ROSARIO: Curros privados y deudas públicas

Por Alberto Martínez

Hace horas prácticamente y cansados de los reclamos y la ausencia de respuestas, radicamos una denuncia penal contra los gobiernos provinciales y municipal de esta ciudad por la deuda millonaria que este ultimo contrajo durante años en perjuicio del otro que ademas de proveer el Servicio de Policía Adicional – SPA (seguridad general en edificios, bienes y personas del Estado) debería haber controlado y exigido el deposito previo antes de brindarlo.

A nuestro criterio, y así se lo hicimos saber al Fiscal Regional 2 Rosario, ambos al ser funcionarios públicos deben explicar el motivo, razón y circunstancia de la deuda y en especial de la falta de pago a los trabajadores policiales. Esperamos que tomen medidas pronto ya que pedimos que haga cesar el delito que se sigue cometiendo e este momento.

En este contexto, enterarnos de las cifras millonarias que destina el mismo municipio deudor crónico a la “seguridad privada” es otro elemento de rispidez y enojo cierto.

Según Rosario 3 en la nota titulada: “Seguridad privada en espacios públicos: un rubro que creció mucho y se concentró demasiado” la Municipalidad de Rosario realizó "...un fuerte incremento en la contratación de vigilancia entre 2004 y 2019…" y destinó “...a nivel global 553 millones de pesos...”. No vamos a sumarnos a mas detalles de esa nota ni al sicariato comercial mediático implícito pero nos sirve para contextualizar nuestros reclamos.

Esta claro que no hubo decisión de cumplir la ley (de policía adicional N º 6356/67) no solo por la parte contratante sino fundamentalmente por quienes gerencian su provisión y administración de esos fondos que hace dos meses no llegan a quienes lo laboraron y que siempre han tenido carácter alimentario como refuerzo de salarios indignos.

Esta claro que existen aun en el ambito oficial los “curros privados pero a la vez una decisión de endeudar al mismo Estado” y quizás por ello no tengamos respuesta hasta hoy. 

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Rosario - Habida cuenta de la falta de respuestas y las presiones al personal para que siga cumplimentando servicios que no se le abonan configurando ello una ilegalidad y una arbitrariedad, nuestra organización ha decidió radicar denuncia penal ante el Fiscal Regional y exhortar mediante representacional a los legisladores a los fines de que se investigue y se abone lo adeudado.

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