
Mientras en otras provincias el Estado busca dar una señal concreta de previsibilidad y reconocimiento a sus fuerzas de seguridad, en Santa Fe la decisión política vuelve a ir a contramano del discurso oficial. HOY POLICÍAS CORDOBESES COBRAN S.A.C. (AGUINALDO).
Por Alberto Rubén Martínez (*)
El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) será abonada recién el 23 de diciembre, apenas un día antes de Navidad. La medida generó malestar entre trabajadores estatales y, en particular, en el personal policial, que llega a las fiestas con salarios deteriorados, horas extras atrasadas y un poder adquisitivo severamente erosionado.
La ley es clara: el plazo vence antes
De acuerdo con la normativa vigente en la Argentina —tomando como referencia el régimen general del trabajo y su aplicación histórica en el sector público— la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse como máximo el 18 de diciembre. El pago anunciado para el día 23 se encuentra fuera de término, aun cuando se intente justificar administrativamente como una “decisión operativa”.
Según lo establece el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario debe abonarse como plazo máximo el 18 de diciembre de cada año. La norma es clara: el aguinaldo tiene carácter alimentario y su pago oportuno busca garantizar que los trabajadores cuenten con ese ingreso antes de las fiestas de fin de año. Cualquier acreditación posterior a esa fecha se considera fuera de término, aun cuando se realice pocos días después, y contradice el espíritu protectorio del derecho laboral que rige tanto en el ámbito privado como, por principio, en el empleo
No se trata de un detalle técnico: el aguinaldo tiene carácter alimentario, y su pago tardío afecta la planificación familiar, el consumo básico y el cumplimiento de obligaciones asumidas por los trabajadores.
El contraste: Córdoba paga antes y reconoce a su policía
La comparación es inevitable. En Córdoba, el gobernador Martín Llaryora dispuso el pago del SAC el 18 de diciembre, antes de las fiestas, cumpliendo con los plazos legales y enviando una señal política clara.
Pero no solo eso: anunció dos bonos anuales de $700.000 para uniformes, la duplicación del adicional por patrullaje y una política explícita de fortalecimiento salarial y simbólico de la fuerza policial. Un enfoque que reconoce que no hay seguridad pública posible sin trabajadores cuidados y respetados.
Fondos hay, la decisión es política
En Santa Fe no puede alegarse falta de recursos. La provincia cuenta con fondos, con margen financiero y con una fuerte presión fiscal sobre los propios trabajadores. La decisión de pagar el aguinaldo al filo de Navidad no responde a una imposibilidad económica, sino a una opción política.
Resulta llamativo —y preocupante— que una gestión que inició su mandato en diciembre de 2023 con suspensión masiva de licencias, recortes encubiertos y ajuste sobre el personal, hoy vuelva a mostrar la misma lógica: exigir sacrificios, pero demorar derechos básicos.
Un mensaje que cala hondo en la fuerza
En un contexto de salarios que apenas cubren el 50% de la canasta familiar, con tres quincenas de horas extras aún impagas y un desgaste operativo extremo, pagar el aguinaldo fuera de término no es un gesto menor. Es un mensaje.
Un mensaje que dice que el orden fiscal importa más que el bienestar de quienes sostienen la seguridad pública. Y que, una vez más, contradice el relato oficial de “normalidad” y “planificación”.
Porque cuando el Estado puede pagar y decide no hacerlo a tiempo, el problema ya no es técnico: es político.
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«Quien quiera oir que oiga»
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor del libro Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP)
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