Milagros Bernard, excontratada de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Seguridad, declaró durante nueve horas en una audiencia pública ante un juez y se habría acogido a la figura de imputada colaboradora.
Según versiones sobre su testimonio, también habría mencionado a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. La audiencia debe ser esclarecida y sus dichos, contrastados con pruebas.
Una declaración que puede aportar nuevas piezas
Milagros Bernard, excontratada de la Subsecretaría de Control del Ministerio de Seguridad e imputada en la causa por presuntas maniobras de espionaje y perfilamiento, habría declarado durante nueve horas en una audiencia pública ante un juez. También trascendió que podría haberse acogido a la figura de imputada colaboradora, aunque ese extremo y las condiciones de una eventual colaboración deben ser precisados oficialmente.
Según la información difundida sobre su declaración, Bernard describió seguimientos, elaboración de perfiles y circulación de información. Además, habría denunciado que celulares secuestrados fueron manipulados antes de ser enviados a peritar, sin respetar —según su relato— los procedimientos de resguardo de la evidencia. En ese marco habría mencionado a los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
El señalamiento sobre el allanamiento
El señalamiento más grave atribuido a Bernard alcanza a Schiappa Pietra: habría afirmado que el fiscal avisó a funcionarios del Ministerio de Seguridad, minutos antes, que se realizaría un allanamiento. De confirmarse y corroborarse, ese aviso podría explicar por qué, al llegar los funcionarios judiciales, parte de la documentación estaba siendo destruida.
Por ahora, se trata de una denuncia que debe ser examinada a la luz del acta de audiencia, los registros disponibles y las demás pruebas de la causa.
Celulares y cadena de custodia bajo cuestionamiento
Los cuestionamientos sobre el tratamiento de evidencia no aparecen aislados. Entre los episodios denunciados por personas afectadas se encuentran el secuestro del celular del ex subjefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Ariel Zanochia, quien sostuvo desde el comienzo que se había armado una causa en su contra, y la devolución de un teléfono perteneciente al comisario general retirado Ernesto Andriozzi con la cadena de custodia presuntamente violada.
Su hija, la abogada Evelyn Andriozzi, también denunció irregularidades en el procedimiento y en el tratamiento de los dispositivos secuestrados. Estas denuncias requieren una respuesta judicial y no deben confundirse con hechos ya acreditados.
Una causa que alcanza a cientos de personas
El alcance de la causa excede los casos individuales. La acusación fiscal sostiene que entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021 habría funcionado una estructura con ramificaciones en el Ministerio de Seguridad y el Organismo de Investigaciones, dedicada a reunir y sistematizar información sobre cientos de personas.
La Fiscalía habló de al menos 661 perfiles y pidió llevar a juicio a Marcelo Saín, Nadia Schujman, Débora Vanina Cotichini, Esteban Germán Montenegro, Pablo Andrés Álvarez, Diego Alfredo Rodríguez y Milagros Bernard. A Saín le atribuyó el papel de presunto jefe; a Schujman y Cotichini, el de organizadoras.
El lugar de Bernard y la necesidad de corroborar
En el caso de Bernard hay un dato que debe estar presente al evaluar su testimonio: ella misma está imputada y la Fiscalía había solicitado una pena para ella. Ese antecedente no invalida de antemano lo que declaró, pero vuelve indispensable conocer el contenido completo de la audiencia, precisar si existe un acuerdo de colaboración y corroborar sus afirmaciones con evidencia independiente.
Respaldo institucional y preguntas pendientes
El gobernador Maximiliano Pullaro había denunciado “operaciones” contra el Ministerio Público de la Acusación y expresado su respaldo a la fiscal general María Cecilia Vranicich antes de esta audiencia. No hay elementos para afirmar que se refiriera a la declaración de Bernard o que conociera su contenido.
La pregunta institucional, sin embargo, queda planteada: ¿Cuándo la defensa legítima de una institución frente a ataques reales puede convertirse en un paraguas que dificulte investigar a funcionarios concretos?
También corresponde informar qué funciones cumplen actualmente Edery y Schiappa Pietra, qué medidas se adoptaron respecto de su intervención en las actuaciones cuestionadas y qué remuneraciones perciben. Si continúan vinculados al MPA con responsabilidades acotadas, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones y el fundamento administrativo de esa situación. La transparencia no se satisface con respaldos generales: exige explicar las decisiones, los controles y las responsabilidades concretas.
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(*) Periodista.
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