¿Alguien duda de que en seguridad están bajo fuego amigo?

El combustible del poder: corrupción estructural, blindajes políticos y fuego amigo en Seguridad.

Por Alberto Martínez (*)

La Intervención de la Unidad Regional II de Rosario sigue generando coletazos institucionales, judiciales y mediáticos. Mientras una docena de policías están presos por el millonario fraude con tarjetas Visa Flota, el relato oficial insiste en mostrarse sorprendido. Se habla de depuración, de recambio generacional, de lucha contra los «delincuentes con uniforme». Pero detrás de la puesta en escena, lo que se esconde es una feroz guerra interna dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Y esta vez, el fuego viene desde adentro.

«Si todo es corrupción, nadie es responsable. Y si todo estalla a la vez, alguien lo planificó muy bien.»

Una interna con uniforme… y con blindajes cruzados

Desde hace tiempo, dos facciones se disputan el control real del Ministerio. Una claramente visibilizada con base en la Coordinación Técnica y la Secretaría de Seguridad Pública. La operación que terminó con la caída de Daniel Acosta fue apenas el primer disparo en una guerra mayor.

Hoy, según confirman fuentes internas, el objetivo es desplazar a Maldonado y reemplazarlo por una alta oficial activa vinculada al mismo entorno que colocó como asesor de la intervención a un comisario denunciado por presunta trata de personas, cuando la víctima aún era menor. Ese comisario —curiosamente— también aparece mencionado en informes judiciales anteriores al escándalo del combustible, como uno de los impulsores de la operación contra Acosta.

La víctima, silenciada. El denunciado, protegido.

Mientras se habla de ética y transparencia, la oficial que denunció explotación sexual (cuando era menor de edad) fue abandonada institucionalmente. No recibió contención, ni resguardo, ni protección alguna. En cambio, el acusado fue designado como asesor en la intervención y presuntamente blindado bajo el estatus de “testigo protegido”.

El caso, que involucra una grave violación de los tratados internacionales sobre víctimas de trata, fue pisado en Asuntos Internos y la Dirección de Trata de Personas no tiene registros. Periodistas reconocidos que intentaron acceder a información se encontraron con un inusual cerrojo judicial. ¿Por qué tanto silencio?

LPO y La Capital: periodismo quirúrgico

Tanto La Política Online como La Capital de Rosario publicaron notas extensas sobre el escándalo del combustible. Ambas detallan nombres, montos y maniobras con precisión, pero evitan mencionar el poder político detrás.

LPO reconoce que la corrupción es sistémica, que involucra mandos altos, y que no se trata de hechos aislados. Sin embargo, omite el contexto político, no cuestiona la oportunidad de la operación, y deja fuera los vínculos entre los nuevos interventores y las internas previas. Es decir: muestra el fraude, pero no al que escribió el libreto.

La Capital, por su parte, va más allá en la funcionalidad al gobierno: instala el discurso de “renovación generacional”, justifica la intervención como acto moral y le sirve al Ministerio una narrativa lista para el marketing institucional. No investiga. Publicita.

Cuando los medios hacen de voceros oficiales, el poder ya no necesita censurar: le basta con aplaudir.

Una estructura histórica de recaudación

Como bien describe el artículo de LPO, la maniobra del combustible no es nueva. Ya se investigó bajo varias administraciones. Ya se habló de compras amañadas, empresas fantasmas, retornos. La novedad no está en el delito, sino en cómo se lo utiliza políticamente para reordenar el poder interno.

No hay intervención sin plan. No hay purga sin reemplazos definidos de antemano. Y no hay escándalo sin alguien que supiera lo que estaba pasando y eligiera el momento de hacerlo estallar.

Un Ministerio sitiado por su propia interna

El ministro Cococcioni, lejos de conducir, parece asistir como espectador a una batalla que lo excede. No impone autoridad ni marca el rumbo. La Secretaría de Seguridad Pública y las áreas de control avanzan sin coordinación, impulsando operaciones, removiendo jefes, protegiendo aliados y disciplinando opositores. Todo con una lógica de fuego cruzado que convierte a la gestión de seguridad en un campo minado.

Conclusión: lo que no se investiga, se repite

Hoy más que nunca, Santa Fe necesita una investigación integral. No solo sobre el desfalco de combustible, sino sobre quién lo permitió, quién lo utilizó y quién se está beneficiando con la intervención.

Porque si la política no se somete al mismo nivel de escrutinio que exige a la Policía, no estamos ante una lucha contra la corrupción, sino ante una competencia por administrarla.

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(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública. Especialista en seguridad y derechos laborales de los trabajadores policiales y penitenciarios.

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(c) APROPOL Noticias (2001 / 2025) – 24 años con información y algo más.

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