Una fuente confirmó a APROPOL Noticias que uno de los equipos comprados en 2014 permanece en esa dependencia de la ciudad de Santa Fe, pero no se utiliza por falta de actualización y porque la batería de su computadora dejó de funcionar. Otro habría sido asignado a la ciudad de Rosario, mientras continúa sin conocerse el destino del tercero.
La publicación de APROPOL Noticias sobre los tres escáneres portátiles adquiridos por la Provincia en 2014 comenzó a producir respuestas. El oficial confirmó que uno de esos equipos fue asignado a esa dependencia y que permaneció operativo.
La información permite corregir parcialmente la pregunta inicial: uno de los escáneres no está perdido. Se encuentra en Rosario, pero lleva más de un año fuera de servicio debido a la falta de actualización del sistema y al agotamiento de la batería de la computadora portátil utilizada para operarlo.
El dato no despeja el problema. Lo vuelve más grave.
Después de una inversión millonaria, un equipo destinado a intervenir frente a amenazas explosivas permanece inutilizado por una actualización pendiente y por una batería que nunca fue reemplazada.
Uno en Santa Fe, otro en Rosario y el tercero sigue sin aparecer
Según el testimonio recibido por APROPOL Noticias, dos de los tres equipos terminaron asignados a las brigadas de Explosivos de la Policía provincial: uno en Santa Fe y otro en Rosario. El entrevistado no pudo precisar qué ocurrió con el tercero.
La distribución mencionada difiere del destino anunciado oficialmente en 2014. En aquel momento, el Gobierno informó que los tres aparatos serían entregados a la entonces Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y utilizados en las zonas norte, centro y sur, principalmente sobre las rutas provinciales.
El oficial aseguró que el equipo de Santa Fe funcionaba y era utilizado regularmente. También señaló que los aparatos asignados a Santa Fe y Rosario fueron actualizados en una oportunidad por el Gobierno provincial en la sede gubernamental de Rosario.
Esa actualización, sin embargo, no volvió a realizarse. La computadora quedó sin una batería en condiciones y el sistema dejó de utilizarse.
Se utilizó durante las amenazas contra escuelas
El escáner tuvo una aplicación concreta durante la sucesión de amenazas de bomba registradas en establecimientos educativos. También era empleado por el personal de Explosivos en ejercicios y prácticas casi diarias.
El testimonio demuestra que el aparato tuvo utilidad operativa. Precisamente por eso resulta difícil justificar que haya permanecido fuera de servicio durante aproximadamente un año y medio por deficiencias técnicas aparentemente solucionables.
No estamos hablando de una tecnología abandonada porque se volvió inútil o porque fue sustituida por un sistema más moderno. Hasta donde pudo establecerse, quedó detenida porque no se actualizó su computadora y no se reemplazó una batería.
A veces, el abandono del Estado no necesita una gran conspiración. Le alcanza con una batería agotada y un expediente que nadie mueve.
Lo que anunció Lamberto en 2014
El 7 de julio de 2014, el entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto presentó públicamente los tres equipos portátiles de rayos X. La compra demandó oficialmente 3.240.000 pesos, una suma equivalente a varios cientos de miles de dólares de aquel momento y calculada para este relevamiento en alrededor de 370.000 dólares.
Durante el acto, Lamberto sostuvo que los escáneres serían destinados a las rutas del norte, centro y sur de Santa Fe para detectar objetos peligrosos, drogas y explosivos transportados en vehículos. Según un conocedor profundo que además los utilizo solo escanea pequeños paquetes y algún bolso en tamaño aproximado de la hoja A4.
La comunicación oficial del Gobierno de Santa Fe fue todavía más precisa: informó que los equipos habían sido adquiridos a Eliovac S.A., que serían destinados a la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones y que su personal había sido especialmente capacitado.
Doce años después, la información que comienza a surgir indica otro recorrido. Al menos dos aparatos habrían terminado en las brigadas de Explosivos y no se conoce qué dependencia conserva el tercero.
La Provincia debe explicar cuándo, por qué acto administrativo y bajo qué inventario se modificó el destino anunciado.
No eran escáneres para revisar un camión completo
La información recibida también obliga a precisar una diferencia técnica que el discurso oficial de 2014 dejó deliberadamente borrosa.
Los equipos portátiles utilizados por las brigadas de Explosivos sirven para obtener imágenes de objetos, paquetes, compartimientos y elementos sospechosos. No poseen necesariamente la misma capacidad que los grandes sistemas empleados por Aduana o Gendarmería para revisar integralmente camiones, cisternas y cargas de gran volumen.
Por eso no corresponde equiparar automáticamente estos aparatos con el escáner que permitió encontrar 446 kilos de cocaína dentro del doble fondo de un camión cisterna en Santiago del Estero.
Sin embargo, fue el propio Lamberto quien presentó la compra como parte de la lucha contra la oferta de drogas y aseguró que los equipos serían utilizados en las rutas para detectar sustancias transportadas en vehículos.
El contraste plantea una pregunta inevitable: ¿el Gobierno de entonces explicó con honestidad qué estaba comprando y cuáles eran las capacidades reales de esos dispositivos, o utilizó la lucha contra el narcotráfico para justificar y promocionar equipamiento destinado principalmente a la inspección de objetos sospechosos y posibles explosivos?
Sin las especificaciones técnicas y los expedientes de compra no puede afirmarse que los aparatos fueran incapaces de detectar drogas. Pero tampoco puede sostenerse que reemplazaran a un escáner de cargas o que permitieran controlar integralmente un camión en una ruta.
La diferencia no es menor. Una cosa es examinar un paquete o un sector determinado de un vehículo y otra muy distinta es obtener una imagen completa de una cisterna, un contenedor o una carga cerrada.
De la propaganda al abandono
En 2014 hubo ceremonia, funcionarios, vehículos nuevos, fotografías y declaraciones sobre la lucha contra el narcotráfico. En 2026, uno de los escáneres estaría detenido por falta de actualización y una batería agotada; otro permanecería en Rosario y del tercero todavía no existe información pública.
El problema atraviesa distintas administraciones. La gestión que los compró debe explicar si anunció capacidades y destinos que no se correspondían plenamente con los equipos adquiridos. Los gobiernos posteriores deben responder qué hicieron para mantenerlos, actualizarlos y asegurar su utilización.
El actual gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni no son responsables de una compra realizada hace doce años. Pero sí tienen la responsabilidad institucional de ordenar un relevamiento, reparar los equipos recuperables y rendir cuentas sobre bienes que siguen perteneciendo al Estado provincial.
La investigación permitió encontrar uno de los equipos. Ahora falta algo aparentemente más difícil: encontrar al funcionario dispuesto a ponerlo nuevamente en servicio.
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“Quien quiera oír que oiga”
(*) Periodista. Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana (Universidad Nacional de Chaco Austral -. UNCAUs). Autor de los libros Doctrina de la Sospecha Permanente (DSP), «La Teoría del Foco y la Vara» (FyV), «El Principio de Reciprocidad Institucional» (PRI) ,«Gobernar mediante la sospecha», «Ciudadanía de Segunda Clase (CSC)». y ¿En nombre del odio?
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(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.
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