La Defensa Pública Penal denunció hechos de tortura en dos cárceles santafesinas

Por Martín Stoianovich

La saga de hechos violentos ocurrida en Rosario entre el 2 y el 9 de marzo, que incluyó el asesinato de cuatro trabajadores, continúa bajo un manto de oscuridad en relación a su trasfondo. No se conoce todavía quién instigó los ataques ni quiénes fueron los autores materiales, pero la principal hipótesis para la Justicia y el gobierno provincial apunta a que se trató de una represalia de un sector del crimen organizado por las medidas restrictivas contra los presos considerados de alto perfil. En paralelo la situación que se vive en las cárceles santafesinas es de una complejidad extrema, visibilizada recientemente por una denuncia del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) sobre episodios de tortura y otras vejaciones en tres pabellones de la cárcel de Piñero y uno de la Unidad 16 de Pérez.

El sábado 2 de marzo un colectivo del Servicio Penitenciario (SP) que trasladaba personal fue blanco de una balacera cuando circulaba por la zona de Circunvalación y Palliere, en barrio Rucci. El atentado casi le cuesta la vida a un efectivo al que una bala le rozó la cabeza, mientras que otros dos también resultaron heridos. El ataque fue acompañado por un mensaje en el que había un pedido: que los presos de alto perfil tuvieran el mismo trato que los presos comunes.

Ese mismo día en la cárcel de Piñero se realizó una requisa en los pabellones 7 y 8. Unos días más tarde, el 11 de marzo, varios internos contaron al SPPDP su versión de cómo se había vivido el operativo adentro de la unidad penitenciaria. En ese marco hablaron de torturas, golpes, abuso sexual y una serie de vejaciones que fueron plasmadas en una denuncia presentada ante la Fiscalía Regional 2.

La denuncia del SPPDP alude a delitos como "torturas, vejaciones y hurto agravado contra internos de los pabellones 7, 8, y 23 de la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, y del pabellón 2 de la Unidad Penitenciaria Nº 16 de Pérez". En las presentaciones se solicitó la aplicación del protocolo de Estambul, un conjunto de normas internacionales para documentar la tortura y sus consecuencias, y se instó a la Fiscalía a tomar medidas de prueba urgentes como convocar a las víctimas para recabar más información, identificar al personal penitenciario involucrado, entre otras.

Los hechos

Los internos de los dos pabellones, donde hay presos comunes y otros vinculados a líneas inferiores de bandas criminales, describieron situaciones similares. Primero los sacaron de sus celdas, los esposaron, los arrastraron y los mantuvieron de rodillas en el centro del pabellón. Ahí mismo, relataron, les arrojaron sus pertenencias que después no les devolvieron, por lo que también denunciaron el robo de elementos como una cadena de oro o zapatillas.

Entre las agresiones físicas que padecieron, según plantearon los internos, hubo desde golpes en distintas partes del cuerpo hasta uso de picana eléctrica. Una de las víctimas contó que le pusieron una bolsa en la cabeza, otro que le envolvieron la cara en una toalla y le echaron agua para dificultarle la respiración, arrojándole gas pimienta u otra sustancia que le hizo arder los ojos y vías respiratorias. Un interno mencionó que lo orinaron y otro que padeció vejaciones sexuales. También mencionaron que durante las agresiones les exigían que dijeran quién había sido el responsable del ataque al colectivo del SP.

Desde el SPPDP presentaron la denuncia y solicitaron que las medidas de prueba sean realizadas por miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) o, en su defecto, por fuerzas de seguridad que no intervinieron e los operativos. Además del Servicio Penitenciario, se mencionó la participación de agentes de la Guardia Operativa de la Restitución del Orden (Goro) y el Grupo de Operaciones Especiales de Piñero (Goep).

"Es importante ponderar que el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal aboga por el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de la normativa provincial, nacional e internacional en materia de tratamiento de reclusos. Por tanto, estas denuncias han sido presentadas en consonancia con las responsabilidades legales y éticas del SPPDP, con la expectativa de que se esclarezcan pronto estos hechos que representan flagrantes actos de violencia institucional", sostuvo ayer la Defensa Pública en un comunicado en el que anunció estas denuncias.

Desde la Defensa Pública aclararon que la situación de violencia se venía registrando incluso antes de la requisa posterior a la balacera contra el transporte del SP. En ese marco ya se había presentado otra denuncia por hechos similares que acontecieron el 20 de febrero en medio de otra requisa. Los internos mencionaron que les cortaron el pelo, les rompieron artefactos como televisores y ventiladores y les quitaron objetos de uso diario como elementos de limpieza.

Desde el gobierno provincial explicaron que estas denuncias, tanto como una serie de hábeas corpus presentadas en los últimos meses, están cursando por su vía legal. "Se están dando las respuestas en la Justicia. Hay una cantidad de hábeas corpus al respecto que están siendo analizados y contestados uno por uno. Hasta ahora todos fueron rechazados", argumentó un funcionario consultado. Puntualmente sobre las denuncias del SPPDP indicó: "Se contestará todo en el tribunal".

Un contexto

Las restricciones en las cárceles provinciales fueron unas de las primeras decisiones del gobierno de Maximiliano Pullaro puestas en práctica al inicio de la gestión. El diagnóstico de la situación para entonces mostraba una realidad ineludible: el crimen organizado tiene una de sus bases en las cárceles, donde mediante el uso de celulares se mueven los hilos de al menos un sector del comercio de drogas y desde donde en los últimos años se instigaron gran parte de los homicidios registrados en la ciudad y alrededores.

La repercusión en la calle de los delitos instigados desde las cárceles tuvo un incremento sobre todo desde 2020, cuando comenzaron a aumentar las causas por extorsiones y balaceras al punto de provocar la creación de una unidad de investigación específica. La violencia urbana ya dejó de tener que ver solo con conflictos entre bandas por el comercio de drogas; los vecinos y comerciantes comenzaron a verse afectados por amenazas y balaceras extorsivas.

Este fenómeno mostró con claridad que se trataba de un rubro del delito viable incluso para organizaciones criminales de estructura chica o precaria. "Alcanza con un celular, alguien que reparta un cartelito y alguien que tire un par de tiros", dijo en otra ocasión uno de los funcionarios a cargo de estas investigaciones para dar cuenta del contraste con "lo costoso que es sostener una organización que vende drogas".

En cuanto al crimen organizado, con estructuras más complejas, hace años que los líderes de las bandas comprobaron que pueden mantenerse en vigencia desde las cárceles. Un ejemplo claro son los atentados a sedes judiciales y domicilios de funcionarios ocurridos entre mayo y agosto de 2018. Hechos juzgados en 2021, por los que fue condenado como instigador Máximo Ariel "Guille" Cantero. El sindicado líder de Los Monos está preso desde 2013, pero desde entonces acumuló más de 90 años de condena por delitos instigados desde el encierro.

La saga de ataques y homicidios ocurridos entre el 2 y el 9 de marzo tiene como principal hipótesis, tanto desde la Justicia como desde el gobierno, que se trató de una represalia por las restricciones contra los presos de alto perfil. Una conjetura basada principalmente en los carteles hallados en las escenas de estos hechos, aunque se trata de un elemento que los investigadores suelen tomar con pinzas porque es sabido que también se usan para desviar las pesquisas.

En la previa a esa semana se ventiló el trasfondo de otros atentados acompañados por mensajes y con el gobierno como destinatario. Al menos seis de esos hechos se habían cometido con armas que estaban en poder de tres policías que terminaron imputados y presos por intentar plantárselas a una persona. Buscaban, según la hipótesis de la Fiscalía, incriminar a una banda enfrentada a la organización con la que ellos supuestamente colaboraban. Junto a las armas que intentaron plantar, los agentes tenían uno de estos mensajes amenazantes que aparecen tras los hechos violentos, ponen en vilo a la población y legitiman la respuesta represiva del Estado.

Fuente: La Capital

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