Ambos dirigentes policiales, perseguidos y cesanteados por reclamar derechos salariales y gremiales, denunciaron ante senadores y diputados la criminalización del conflicto, el uso de inteligencia para espiar trabajadores y la prisión preventiva como forma de castigo anticipado.
Una audiencia que rompió el cerco de silencio
Este martes, en una audiencia celebrada en el Congreso de la Nación, Ramón Amarilla y Germán Palavecino, exoficiales de la Policía de Misiones y actuales referentes políticos y gremiales, narraron en primera persona la persecución que sufren miles de trabajadores públicos en la provincia.
Lo hicieron con claridad, sin titubeos y con pruebas en mano. Denunciaron prácticas ilegales, represalias sistemáticas y vigilancia estatal sobre sus familias. Lo que estaba en discusión no era solo un reclamo laboral: era la existencia misma del Estado de Derecho en territorio misionero.
Del reconocimiento oficial a la cárcel sin juicio
Ambos dirigentes participaron durante años de mesas salariales oficiales, homologadas por el Ministerio de Trabajo provincial. Representaban al personal policial y penitenciario en reclamos por condiciones laborales y dignidad salarial. Pero en octubre de 2023, el diálogo fue abruptamente cortado. Y la represión comenzó.
“A mí me volvieron a reincorporar solo para poder cesantearme. Me sacaron la jubilación, la obra social y me metieron preso 8 meses y 24 días, acusado de sedición sin pruebas”, denunció Ramón Amarilla.
“A mí me espiaron con inteligencia de la propia policía, siguieron a mi familia, me vigilaban la casa. Si no hubiera estado preso, me mataban”, aseguró Germán Palavecino.
Ambos fueron acusados de sedición, conspiración y robo de móviles policiales. Un relato forzado, sin evidencia, pero funcional para disciplinar a toda la fuerza.
La cárcel como castigo ejemplar: una doctrina de la sospecha sin ley
Palavecino advirtió ante los legisladores que en la Unidad Penal de Misiones hay personas detenidas hace más de seis años sin condena, bajo prisión preventiva indefinida. “Eso no es justicia. Es un sistema de castigo que busca destruir al que piensa distinto”.
Lo más grave es que Ramón Amarilla fue electo diputado provincial desde la cárcel, con más de 100.000 votos. Su elección expuso el cinismo del sistema político local: le quitaron todos sus derechos, pero el pueblo se los devolvió con el voto.
Una provincia intervenida por el miedo
La audiencia también permitió visibilizar otros casos: jóvenes detenidos por opinar en redes sociales, como Cristian Cabral o Florencia Aguirre; persecución a docentes y trabajadores de salud que se solidarizaron con el reclamo; y hostigamiento estatal a familias enteras.
“Esto ya no es democracia. Es un sistema que se sostiene sobre el miedo, el espionaje y la amenaza permanente”, resumió Palavecino.
Los dirigentes mostraron la verdad
Mientras Infobae y otros medios reflejaban la tensión social del reclamo policial en mayo de 2024 —acampes, cortes de calle y pedidos de paritaria—, Amarilla y Palavecino vinieron a mostrar lo que no se ve: una maquinaria institucional destinada a destruir al trabajador que reclama.
En Misiones, la protesta fue judicializada, la representación fue castigada, y el castigo se volvió doctrina. Doctrina de la sospecha. Doctrina del miedo.
Desde APROPOL exigimos: fin a la persecución gremial y restitución de derechos
Desde APROPOL denunciamos el uso abusivo de figuras penales como la sedición para criminalizar el reclamo laboral. Exigimos:
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La restitución inmediata de los derechos jubilatorios, laborales y civiles de Ramón Amarilla y Germán Palavecino.
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La investigación nacional sobre el uso político de la inteligencia interna en Misiones.
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La limitación urgente del uso arbitrario de la prisión preventiva como herramienta de castigo gremial.
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El reconocimiento legal pleno del derecho a la representación y organización de las fuerzas policiales y penitenciarias.
(*) Lic. en Seguridad Pública – Periodista
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