Denuncian una presunta estafa interna en los tribunales de Cañada de Gómez: "Nos están robando"

Un preocupante testimonio ha sido filtrado por uno de los trabajadores del sistema judicial de Cañada de Gómez, que señala una serie de irregularidades económicas y de manejo de recursos dentro de la organización.

Según relata la fuente, que prefiere mantener su anonimato por temor a represalias, hace apenas unos días fue presionado para firmar una notificación relacionada con horas extras y pagos adicionales, una solicitud que decidió rechazar.

El trabajador denuncia que, aunque en teoría las horas extras dejaron de ser otorgadas desde hace más de un año por decisión provincial, un reducido grupo de empleados de los tribunales locales ha estado cobrando esos pagos adicionales durante todo ese tiempo. Según la denuncia, los involucrados, identificados como miembros de la "jefatura", estarían apropiándose de dinero que corresponde a otros empleados, además de enriquecer sus propios ingresos mediante maniobras cuestionables, como la compra de vehículos de alta gama.

"Es una locura que nos digan que no hay más horas extras y, sin embargo, hay 3 o 4 efectivos de los tribunales de Cañada de Gómez que las vienen cobrando. Nosotros, en cambio, tuvimos que buscar hacer horas en otros lugares, fuera de la DOGJ, y las tuvimos que hacer en la UR 3 y 10", relata el trabajador, visiblemente indignado.

La denuncia también señala que los superiores, lejos de actuar de manera transparente, están participando de una estructura que podría considerarse como una "asociación ilícita", cuyo principal objetivo sería apropiarse de recursos que deberían destinarse al bienestar de los empleados. En medio de esta situación, el denunciante destaca que, mientras sus compañeros luchan para llegar a fin de mes, algunos jefes disfrutan de lujos como vehículos nuevos y otros privilegios.

"Yo ya sé que estoy 'al horno' por destapar esta estafa, sé que me van a sacar, pero no puedo ser cómplice de lo que está pasando", expresa la fuente, quien añade que, a pesar de los riesgos, busca hacer llegar su denuncia a las autoridades correspondientes para que se tomen medidas y se frene esta presunta irregularidad.

La denuncia está siendo difundida a través de canales informales, con la esperanza de que las autoridades competentes investiguen y tomen cartas en el asunto. Mientras tanto, los trabajadores continúan con la incertidumbre sobre cómo estas irregularidades podrían afectar tanto su estabilidad laboral como el funcionamiento general del sistema judicial en la región.

Este caso resalta una vez más la necesidad de transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos, así como la protección de los derechos de los empleados que, en muchos casos, se ven vulnerados por prácticas que no solo afectan su bienestar económico, sino que también minan la confianza en las instituciones.

APROPOL Noticias