ÁLVAREZ: denuncian graves irregularidades, maltrato al personal y uso de recursos policiales para una actividad privada

Una presentación recibida por APROPOL Noticias expone presuntas irregularidades en el Comando Regional Álvarez, dependiente de la Unidad Regional II.

Entre los hechos denunciados aparecen trato desigual y hostigamiento al personal, supuestos incumplimientos horarios, autoridades que figurarían de servicio sin encontrarse en la dependencia y la utilización de policías, móviles y combustible del Estado para brindar seguridad a un local bailable privado. También se cuestiona el funcionamiento de los canales oficiales destinados a recibir denuncias internas.

Una grave denuncia sobre el funcionamiento del Comando Regional Álvarez, dependiente de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, llegó a APROPOL Noticias con un pedido concreto: que los hechos tomen estado público ante las dificultades que, según los denunciantes, existen para canalizarlos eficazmente por las vías oficiales del Ministerio de Justicia y Seguridad.

La presentación describe un escenario que, de comprobarse, excedería ampliamente un conflicto interno de personal. Se habla de presuntos privilegios para determinados funcionarios, maltrato y recargas para otros, irregularidades en el cumplimiento de los servicios, inconsistencias en registros oficiales y, especialmente, de la posible utilización de efectivos policiales, móviles y combustible pagados por el Estado para cubrir una actividad comercial privada.

Debe aclararse desde el comienzo que se trata de hechos denunciados que requieren investigación y comprobación documental. Precisamente por eso resulta indispensable preservar registros, establecer responsabilidades y evitar que la cuestión quede reducida a versiones contrapuestas dentro de la dependencia.

Maltrato, privilegios y una vara distinta según el empleado

Uno de los principales cuestionamientos apunta al trato que recibiría el personal. Según la presentación, mientras una parte de los efectivos debe cumplir estrictamente sus guardias y afrontar recargas, exigencias y presuntos malos tratos, otros contarían con autorizaciones especiales para ausentarse, permanecer sólo una parte del turno o retirarse antes de completar el servicio. También se denuncia que quienes manifiestan disconformidad podrían quedar expuestos a hostigamiento o represalias laborales.

Como ejemplo se menciona la situación de un oficial que presuntamente no cumpliría regularmente las 48 horas semanales ni la totalidad de sus guardias y que, según la denuncia, incluso tendría salidas asentadas en libros o registros de móviles durante momentos en los que no estaría efectivamente prestando servicio. La presentación atribuye conocimiento de esta situación a las autoridades de la dependencia.

No debería ser difícil determinar qué ocurrió. Los propios denunciantes proponen cotejar libros de guardia, planillas horarias, registros de móviles, partes comunicativos, comunicaciones con el 911 y demás documentación que permita reconstruir quién estuvo trabajando, durante cuánto tiempo y bajo qué órdenes.

Autoridades que figurarían presentes cuando no estarían en la base

La denuncia también alcanza a la conducción del Comando Regional Álvarez. Según la presentación, la titular y el subjefe aparecerían anotados en determinados partes comunicativos remitidos al 911 de Villa Gobernador Gálvez como autoridades presentes o de servicio, aunque durante numerosos fines de semana y algunos días de semana no permanecerían efectivamente en la dependencia.

Si la acusación es correcta, la cuestión no debería quedar limitada a determinar una ausencia laboral, sino también a establecer quién confeccionó esos partes, bajo qué instrucciones se incorporaron los nombres y si lo registrado documentalmente coincidía con la presencia real de las autoridades.

Los libros de guardia, cámaras, registros de ingreso y egreso, comunicaciones radiales y equipos oficiales deberían permitir establecerlo con bastante precisión.

El punto más grave: policías y móviles para cubrir un boliche

Sin embargo, la acusación de mayor gravedad involucra al local bailable Améri, situado en Urquiza y Belgrano de la localidad de Acebal.

Según la presentación, la seguridad vinculada con ese establecimiento no se cubriría mediante el régimen formal de Policía Adicional ni utilizando personal convocado durante sus francos. Por el contrario, efectivos que ya se encontrarían cumpliendo su servicio ordinario serían retirados de las tareas preventivas para ser enviados al local privado.

La denuncia sostiene además que durante los fines de semana los traslados se realizarían utilizando móviles policiales y combustible perteneciente al Estado provincial, tanto al comienzo de la actividad como al momento del cierre del establecimiento.

Esto modifica sustancialmente la gravedad del planteo. Ya no se estaría discutiendo solamente cómo se organiza internamente una guardia, sino la eventual afectación de recursos públicos destinados a seguridad preventiva para beneficiar a una actividad privada.

Dinero por fuera del sistema formal

La presentación asegura que la orden para afectar personal de servicio ordinario habría sido impartida desde la conducción del Comando a los jefes de tercio, quienes posteriormente determinarían qué efectivos y móviles concurren al establecimiento.

También se señala que el valor de la hora extraordinaria correspondiente al servicio formal de Policía Adicional sería actualmente de $15.390 por efectivo, pero que en estos casos no se tramitaría un adicional regular. En su lugar, según la denuncia, al personal se le entregarían aproximadamente $40.000 en efectivo, por fuera de los mecanismos administrativos establecidos.

Si esto se comprobara, el problema sería doble: por un lado, la posible existencia de pagos informales; por otro, el desvío de efectivos y móviles que durante ese mismo período deberían encontrarse disponibles para patrullaje, prevención y atención de emergencias.

La denuncia sostiene además que el arreglo económico sería gestionado desde la propia conducción y reclama determinar quién acuerda la prestación, quién retira o administra el dinero y quién autoriza el empleo de recursos policiales para una actividad privada.

Un episodio concreto del 22 de agosto

La presentación aporta incluso un hecho que podría ser verificado puntualmente. El 22 de agosto, una subinspectora que se encontraba a cargo del tercio habría concurrido al establecimiento acompañada por cuatro empleados y dos móviles policiales. Según la denuncia, tanto la responsable del tercio como los demás efectivos se encontraban cumpliendo servicio ordinario y habrían concurrido por una orden previamente impartida desde la jefatura del Comando.

La comprobación tampoco parece especialmente compleja: libros de guardia, planillas, órdenes de servicio, registros del 911, posicionamiento GPS de los móviles, consumo de combustible, comunicaciones radiales y cámaras del establecimiento permitirían reconstruir los movimientos de aquella jornada.

Cuando denunciar por los canales oficiales se vuelve imposible

Otro aspecto particularmente preocupante es el referido a los mecanismos internos de denuncia.

Según la presentación, se intentó comunicar estas situaciones por las vías oficiales, pero el número 0800 de Asuntos Internos no habría brindado una respuesta efectiva, mientras que correos y formularios oficiales habrían generado errores técnicos o resultado ineficaces. También se cuestiona que los mecanismos supuestamente destinados a preservar la identidad terminen exigiendo datos personales que desalientan a quienes temen represalias.

Este punto merece atención institucional por sí mismo. Si un policía considera que debe denunciar a un superior, pero percibe que no existe un canal seguro, funcional y verdaderamente reservado, el sistema termina produciendo silencio precisamente allí donde debería generar control.

Hay documentación para saber qué ocurrió

APROPOL Noticias entiende que una denuncia de esta gravedad no debe convertirse en una condena anticipada, pero tampoco puede ser archivada como una simple interna policial.

Hay registros concretos que permitirían confirmar o descartar buena parte de los hechos denunciados.

Deben preservarse inmediatamente los libros de guardia, planillas horarias, órdenes de servicio, partes remitidos al 911 de Villa Gobernador Gálvez, comunicaciones radiales, GPS de los móviles, registros de combustible y cámaras de seguridad. También deberá determinarse quién impartió las órdenes, qué personal fue afectado, quién gestionó eventuales pagos y si existieron funcionarios que figuraron trabajando cuando efectivamente no se encontraban en la dependencia.

Si las irregularidades se acreditan, podrían encontrarse comprometidos recursos públicos destinados a una actividad privada, pagos realizados por fuera de los procedimientos establecidos, registros oficiales inexactos y eventuales incumplimientos funcionales de quienes ordenaron, autorizaron, permitieron o encubrieron esas prácticas.

Por eso no hacen falta discursos ni desmentidas generales. Hace falta una investigación seria, externa e imparcial y, sobre todo, preservar ahora la documentación que puede decir quién trabajó, quién no lo hizo, dónde estuvieron los móviles y bajo qué órdenes se utilizaron.

Porque cuando existen libros, GPS, cámaras, comunicaciones y registros oficiales, la verdad no debería depender de quién tenga más jerarquía dentro de la dependencia.

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