15 enero, 2025

Desafíos de la Policía en la Actualidad: Condiciones Laborales, Diversidad y la Falta de Recursos

En los últimos años, la seguridad pública ha estado en el centro del debate en muchas provincias, y el personal policial, que trabaja día a día para mantener el orden, enfrenta retos cada vez más complejos. Por Mercedes Iñiguez A las dificultades inherentes al trabajo en sí se suman las condiciones laborales precarias, la falta […]

En los últimos años, la seguridad pública ha estado en el centro del debate en muchas provincias, y el personal policial, que trabaja día a día para mantener el orden, enfrenta retos cada vez más complejos.

Por Mercedes Iñiguez

A las dificultades inherentes al trabajo en sí se suman las condiciones laborales precarias, la falta de recursos y los cambios constantes en las políticas de seguridad impulsadas por el gobierno de turno.

Uno de los aspectos más controvertidos es el perfil de los agentes de policía. A pesar de que en 2023 se registró un ingreso de 80% mujeres y 20% hombres, existe la creencia errónea de que la genitalidad debe ser un factor determinante para el trabajo policial. Sin embargo, diversos estudios y profesionales del sector aseguran que lo que realmente debe importarnos es la capacidad física y psicológica, cualidades esenciales para desempeñar un trabajo que requiere dedicación, vocación de servicio y habilidades específicas. "Lo que importa no es el género, sino el compromiso y las capacidades de cada individuo para brindar seguridad a la comunidad", afirman miembros de la fuerza policial.

Más allá de la cuestión de género, otro de los problemas fundamentales que enfrenta la policía es la falta de recursos. En muchas comisarías, el personal tiene que hacer frente a condiciones infrahumanas: equipos insuficientes, comisarías deterioradas y la escasez de vehículos y uniformes. "Lo que imponen es descabellado y refleja la desconexión de los políticos con la realidad en el terreno", señala una agente. Las condiciones de trabajo son tan precarias que, en algunos casos, los propios trabajadores deben organizarse para cubrir las necesidades básicas, como la compra de alimentos y la contribución a la compra de aire acondicionado. Esto va más allá de una cuestión de falta de presupuesto; es una cuestión de falta de respeto por quienes se encargan de la seguridad de la población.

Además, la centralización de las políticas de seguridad está generando desconexión con las realidades locales. En provincias extensas, como la de algunos relatos de agentes de seguridad, las decisiones tomadas en la capital no reflejan las necesidades y circunstancias de las comunidades más alejadas. Por ejemplo, los traslados forzados y la creación de nuevas academias en lugares muy lejanos agravan aún más la situación, afectando el nexo entre la policía y las comunidades que sirven.

Por si fuera poco, el sistema de incentivos que promete el gobierno es otro aspecto que ha generado desconfianza. Muchas veces, esos incentivos no se cumplen o se presentan como un "chantaje" para que los trabajadores acepten condiciones que están lejos de ser justas. "Nos llevan a trabajar al límite de la legalidad", expresa uno de los agentes entrevistados, quien agrega que la falta de transparencia en la gestión política también incide negativamente en la efectividad del trabajo policial.

En este contexto, resulta urgente una revisión profunda de las políticas de seguridad. Los agentes policiales, sean hombres o mujeres, necesitan condiciones laborales dignas y recursos suficientes para poder cumplir con su misión: proteger a la comunidad. Es fundamental que los responsables de la gestión de la seguridad pública comprendan que la calidad del trabajo policial no depende de los intereses políticos de turno, sino de la capacidad profesional y el compromiso real con la ciudadanía.

De esta manera, se podrán reducir las brechas entre los policías y la comunidad, logrando no solo una fuerza de seguridad eficiente, sino también un modelo de servicio público respetuoso con los derechos y las necesidades de los trabajadores. La seguridad pública debe ser una prioridad, y no puede seguir viéndose como un campo de prueba para los cambios políticos que ocurren cada cuatro años.

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