compañeros, los participantes de la Unidad Regional I, con asiento en Santa Fe, habrían obtenido calificaciones superiores a las registradas por aspirantes procedentes de Rosario y otras jurisdicciones.
«Los que somos de afuera también estudiamos el manual. ¿Por qué a unos les tocan preguntas sencillas y a otros mucho más difíciles?», cuestionó.
El efectivo manifestó sospechas de que el sistema pudiera asignar cuestionarios diferenciados según la identidad o procedencia del aspirante, debido a que cada participante debe ingresar mediante sus credenciales personales antes de comenzar la evaluación.
Estas afirmaciones constituyen denuncias y percepciones de los interesados, no hechos comprobados. Hasta el momento no contamos con estadísticas oficiales comparativas de los resultados por unidad regional, jerarquía y modalidad de examen que permitan confirmar o descartar la existencia de esas diferencias.
Precisamente por eso, el Ministerio de Justicia y Seguridad debería publicar información suficiente para despejar cualquier sospecha de favoritismo.
Si el procedimiento es transparente y la asignación de preguntas responde a criterios técnicos objetivos, no debería existir inconveniente en explicar cómo funciona.
¿Quién confecciona las preguntas y cómo se asignan los exámenes?
Uno de los interrogantes más importantes planteados por los aspirantes está relacionado con el funcionamiento del sistema informático de evaluación.
Los participantes describen un procedimiento mediante el cual ingresan sus credenciales personales, acceden a una plataforma y reciben automáticamente el cuestionario que deben responder.
Sin embargo, aseguran desconocer quién confecciona las preguntas, qué organismo valida sus contenidos, cómo se establecen los niveles de dificultad y qué mecanismo determina el examen asignado a cada participante.
«¿Quién carga el sistema? ¿Lo hace una máquina o lo carga un grupo de personas? ¿Por qué aparecen preguntas con diferentes niveles?», planteó uno de los efectivos.
La utilización de cuestionarios aleatorios no es necesariamente objetable. Por el contrario, puede constituir una herramienta válida para garantizar imparcialidad y evitar filtraciones, siempre que exista un banco de preguntas técnicamente validado y que las distintas combinaciones mantengan condiciones equivalentes de dificultad.
Pero si el sistema permite asignar pruebas de complejidad significativamente diferente, sin mecanismos adecuados de compensación, revisión y control, la igualdad de oportunidades puede quedar comprometida.
No alcanza con afirmar que los exámenes son aleatorios. Es necesario demostrar que esa aleatoriedad no produce desigualdades injustificadas.
Una diputada pidió acceso a los exámenes corregidos
Los cuestionamientos también llegaron al ámbito legislativo. La diputada provincial Armas Belatti difundió una iniciativa vinculada con el Concurso de Ascensos Policiales 2026, mediante la cual reclamó al Ministerio de Justicia y Seguridad garantizar el acceso inmediato de los aspirantes a sus exámenes corregidos, los criterios de evaluación y el detalle de los errores cometidos.
La legisladora sostuvo que conocer las respuestas incorrectas no solamente constituye un derecho del trabajador policial, sino también una herramienta indispensable para su formación profesional.
La propuesta apunta a que esta información pueda consultarse de manera individual, sencilla y digital, evitando que los interesados deban atravesar trámites administrativos prolongados para conocer los fundamentos de sus calificaciones.
El reclamo resulta especialmente relevante porque una evaluación cuyo contenido y corrección no pueden ser examinados por el interesado limita sus posibilidades de detectar errores y ejercer oportunamente su derecho a cuestionar una decisión administrativa.
El desgaste de quienes llevan años esperando un ascenso
Detrás de las controversias técnicas aparecen también las consecuencias personales y profesionales que este sistema produce entre los trabajadores.
El efectivo que rindió para subcomisario relató que, después de años de preparación y sucesivas presentaciones, comenzó a perder las expectativas de continuar progresando dentro de la carrera policial.
Recordó que en una convocatoria anterior había obtenido ocho puntos, pero no pudo acceder al ascenso debido a las limitaciones de cupos.
Ahora, pese a haber aprobado nuevamente, considera que las condiciones de evaluación fueron mucho más complejas y que sus posibilidades de promoción se reducen a medida que se acerca al final de su carrera.
«La intención de uno es ascender legalmente y que sea para todos igual», expresó.
También manifestó su frustración ante la posibilidad de tener que esperar una nueva convocatoria y repetir distintas instancias de evaluación.
Esta situación expone un problema que excede la experiencia individual de un aspirante. Cuando los concursos se desarrollan después de prolongadas esperas, con cupos limitados y procedimientos cuestionados, cualquier duda sobre su transparencia adquiere una dimensión especialmente sensible.
El Ministerio debe dar explicaciones
Las denuncias recibidas no permiten afirmar que exista manipulación deliberada de los exámenes ni favoritismo institucional comprobado. Pero sí plantean interrogantes concretos que la autoridad responsable del concurso debería responder.
Resulta necesario conocer quiénes confeccionaron y validaron el banco de preguntas, qué mecanismos garantizan niveles equivalentes de dificultad, cómo funciona la asignación informática de cuestionarios y qué controles permiten verificar que no existan intervenciones discrecionales.
También corresponde garantizar que cada aspirante pueda acceder a su evaluación, conocer las respuestas consideradas correctas, revisar los criterios de calificación y ejercer los recursos administrativos que correspondan.
Una revisión técnica independiente del sistema y la publicación de resultados estadísticos desagregados por jerarquía y unidad regional permitirían comprobar o descartar buena parte de las sospechas planteadas.
No se trata de reclamar ascensos automáticos ni de cuestionar la necesidad de exigir conocimientos profesionales. La capacitación permanente y la evaluación del personal son indispensables para mejorar el funcionamiento de la institución policial.
Lo que se reclama es que esas exigencias sean iguales para todos, verificables y transparentes.
El Gobierno provincial sostiene que la profesionalización y la jerarquización policial constituyen objetivos centrales de su política de seguridad. Precisamente por eso, los concursos de ascenso deberían representar un ejemplo de igualdad de oportunidades, mérito y respeto por las reglas institucionales.
Cuando trabajadores que aprobaron sus exámenes terminan cuestionando el procedimiento utilizado para evaluarlos, el problema ya no puede reducirse a la disconformidad de quienes obtuvieron resultados desfavorables.
La confianza en el sistema de ascensos depende de que cada policía tenga la certeza de que su carrera se define por sus conocimientos, antecedentes y desempeño, y no por circunstancias ajenas a esos méritos.
Un concurso de ascensos no solamente debe ser justo. También debe poder demostrarlo.



