El dirigente de APROPOL y FASIPP analizó la reincorporación de personal retirado en Santa Fe, cuestionó el sistema de adicionales y plus salariales como mecanismo de disciplinamiento, advirtió sobre tensiones internas dentro de la fuerza y volvió a reclamar una mirada integral sobre las condiciones laborales del personal policial.
El dirigente de APROPOL, Alberto Martínez, participó de una extensa entrevista en el programa La Mañana con Vos, conducido por José Luis López en FM Uruguay de Rosario, donde abordó la situación del personal policial activo y retirado, la reciente reincorporación de efectivos que ya habían pasado a retiro, el sistema de suplementos salariales y las condiciones laborales que atraviesa actualmente la Policía de Santa Fe.
Uno de los ejes centrales fue la decisión del gobierno provincial de convocar nuevamente a policías retirados para cumplir determinadas funciones, entre ellas custodias de edificios públicos y otros objetivos específicos. Martínez señaló que, de acuerdo con la información que recibe de los propios trabajadores, quienes aceptaron el regreso a la actividad están percibiendo la remuneración suplementaria prometida y algunos valoran positivamente esa posibilidad.
Sin embargo, planteó que el debate no debería agotarse en determinar cuánto cobra un retirado reincorporado, sino preguntarse por qué una persona que trabajó durante treinta o treinta y cinco años en una actividad caracterizada por el desgaste físico, psicológico y familiar necesita volver a trabajar para sostener económicamente su vida cotidiana.
El verdadero interrogante está después de treinta y cinco años de servicio
Martínez recordó que el retiro policial no funciona exactamente como una jubilación ordinaria, ya que el personal continúa sometido a determinadas obligaciones y puede ser convocado nuevamente hasta alcanzar ciertos límites establecidos por el régimen correspondiente.
Desde esa perspectiva, sostuvo que el problema de fondo aparece cuando el retorno al servicio deja de responder exclusivamente a una necesidad institucional y comienza a vincularse con la insuficiencia de los ingresos de quienes ya cumplieron prácticamente toda su carrera.
“Después de haber trabajado treinta o treinta y cinco años, de haber estado en la calle, soportado riesgos, estrés, jornadas prolongadas y servicios adicionales, la pregunta es por qué ese trabajador tiene que volver a trabajar porque no le alcanza para vivir”, expresó.
Para Martínez, esa realidad también produce un efecto sobre quienes todavía permanecen en actividad, porque los policías jóvenes observan cuál puede ser su horizonte después de décadas de servicio y comprueban que el retiro no necesariamente significa alcanzar una etapa de estabilidad económica.
Las tensiones con el personal activo
La reincorporación de retirados también genera algunos roces dentro de la estructura policial, particularmente cuando quienes regresan reciben incentivos, jerarquías o condiciones que no necesariamente alcanzan al personal que continúa desarrollando normalmente su carrera.
Martínez señaló que existen quejas vinculadas con los ascensos, debido a la reducción de vacantes y cupos disponibles, mientras algunos reincorporados pueden acceder a mejoras dentro del esquema temporal implementado por el gobierno.
A esa situación se suma otro elemento especialmente sensible: los servicios adicionales. Para una parte importante del personal activo, esas horas constituyen una fuente indispensable de ingresos para compensar salarios que, según sostuvo el dirigente, continúan siendo insuficientes frente al costo de vida.
Cuando determinados servicios que antes eran cubiertos mediante adicionales pasan a ser desempeñados por retirados reincorporados, puede producirse una competencia indirecta por ingresos dentro de una fuerza donde buena parte del personal depende precisamente de esas horas extraordinarias para sostener a su familia.
Los plus salariales y una disciplina económica
Otro de los puntos más críticos de la entrevista estuvo relacionado con los suplementos o plus salariales otorgados a determinados efectivos según la función o el destino que ocupan.
Martínez sostuvo que cuando un adicional de varios cientos de miles de pesos se incorpora sobre un salario que considera insuficiente, deja de ser una simple compensación funcional y adquiere una capacidad extraordinaria para condicionar la conducta del trabajador.
El problema, explicó, aparece cuando la continuidad de ese ingreso depende de permanecer en determinado destino o de conservar la decisión favorable de un superior. En esos casos, la amenaza de traslado puede significar simultáneamente la pérdida de una parte sustancial del ingreso familiar.
Desde APROPOL vienen señalando que semejante mecanismo puede transformar la disciplina profesional, que debería fundarse en la ley, los reglamentos y la ética policial, en una relación de dependencia económica donde el trabajador termina sometido a decisiones que exceden las reglas normales de la carrera.
Martínez mencionó además denuncias recibidas por la organización sobre presiones vinculadas con determinadas cantidades de procedimientos, secuestros de motocicletas o detenciones, así como señalamientos sobre eventuales circuitos irregulares relacionados con algunos suplementos. Se trata de denuncias que, por su gravedad, requieren ser investigadas y comprobadas, pero que el dirigente consideró reveladoras del clima laboral que existe en determinados sectores.
Cuando dos policías hacen el mismo trabajo pero cobran distinto
El sistema de plus también introduce diferencias económicas entre compañeros que pueden desempeñarse en un mismo móvil, una misma dependencia o funciones similares.
Puede ocurrir que un efectivo perciba un suplemento y quien trabaja a su lado no lo reciba, generando diferencias salariales significativas que terminan trasladándose a la convivencia interna.
Martínez consideró que estas situaciones producen fricción, debilitamiento de los vínculos entre compañeros y una mayor dependencia respecto de quienes administran destinos, funciones y suplementos.
Desde esa perspectiva, reclamó nuevamente una política salarial que reduzca la necesidad de recurrir permanentemente a adicionales, horas extraordinarias o beneficios discrecionales para alcanzar un ingreso familiar razonable.
La Carpa Azul como señal de un conflicto todavía abierto
Consultado sobre si el gobierno provincial había cumplido con los reclamos planteados por policías, retirados y pensionados durante los conflictos de comienzos de año, Martínez fue categórico al señalar que persisten demandas importantes sin resolver.
Mencionó especialmente la situación de los retirados y pensionados que continúan vinculados con la denominada Carpa Azul, instalada como expresión de protesta y reclamo por mejoras económicas y reconocimiento de derechos.
Para el dirigente, la continuidad de esa protesta constituye por sí misma una demostración de que el problema no puede considerarse superado a partir de algunos acuerdos parciales o suplementos concedidos a determinados sectores.
Martínez interpretó que la estrategia gubernamental logró fragmentar el conflicto mediante respuestas diferenciadas, algunos aumentos específicos y beneficios particulares, aunque sin modificar estructuralmente el esquema salarial y laboral que originó las protestas.
El policía como trabajador
Hacia el final de la entrevista, Martínez volvió sobre uno de los principios que APROPOL viene sosteniendo desde su aparición en 2001: el reconocimiento del policía como trabajador.
A veinticinco años del inicio de aquella experiencia, sostuvo que uno de los principales cambios culturales fue que amplios sectores del personal policial comenzaron a reconocerse a sí mismos como trabajadores y, desde esa identidad, a discutir salarios, descansos, tiempo familiar, condiciones laborales y dignidad profesional.
Ese cambio, señaló, permite superar una concepción según la cual vestir uniforme implica renunciar a derechos básicos asociados al trabajo.
El dirigente reclamó que los policías defiendan no solamente el salario, sino también sus horas de descanso, el derecho al ocio, la posibilidad de compartir tiempo con sus familias y la necesidad de desarrollar la función sin quedar reducidos a una disponibilidad permanente.
Trabajar para la comunidad sin convertirse en el fusible del sistema
Martínez también cuestionó políticas de seguridad que, según su análisis, colocan sobre el policía la responsabilidad final de decisiones que son adoptadas en niveles políticos superiores.
Cuando determinadas estrategias institucionales exigen intervenciones cuestionables y posteriormente aparecen consecuencias judiciales, administrativas o sociales, sostuvo que muchas veces quien termina respondiendo individualmente es el efectivo que ejecutó la orden.
Allí reaparece una idea que APROPOL viene planteando desde hace años: el policía no puede convertirse en el fusible de las políticas de seguridad, obligado a ejecutar decisiones ajenas y posteriormente abandonado cuando esas decisiones generan conflictos.
La disciplina policial, agregó, debe desarrollarse dentro de la ley y del respeto a los derechos de todos los ciudadanos, porque la principal alianza que puede construir una fuerza de seguridad no es con un gobierno circunstancial sino con la comunidad a la que presta servicio.
“Siéntanse cada día más trabajadores”, fue el mensaje final dirigido al personal activo y retirado. Una definición sencilla detrás de la cual aparece una discusión mucho más profunda: no puede construirse una mejor seguridad pública sin garantizar previamente condiciones dignas para quienes tienen la responsabilidad cotidiana de brindarla.
(*) Periodista. Corresponsal en Santa Fe.
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