El policía no debe revisar el teléfono de nadie y si lo hace es un delito

El policía no debe revisar el teléfono de nadie y si lo hace es un delito
La Ley Provincial 14.495 autoriza a los efectivos policiales a solicitar el número IMEI de cualquier teléfono celular para comprobar si registra una denuncia por robo, hurto o extravío.

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El procedimiento puede realizarse sin sospecha previa, pero tiene un límite expresamente establecido: los policías no pueden acceder a mensajes, fotografías, contactos, aplicaciones ni otros datos privados. Una revisión indebida puede constituir un delito.
El Gobierno de Santa Fe presentó oficialmente la implementación de la Ley Provincial 14.495, denominada Ley de Celulares, que incorpora nuevas facultades policiales para combatir el robo y la comercialización ilegal de dispositivos tecnológicos.
Durante una conferencia realizada en Rosario, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la Policía podrá requerir a cualquier ciudadano la exhibición del número IMEI de su teléfono, incluso cuando no existan sospechas previas de participación en un delito.
La medida forma parte de un sistema destinado a identificar teléfonos denunciados como robados, hurtados o extraviados y dificultar su comercialización en circuitos ilegales.

Sin embargo, la propia legislación establece un límite que debe ser conocido tanto por los ciudadanos como por los trabajadores policiales: la autorización comprende exclusivamente la identificación técnica del dispositivo y no habilita a revisar su contenido privado.

Cómo debe realizarse el control del IMEI

El IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil) es un código de identificación de 15 dígitos que permite individualizar un teléfono celular dentro de las redes de telefonía móvil.

Para exhibirlo durante un control policial, el procedimiento es sencillo:

  1. El ciudadano abre la aplicación de teléfono, donde normalmente marca los números para realizar llamadas.
  2. Introduce el código *#06#.
  3. El dispositivo muestra automáticamente en la pantalla su número IMEI. En teléfonos con dos líneas o determinadas configuraciones pueden aparecer dos identificadores.
  4. El ciudadano exhibe la pantalla para que el efectivo policial pueda leer o escanear el código.
  5. La Policía consulta el identificador mediante el sistema oficialmente habilitado para verificar si el dispositivo registra alguna denuncia o alerta.

No es necesario realizar una llamada, ingresar a WhatsApp, abrir la galería de fotografías ni acceder a las configuraciones personales del usuario.

Según explicaron las autoridades provinciales, el sistema policial CIPREC incorporará una herramienta para escanear el identificador y contrastarlo con las bases de datos disponibles en el Ministerio Público de la Acusación.

La Policía tiene expresamente prohibido revisar el interior del teléfono

El artículo 25 de la Ley 14.495 incorpora el inciso j) al artículo 10 de la Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe y establece expresamente:

«Queda absolutamente vedado solicitar otra información contenida en el dispositivo o la exploración de las comunicaciones, archivos o datos o cualquiera otra información del dispositivo que no sea el IMEI o identificador equivalente».

La disposición es categórica y no deja margen para confundir el control del IMEI con una requisa digital.

Por lo tanto, durante un control realizado al amparo de esta norma, el efectivo policial no está autorizado a exigir que el ciudadano abra sus conversaciones de WhatsApp, exhiba mensajes de texto, muestre fotografías, permita revisar sus contactos, entregue contraseñas o habilite el acceso a sus redes sociales.

Tampoco puede utilizar la verificación del IMEI como pretexto para explorar el historial de navegación, los archivos descargados o cualquier otra información almacenada en el dispositivo.

La facultad policial se limita a verificar el identificador técnico. Cualquier otra intervención requiere una habilitación jurídica independiente, conforme a la legislación aplicable.

Revisar indebidamente el contenido puede constituir un delito

La prohibición no constituye solamente una recomendación administrativa. La exploración no autorizada de información privada puede comprometer la responsabilidad penal del funcionario interviniente.

El artículo 153 bis del Código Penal argentino sanciona el acceso consciente y no autorizado, o realizado excediendo una autorización existente, a sistemas o datos informáticos de acceso restringido.

Por su parte, el artículo 153 contempla conductas vinculadas con el acceso indebido a comunicaciones electrónicas privadas, incluyendo previsiones específicas cuando interviene un funcionario público que abusa de sus funciones.

En consecuencia, si un policía aprovecha un control de IMEI para ingresar sin autorización legítima a conversaciones, archivos protegidos o información privada, su conducta podría configurar alguno de estos delitos, según las circunstancias concretas del hecho.

La calificación penal deberá determinarse en cada caso. Lo que resulta indiscutible es que la Ley 14.495 no autoriza ese acceso y su realización no queda amparada por la nueva facultad de control.

Esta aclaración también protege al personal policial, que debe conocer exactamente el alcance de sus atribuciones para evitar procedimientos irregulares y eventuales responsabilidades personales.

Qué sucede si el ciudadano se niega a exhibir el IMEI

La nueva legislación establece que, ante la negativa de una persona a exhibir el identificador electrónico único de su dispositivo, la autoridad policial deberá retenerlo y dar inmediato aviso al Ministerio Público de la Acusación.

Se trata de una consecuencia expresamente prevista en el artículo 25, que no debe confundirse con una autorización para detener automáticamente al ciudadano ni con una facultad para inspeccionar los datos privados del aparato.

Del mismo modo, si la consulta del IMEI arroja una denuncia vigente por robo, hurto o extravío, corresponderá aplicar los procedimientos legalmente establecidos, con intervención de la autoridad competente.

La retención de un teléfono debe documentarse y realizarse conforme a las garantías y procedimientos aplicables.

El Gobierno busca atacar el mercado ilegal de celulares

Durante la presentación oficial, el ministro Cococcioni señaló que el robo de teléfonos constituye una manifestación de un mercado ilegal más amplio, integrado por circuitos de reventa y comercialización de equipos sustraídos.

La ley también crea un registro obligatorio para los comercios dedicados a comprar, vender, reparar o reacondicionar dispositivos usados, con obligaciones de identificación y trazabilidad.

El fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, destacó la importancia de mejorar las investigaciones relacionadas con estos delitos, mientras que la funcionaria del MPA Marina Pieretti pidió a las víctimas que denuncien los robos e incorporen el IMEI de sus aparatos.

En una experiencia piloto realizada sobre 680 denuncias en Rosario, solamente una de cada cuatro incluía ese identificador. A partir de las investigaciones iniciadas se recuperaron 14 dispositivos.

Las autoridades también recordaron que el IMEI puede consultarse marcando *#06# y recomendaron conservarlo para facilitar la denuncia y eventual recuperación del aparato.

Una facultad policial con límites precisos

La Ley 14.495 incorpora una nueva herramienta de control que alcanza potencialmente a cualquier ciudadano que circule por la provincia de Santa Fe.

Precisamente por esa amplitud, resulta fundamental que los efectivos policiales reciban instrucciones claras sobre el procedimiento y que la población conozca cuáles son sus obligaciones y derechos.

La verificación del IMEI puede contribuir a detectar teléfonos robados y combatir su comercialización ilegal. Pero esa finalidad no autoriza a extender el control a la información privada de sus propietarios.

El ciudadano debe exhibir el IMEI cuando la Policía lo requiera conforme a la nueva ley, pero no está obligado, por ese solo requerimiento, a permitir que revisen sus mensajes, fotografías, contactos o aplicaciones.

Y el funcionario policial debe comprender que la misma ley que le otorga la facultad de control establece expresamente sus límites.

Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada.

La norma completa

 

Ley Provincial Nº 14.495 Intervención de los Mercados ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, by Apropol Noticias

Fuentes: Ley Provincial 14.495, artículo 25; Ley Orgánica de la Policía de Santa Fe, artículo 10, inciso j); Código Penal de la Nación Argentina, artículos 153 y 153 bis; información oficial del Gobierno de Santa Fe sobre la presentación de la Ley de Celulares, 18 de noviembre de 2026.

colaborador
Canal APROPOL Noticias WSP
Libro disponible

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