Alan Fabián Molina, de 30 años, fue baleado mientras perseguía a dos sospechosos en el barrio Ejército de los Andes. Residía en Tres Arroyos, pero había sido destinado al conurbano bonaerense, a casi 500 kilómetros de su hogar.
La tragedia vuelve a plantear interrogantes sobre los destinos, la preparación y las condiciones en que se envía a los agentes recién egresados a zonas de alta conflictividad.
Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires fue asesinado este sábado por la tarde mientras realizaba un patrullaje a pie en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en el partido de Tres de Febrero.
La víctima fue identificada como Alan Fabián Molina, de 30 años, integrante de la Fuerza Barrial de Aproximación. Había egresado de la Escuela de Policía en febrero de este año y recientemente se había convertido en padre.
El ataque ocurrió en las inmediaciones de avenida Militar al 2900, en el sector conocido como Nudo 1, cuando Molina y otros efectivos intentaron identificar a dos hombres que, al advertir la presencia policial, comenzaron a correr.
Según la información conocida hasta el momento, el joven agente inició la persecución y se adelantó aproximadamente treinta metros respecto de sus compañeros. Al ingresar en el sector donde se habían ocultado los sospechosos, fue recibido a balazos.
Al menos dos proyectiles impactaron en zonas no protegidas por el chaleco antibalas: uno en la axila derecha y otro en la cintura. Un reporte inicial difundido entre policías mencionó tres impactos en el tórax, extremo que deberá ser confirmado por las pericias médicas y la investigación judicial.
Molina fue trasladado inconsciente al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó en estado crítico. Pese al trabajo del personal médico, falleció pocos minutos después como consecuencia de las graves heridas sufridas.
Los atacantes lograron escapar.
Un egresado reciente destinado a una zona crítica
Molina residía en la ciudad bonaerense de Tres Arroyos, pero había sido destinado a prestar servicio en el conurbano, a casi 500 kilómetros de su domicilio.
De acuerdo con la información difundida, debía realizar extensos desplazamientos para cumplir sus servicios en Tres de Febrero. La situación resulta particularmente significativa porque se trataba de un policía con apenas cinco meses de antigüedad desde su egreso.
No se trata de cuestionar el valor ni la vocación del agente, que quedó demostrada en el momento más trágico. Se trata de preguntar si un efectivo recién recibido debía ser enviado a una de las zonas de mayor complejidad operativa del conurbano y bajo qué condiciones de descanso, alojamiento, acompañamiento y supervisión cumplía sus tareas.
Un policía joven, lejos de su casa, con una familia recién formada y obligado a recorrer enormes distancias para trabajar no representa solamente una historia personal. También refleja un sistema de asignación de destinos que muchas veces coloca las necesidades del servicio por encima de las condiciones humanas del trabajador policial.
La persecución y las condiciones del operativo
La secuencia conocida indica que los efectivos realizaban un patrullaje a pie cuando intentaron identificar a dos sospechosos. Ante la fuga, Molina avanzó por delante de sus compañeros e ingresó al lugar donde los hombres se habían refugiado.
La investigación deberá establecer con precisión cómo se desarrolló la persecución, qué distancia existía entre los agentes, si contaban con apoyo suficiente, qué comunicaciones se realizaron y cuáles eran las instrucciones operativas para intervenir en ese sector.
También deberá analizarse si la cantidad de personal afectado al patrullaje era adecuada y si el grupo contaba con la experiencia necesaria para actuar en un terreno de elevada peligrosidad.
La responsabilidad criminal corresponde, naturalmente, a quienes atacaron y asesinaron al policía. Pero esa responsabilidad individual no impide examinar las condiciones institucionales en las que Molina fue enviado a cumplir su servicio.
Cuando muere un policía, investigar únicamente al autor material resulta indispensable, pero puede no ser suficiente. También deben revisarse las decisiones de planificación, capacitación, equipamiento y despliegue que rodearon el hecho.
Amplio operativo para detener a los homicidas
La causa fue caratulada como homicidio agravado y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 7 del Departamento Judicial de San Martín.
La Dirección Departamental de Investigaciones de San Martín y otras dependencias desplegaron un amplio operativo en el barrio Ejército de los Andes y las zonas cercanas para localizar a los responsables.
Los investigadores analizan cámaras de seguridad, recaban testimonios y procuran reconstruir la ruta de escape de los atacantes.
Hasta el momento, los sospechosos permanecen prófugos.
Otro policía muerto mientras cumplía su deber
Alan Molina tenía treinta años, hacía pocos meses que vestía el uniforme y acababa de ser padre.
Su muerte no puede quedar reducida a una cifra más dentro de las estadísticas de violencia. Tampoco puede resolverse con un comunicado protocolar, una bandera a media asta y unas palabras de circunstancia.
La mejor manera de honrarlo es detener a sus asesinos, acompañar concretamente a su familia y revisar con seriedad las condiciones en las que los policías jóvenes son destinados a los lugares más difíciles.
La vocación y el coraje del personal no pueden seguir utilizándose para compensar fallas de planificación, falta de descanso, destinos irracionales o despliegues insuficientes.
Cada policía que sale a la calle tiene derecho a regresar con vida. Y cada familia tiene derecho a saber que el Estado hizo todo lo necesario para proteger a quien envió a cumplir una misión peligrosa.
(*) Periodista. Corresponsal en Buenos Aires.
Esta obra se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución–No Comercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0).
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