Arroyo Seco: denuncian uso irregular de móviles durante los incidentes por los festejos de Unión

Arroyo Seco (Santa Fe) – Personal del Comando Regional cuestiona el presunto uso de un patrullero para traslados particulares mientras la ciudad atravesaba los incidentes registrados durante los festejos de Unión en la Plaza 9 de Julio.

Según la denuncia, uno de los responsables de conducción se encontraba fuera de la jurisdicción con un móvil y un efectivo cuando el personal debió enfrentar una situación de violencia que terminó desbordando la prevención prevista.

Los incidentes ocurridos el pasado 9 de agosto durante los festejos por un nuevo campeonato del Club Atlético Unión de Arroyo Seco dejaron algo más que piedrazos, daños materiales y malestar entre vecinos y comerciantes. También comenzaron a exponer fuertes cuestionamientos internos sobre la manera en que fue administrado el dispositivo policial durante aquellas horas y, particularmente, sobre la utilización de los escasos recursos disponibles en el Comando Regional.

Según una denuncia recibida por APROPOL Noticias y proveniente de fuentes policiales con conocimiento directo del servicio, uno de los integrantes de la conducción habría retirado de la jurisdicción un patrullero junto con un efectivo para realizar un desplazamiento que, al menos en parte, habría tenido como finalidad resolver su traslado personal hacia su domicilio, ubicado fuera de Arroyo Seco.

El dato adquiere especial relevancia porque mientras ese móvil permanecía fuera de la ciudad se producían los disturbios que luego fueron registrados públicamente por medios locales. Una crónica de Extremo Diario describió encontronazos, piedrazos, daños materiales y vecinos expuestos en pleno centro, además de cuestionamientos por las fallas de prevención y control. La situación, por lo tanto, no depende exclusivamente de una versión interna: los incidentes existieron y obligaron a una intervención policial en un contexto en el que la capacidad operativa ya era limitada.

Un móvil menos en un momento crítico

De acuerdo con la información aportada a este medio, el Comando Regional de Arroyo Seco dispone de una cantidad reducida de patrulleros operativos, por lo que la salida de uno de ellos de la jurisdicción no constituye un dato menor ni una simple cuestión administrativa. Cada vehículo que deja de estar disponible representa una reducción concreta en la capacidad de respuesta del personal que permanece en servicio.

Según las fuentes consultadas, durante los incidentes ocurridos en la zona céntrica los efectivos debieron responder a una situación que rápidamente había dejado de ser un festejo deportivo normal. Hubo grupos enfrentados, lanzamiento de piedras, botellas, daños y momentos de fuerte tensión, mientras vecinos, comerciantes y personas que se encontraban en actividades religiosas e institucionales quedaban expuestos a una escalada que podía tener consecuencias mayores.

En ese contexto, el medio local que cubrió los hechos señaló que personal del Comando Radioeléctrico logró apostarse sobre calle 9 de Julio para intentar contener la situación, aunque la intervención no alcanzó a evitar el desborde inicial. La denuncia interna agrega ahora un elemento que merece ser esclarecido: uno de los móviles habría permanecido fuera de la jurisdicción durante parte de ese período y, según los testimonios recogidos, el personal tuvo dificultades para comunicarse con uno de los responsables de conducción.

El cuestionamiento al uso del patrullero

La fuente policial sostiene que el funcionario señalado habría utilizado en otras oportunidades móviles oficiales para trasladarse desde o hacia su domicilio particular, ubicado a considerable distancia de Arroyo Seco. Esa práctica estaría restringida por disposiciones internas que impiden sacar los patrulleros de la jurisdicción salvo que exista un procedimiento, una orden de operaciones, un traslado formalmente dispuesto u otra necesidad estrictamente vinculada con el servicio.

En este caso, el desplazamiento habría sido presentado inicialmente como parte de un acompañamiento fuera de la ciudad, pero la denuncia sostiene que posteriormente el funcionario habría aprovechado ese recorrido para hacerse trasladar hasta su domicilio. APROPOL Noticias no ha tenido acceso hasta el momento a actuaciones administrativas que permitan determinar formalmente las responsabilidades, por lo que corresponde presentar estos hechos como una denuncia que deberá ser investigada por las autoridades competentes.

El cuestionamiento, sin embargo, excede la eventual utilización particular del vehículo. Las fuentes aseguran que durante el período en el que se desarrollaban los incidentes se intentó contactar a quien debía integrar la conducción operativa sin obtener respuesta inmediata y que, una vez finalizada la situación, integrantes del tercio habrían elevado su malestar ante la jefatura por la manera en que habían quedado expuestos durante el servicio.

La prevención también se mide por los recursos disponibles

La información publicada por medios de Arroyo Seco permite comprender mejor la magnitud del problema. Los festejos comenzaron en la tradicional esquina de Belgrano y Mitre y luego un grupo numeroso de simpatizantes se desplazó hacia la Plaza 9 de Julio, donde se produjeron los enfrentamientos y daños. La presencia de vecinos, comerciantes y personas que asistían a misa en la Parroquia La Asunción aumentó el riesgo de una situación que requería una planificación preventiva adecuada y recursos suficientes.

Por eso la cuestión no puede reducirse únicamente a determinar si un funcionario utilizó correctamente o no un móvil oficial. También corresponde analizar si resultaba razonable retirar un recurso operativo de una jurisdicción que atravesaba un evento masivo con posibilidades evidentes de desborde.

Cuando una dependencia cuenta con pocos móviles, cada decisión sobre su utilización tiene consecuencias directas sobre la seguridad de los propios policías y sobre la capacidad de respuesta frente a los vecinos. En esas circunstancias, la conducción debe actuar con especial prudencia, porque un vehículo utilizado fuera del servicio representa un recurso menos cuando aparece una emergencia.

La jerarquía no puede convertirse en privilegio

Las estructuras policiales suelen ser especialmente rigurosas cuando un agente o suboficial utiliza indebidamente bienes del Estado. Los patrulleros, el combustible, los equipos y las horas de servicio están destinados a una función pública, y cualquier utilización ajena a esa finalidad puede generar consecuencias disciplinarias.

Ese mismo criterio debe aplicarse hacia arriba.

Quienes ocupan cargos de conducción no pueden beneficiarse de excepciones que no existen para el resto del personal, mucho menos cuando el recurso involucrado es un móvil que puede resultar indispensable para atender una emergencia. La autoridad jerárquica obliga a una responsabilidad mayor, no a una libertad mayor para disponer de los recursos públicos.

En este caso, si finalmente se confirma que un patrullero fue retirado de Arroyo Seco para resolver una cuestión personal mientras el personal debía enfrentar disturbios en pleno centro de la ciudad, la situación debería ser analizada con el mismo rigor que se aplicaría a cualquier subordinado.

Un malestar que no comenzó el domingo

Las críticas recibidas por este medio tampoco se limitan al episodio de los festejos de Unión. Personal consultado señala que existiría desde hace tiempo malestar por determinadas prácticas de conducción, comentarios sobre subordinados, amenazas de traslados y frecuentes referencias a supuestos contactos directos con las máximas autoridades de la Unidad Regional II.

Según esas versiones, el funcionario cuestionado habría mencionado en reiteradas oportunidades mantener comunicación directa con el jefe de la Unidad Regional II, Danilo Villán, y disponer de capacidad para impulsar cambios de destino o desplazar integrantes del personal. APROPOL Noticias no ha podido verificar que esas afirmaciones respondan efectivamente a instrucciones o decisiones de Villán, por lo que corresponde diferenciarlas claramente de los hechos que puedan acreditarse administrativamente.

Sin embargo, la invocación permanente de supuestos respaldos superiores como elemento de presión sobre subordinados constituye en sí misma una práctica preocupante en cualquier estructura jerarquizada, porque deteriora la autoridad formal de los mandos y genera la percepción de que existen circuitos de privilegios por fuera de los mecanismos institucionales.

El problema vuelve a llegar a la conducción de la Unidad Regional II

La situación de Arroyo Seco se produce además en un momento en que existen fuertes cuestionamientos internos sobre la conducción general de la Unidad Regional II. Fuentes gubernamentales consultadas por APROPOL Noticias, cuya identidad se mantiene en estricta reserva, aseguran que existe una importante disconformidad con la gestión encabezada por Danilo Villán y que los resultados obtenidos hasta el momento estarían lejos de las expectativas existentes cuando asumió luego de la salida de Guillermo Solari.

A pesar de esa evaluación, las mismas fuentes sostienen que el Gobierno no tendría previsto introducir cambios durante lo que resta del año, salvo que se produzca un hecho de gravedad que obligue a modificar esa decisión. La explicación sería esencialmente política: después del desplazamiento de Solari en el marco de la crisis policial de febrero, otro reemplazo en pocos meses podría interpretarse como una señal de inestabilidad y generar un nuevo desgaste para la gestión de seguridad.

“Lo sostienen para no generar más desgaste”, resumió una fuente con conocimiento directo de esas evaluaciones internas.

Si esa lectura es correcta, episodios como el denunciado en Arroyo Seco adquieren una importancia mayor, porque permiten observar cómo las dificultades de conducción que se señalan en los niveles superiores pueden terminar proyectándose sobre mandos intermedios, distribución de recursos y funcionamiento cotidiano de las dependencias.

La conducción se demuestra cuando el servicio se complica

Lo ocurrido durante los festejos de Unión plantea finalmente una cuestión que excede cualquier nombre propio. La conducción policial no se mide solamente en actos, reuniones o estadísticas, sino especialmente en la capacidad de prever problemas, disponer correctamente los recursos y permanecer disponible cuando una situación comienza a deteriorarse.

Cuando un grupo de policías debe enfrentar disturbios, agresiones y daños en un espacio público concurrido, necesita saber que cuenta con todos los medios posibles y con superiores presentes, localizables y dispuestos a asumir las responsabilidades que corresponden a su función.

Si mientras los efectivos intentaban controlar los incidentes en la Plaza 9 de Julio uno de los escasos móviles disponibles se encontraba fuera de la jurisdicción por una decisión que habría incluido motivos personales, el episodio merece una explicación formal y una investigación seria.

No porque se trate de buscar un nombre al cual atribuir todos los problemas de una dependencia, sino porque detrás de cada patrullero que se retira de la calle quedan policías que deben enfrentar una emergencia con menos recursos y vecinos que esperan que, cuando las cosas se complican, el Estado esté exactamente donde tiene que estar.

(*) Periodista. Corresponsal en Rosario.

 📘 >> Bajar libro gratis completo en formato PDF <<