El Ministerio de Seguridad asumirá la defensa de policías acusados por hechos ocurridos durante actos de servicio

a modificación de una resolución del Ministerio de Seguridad fue presentada con un mensaje concreto: “Mientras la inseguridad aumentaba, la protección a los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad federales se reducía”. La frase de Patricia Bullrich buscó dar contundencia a la iniciativa de brindar institucionalmente respaldo legal a los uniformados que sean acusados por actos de cumplimiento de servicio. Una norma firmada durante el gobierno de Alberto Fernández había restringido la capacidad ministerial para respaldar a agentes como Yanina Marotte, la suboficial de la Policía Federal Argentina que fue detenida a comienzos de este mes por homicidio agravado luego de abatir a uno de los delincuentes que había intentado asaltarla en La Matanza, en una causa en la que en los últimos días se decidió la falta de mérito de esa cabo de la PFA. La reforma impuesta ahora por Bullrich hubiese permitido que el Estado se hiciese cargo de la defensa.

Acompañada por el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barriero; el jefe del gabinete de asesores, Carlos Manfroni, y el subsecretario legal, Diego Hernán Goldman, informó que los efectivos de las cuatro fuerzas federales y del Servicio Penitenciario Federal podrán solicitar esa asistencia legal “Sepa cada oficial de cada Fuerza que se encuentre bajo el ala del Ministerio que hoy me toca encabezar, que tiene un respaldo sólido, que puede ejercer la tarea que se le ha encomendado sin temor a que el Estado lo abandone o lo señale”, señaló la funcionaria a cargo de la cartera de seguridad.

Según la ministra, se brindará el “apoyo legal necesario para el cumplimiento del deber de las fuerzas”, y aclaró que “esto no ocurrirá cuando los hechos acontecidos hubieran violado los deberes y obligaciones inherentes al estado policial, militar de gendarme o penitenciario, de conformidad con lo establecido en las normas estatutarias de cada fuerza”.

Bullrich explicó que una resolución firmada en 2023 había limitado el respaldo institucional que podían recibir los uniformados federales. Esa norma indicaba que los abogados del ministerio podían asumir la defensa de agentes acompañar solo hasta que se dictase un procesamiento, es decir, el respaldo oficial solo se mantenía en los primeros momentos de las causas. “Eso fue una decisión política”, sintetizó. 

“La falta de respaldo no se condice con el principio de inocencia de los efectivos”, enfatizó. Ahora, la defensa jurídica aplicará cuando los policías estén en ejercicio de sus funciones o cuando estén retirados.

La ministra hizo hincapié en que, al momento, “se trasladaba al personal el costo de su propio servicio”, algo que ahora quedará en manos del Estado. “Derogamos la resolución de 2023 para darle tranquilidad a los efectivos y sus familias. Ahora tendrán el apoyo institucional del cuerpo legal de cada fuerza y del Ministerio de Seguridad, en casos donde se ven injusticias como carátulas que no se corresponden a los hechos”.

Hasta el momento el apoyo legal “se había reducido a un tercio de lo que era y dependía de la carátula y esto es injusto”, remarcó. Y comentó: “La defensa será ahora integral para el que cumple su deber. El efectivo podrá decidir si contrata un abogado privado o utiliza un defensor público o un abogado de la institución”.

Fuente: La Nación

APROPOL Noticias